Miles de estudiantes han invertido años de esfuerzo y recursos para obtener una Licenciatura en Derecho. Sin embargo, obtener el título no garantiza poder ejercer: aún deben superar el proceso de incorporación establecido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
La situación merece especial atención después del Examen de Excelencia Académica del 29 de abril de 2026, en el que únicamente 13 de 1.123 personas examinadas obtuvieron una calificación superior a 80. Un resultado cercano al 1,16% debería generar una reflexión seria sobre la metodología, estructura y finalidad de la prueba. El propio Colegio anunció posteriormente un análisis de los resultados.
A esto se suma el aumento del costo del examen, de ₡16.950 a ₡39.550. Nadie cuestiona que un examen tenga costos administrativos, pero sí resulta razonable exigir que un aumento de esta magnitud esté sustentado en criterios técnicos, financieros y transparentes.
También merece explicación la vigencia de un año del curso de Deontología Jurídica. Si sus contenidos y objetivos no cambian sustancialmente, ¿por qué una persona que ya lo aprobó debe asumir nuevamente ese costo?
Para quienes todavía no podemos ejercer profesionalmente, cada nueva exigencia económica representa una carga adicional.
Por ello, muchos aspirantes consideramos no matricular el examen mientras no exista una explicación pública y suficiente sobre su costo y no se valore un monto razonable y accesible para la mayoría.
No pedimos eliminar los controles de calidad. Pedimos transparencia, proporcionalidad y justicia.
La excelencia profesional es necesaria, pero no debería convertirse en una barrera económica para ejercer una profesión para la cual ya se ha obtenido un título universitario.