Como agua en verano guanacasteco se sintieron las recientes declaraciones del magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, cuando explicó, en palabras sencillas, por qué el supuesto golpe de Estado al que se refirió la presidenta Laura Fernández no se asemejaba al concepto dado desde la doctrina clásica y contemporánea.
Así también fueron las manifestaciones de la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, al dar tremendas lecciones de educación cívica en los medios de prensa, aclarando coloquialmente el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y explicando por qué la mora judicial los sobrepasa.
No dudo de que, en sus sentencias, hayamos podido conocer ya su sobrada capacidad de razonamiento y fundamentación jurídica, pero no ha sido hasta ahora que los hemos visto más protagonistas que nunca ante la opinión pública, en defensa de la democracia, la razón y el Estado de derecho.
En tiempos donde la discusión pública parece reducirse al grito, la descalificación, la burla y la confrontación permanente, escuchar a una magistratura explicar con serenidad, argumentos y rigor jurídico termina siendo casi un acto de resistencia democrática.
El Poder Judicial no puede competir con la estridencia, pero sí tiene el deber de equilibrarla con la fuerza de la razón. Cuando los jueces hablan con claridad, no hacen política: fortalecen la confianza en las instituciones y recuerdan que el derecho sigue siendo el lenguaje con el que una democracia resuelve sus diferencias.
¿Dónde han estado escondidos nuestros magistrados? El vacío comunicacional del Poder Judicial también minó nuestra democracia y permitió que el debate público fuese monopolizado por un estilo de confrontación.
De los tiempos en que conocíamos la altura, rigurosidad y nobleza con que el entonces presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, defendió frente al país la independencia judicial en la fallida no reelección de Fernando Cruz, la Corte ha perdido la esencia de defender y sostener, a lo interno y, con más ahínco, hacia fuera, la imagen del verdadero juez.
Quizás en la comodidad de sus cargos —abierta mentira para las responsabilidades de tan alto cargo—, o quizás porque han creído que el juez solo se conoce a través de sus fallos —la otra abierta mentira—, hoy más que nunca los ciudadanos necesitamos conocer quiénes son nuestros 22 altos jueces.
Si, indirectamente, hemos sido nosotros quienes delegamos en el Congreso el poder y la responsabilidad de nombrarlos, con mucha más razón sus actuaciones deben estar abiertas al escrutinio y la observación del ciudadano y deben enseñarnos que, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones, en un Estado social de derecho las resoluciones se respetan.
Los respetamos desde la institucionalidad del cargo, pero esto ya no basta. El rostro vivo de la magistratura no debe camuflarse entre las pilas de expedientes que adornan sus oficinas. Su juramento en defensa de la Constitución debe ser también un juramento a guardar integridad y, de esto, estoy seguro, la mayoría del pleno de la Corte puede presumir.
Los principios de publicidad y transparencia no solo cobran sentido dentro de un proceso, llámese penal, civil o contencioso, sino también cuando el pueblo puede conocer quiénes son, cómo hablan, cómo se expresan, cómo discuten y resuelven nuestros jueces.
La historia política costarricense ha conocido intensos debates, duras críticas e incluso fuertes enfrentamientos entre poderes. Sin embargo, pocas veces el discurso público había estado tan marcado por la confrontación cotidiana, la ridiculización del adversario y la descalificación como método de persuasión. Precisamente por eso, la voz de la magistratura resulta hoy más necesaria que nunca. No para responder con la misma moneda, sino para demostrar que existe otra forma de ejercer autoridad: desde la prudencia, la argumentación y el respeto por las reglas del Estado de derecho.
Basta ya de estar escondidos en sus podios porque, si bien desde el simbolismo de la última remodelación del salón de Corte, cuando los arquitectos les hicieron aterrizar un poquito sus sillas al suelo, hoy los ciudadanos queremos verlos más participativos en la defensa de la solidez con que el Poder Judicial sostiene nuestra democracia.