Orlando Aguirre anunció este miércoles que no buscará la reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Deja el cargo el 26 de setiembre, cuando vence su periodo, y continuará como magistrado de la Sala Segunda. El anuncio llegó horas después de que la presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves cuestionaran públicamente, en la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial, la posibilidad de que Aguirre continuara. Chaves ya había planteado la contienda como una escogencia entre Aguirre y la exvicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, y calificó las opciones de requetemalo y requetepeor. Ahora la Corte Plena debe abrir el proceso de inscripción de candidaturas, organizar un debate público y votar entre sus veintidós magistrados.
Aguirre se definió como el servidor público más viejo de Costa Rica. Lleva 62 años de servicio y entró a la institución en 1964. Ese dato importa porque hoy dirige la Corte una generación formada en otro contexto, con otra relación con la prensa y con la ciudadanía, y ese estilo ya no responde a lo que el país necesita ahora. Quien llegue a la presidencia va a enfrentar un país distinto al que recibió Aguirre en 2022. La Corte necesita un relevo generacional real, alguien que comunique distinto, que reaccione distinto, que ocupe el espacio público de otra manera, y no una repetición del mismo molde con otro nombre.
El Poder Judicial ha sido tradicionalmente una institución reservada, volcada hacia lo técnico. Los tiempos actuales piden otra cosa, un liderazgo claro, con vitalidad y con resistencia para sostenerse bajo presión constante. Hay varios perfiles que hay que descartar de entrada. La persona completamente reactiva, que choca por sistema con los otros poderes de la República aunque haya sido positiva puertas adentro. El perfil complaciente, dispuesto a operar como vocero oficioso del Ejecutivo, que compromete la independencia judicial desde adentro con la misma fuerza que el primero. Quien pasó años acumulando comisiones internas y reuniones técnicas mientras evitaba los temas incómodos y delegaba en otros la exposición pública, porque eso es cautela disfrazada de prudencia, no liderazgo. Y quien guardó un silencio calculado en vez de defender al Poder Judicial cuando hacía falta, quien calló en Corte Plena en los momentos en que la institución necesitaba una voz. Que no levante la mano ahora quien no dio la cara cuando podía y debía hacerlo. A esas personas la aspiración les queda grande. Los registros de la Corte Plena dan fe de las palabras, y también de los silencios convenientes o cómplices.
Lo que se necesita es distinto. Una persona con experiencia y, sobre todo, con autoridad. Alguien que sepa escuchar y que también sepa hacerse escuchar, capaz de dirigir al Poder Judicial y de actuar como interlocutor válido frente al Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la ciudadanía. Alguien que ya haya dado la cara por el Poder Judicial cuando hacerlo tenía un costo, con la entereza para sostener la misma posición ante la presidenta de la República o el ministro de Hacienda que ante un editorial crítico o un panel universitario. Esa entereza descansa en una formación académica sólida. El desafío ya está anunciado. Recortes presupuestarios, cuestionamientos públicos desde Casa Presidencial y una relación tensa con el Ejecutivo que no da señales de aflojar. Quien asuma la presidencia necesita haber demostrado, antes de llegar al cargo, que puede enfrentar exactamente ese tipo de embate.
Pero la experiencia y la buena voluntad no bastan. Lo decisivo es que quien llegue tenga un plan de acción concreto para su gestión, capaz de modificar el engranaje de gobierno de la Corte. Eso pasa por trasladar al Consejo Superior las funciones administrativas que hoy ahogan a la Corte Plena y le restan tiempo para lo que realmente le corresponde decidir. Pasa también por una revisión sistemática de los indicadores generales del Poder Judicial, y por examinar con seriedad la utilidad real de las comisiones internas, el punto en que su funcionamiento termina interfiriendo con la labor judicial y administrativa en lugar de facilitarla. Hacen falta propuestas concretas para mejorar la eficiencia judicial, y sobre todo para fortalecer la gestión penal, que es el rubro más importante del Poder Judicial. Esos nuevos aires que la Corte necesita tienen que traducirse en energía real para empujar ese plan, no quedarse en el gesto simbólico de una cara nueva al frente de la institución.
En suma, el Poder Judicial necesita un o una estadista. Alguien decente, con sólidos conocimientos técnicos, un excelente comunicador y un articulador de voluntades.
Costa Rica tiene la oportunidad de renovar su Poder Judicial desde adentro, con decisión propia, antes de que las circunstancias la obliguen a hacerlo desde afuera. Esa es la responsabilidad que tiene ahora la Corte Plena. Y es también la oportunidad de demostrar que el Poder Judicial puede cambiar y fortalecer su independencia.
La pregunta de quién ocupará esa presidencia a partir de setiembre sigue abierta, y la Corte Plena la resolverá en las próximas semanas. Pero el perfil que elijan dirá mucho más que un nombre. Dirá si la institución está dispuesta a ese cambio o si prefiere seguir administrando la calma.