Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder". Montesquieu
Costa Rica ha sido históricamente reconocida como una de las democracias más sólidas del continente. Esa fortaleza no se explica únicamente por la celebración periódica de elecciones libres, sino también por un diseño constitucional que distribuye el poder entre distintos órganos del Estado para evitar su concentración y garantizar un sistema de pesos y contrapesos capaz de proteger el Estado de Derecho.
Precisamente por ello, el desacuerdo entre poderes de la República no constituye una anomalía democrática. Por el contrario, forma parte de la esencia de cualquier democracia constitucional. La separación de poderes fue concebida para que las decisiones públicas pudieran ser debatidas, controladas y, cuando fuera necesario, limitadas por otras instituciones. Una democracia sana no exige unanimidad entre sus poderes; exige respeto por las competencias y límites que la propia Constitución establece.
Sin embargo, el sistema constitucional también descansa sobre un presupuesto menos evidente. Fue diseñado bajo el entendido de que cada uno de los poderes ejercerá sus atribuciones con respeto hacia las competencias de los demás y con la voluntad institucional de mantener el funcionamiento del Estado. Los pesos y contrapesos no operan únicamente porque existan normas jurídicas; funcionan porque existe un compromiso con el respeto de esas reglas.
Cuando ese presupuesto comienza a debilitarse, aparecen problemas que el Derecho difícilmente puede resolver por sí solo. Los tribunales pueden dirimir conflictos competenciales, la Asamblea Legislativa puede aprobar nuevas leyes y el Poder Ejecutivo puede impulsar reformas. No obstante, ninguna de esas herramientas resulta suficiente para reconstruir la confianza institucional cuando esta comienza a deteriorarse.
Durante los últimos años, Costa Rica ha experimentado una creciente tensión entre los distintos poderes de la República. Independientemente de las razones que hayan motivado cada episodio, y de que existan argumentos jurídicos y políticos legítimos para defender las distintas posiciones, el efecto ha sido una percepción de confrontación permanente entre instituciones que, constitucionalmente, están llamadas a controlarse, pero también a coexistir.
El riesgo más importante de este fenómeno no consiste en que un poder prevalezca sobre otro. El propio diseño constitucional busca evitar esa posibilidad. El verdadero riesgo aparece cuando la ciudadanía comienza a percibir que las instituciones han dejado de colaborar dentro del marco constitucional y que los contrapesos dejan de ser una garantía democrática para convertirse en un obstáculo para el funcionamiento del Estado. La erosión de la confianza institucional rara vez ocurre de manera abrupta; normalmente se produce de forma gradual, hasta afectar la legitimidad del propio sistema democrático.
Esta reflexión surge, precisamente, a partir del reciente debate generado por la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes ante la ausencia de una designación legislativa. Más allá de la postura que pueda asumirse sobre la corrección jurídica de esa decisión, el caso evidencia una realidad que trasciende el expediente concreto. Cuando el funcionamiento de las instituciones depende de medidas extraordinarias para resolver conflictos entre poderes, probablemente el verdadero problema no sea únicamente la decisión adoptada, sino la tensión institucional que hizo necesario siquiera plantearla.
Las democracias no suelen debilitarse de un día para otro. Con frecuencia, su desgaste comienza cuando la confrontación y la deslegitimación sustituye al diálogo institucional y cuando la confianza entre los poderes del Estado empieza a erosionarse. Preservar la democracia costarricense no implica eliminar las diferencias ni exigir consensos permanentes. Significa comprender que la Constitución no solo distribuye competencias; también presupone un compromiso compartido con la institucionalidad. Porque, al final, el precio de la confrontación institucional no lo paga un gobierno, una Asamblea Legislativa o un tribunal. Lo termina pagando la democracia.