La noción de 'batalla cultural', según el sociólogo argentino Pablo Semán, gran estudioso del fenómeno evangélico en la Argentina, no deja de tener ribetes elitistas que considera preferible evitar con la simple apelación a la noción gramsciana clásica de 'hegemonía', o bien, en términos más sencillos, la lucha por el sentido común. En esta tesitura, el Poder Judicial (PJ) encontrará harto difícil revertir su imagen negativa ante la población.
Poco hace escuchaba al abogado Pablo Barahona reconocer -si bien muy tímidamente, desde mi punto de vista- que el PJ no habría hecho los cambios a tiempo, según él desde la crisis del primer gobierno PAC y el "Cementazo", el cual culminaría en una de sus crisis de credibilidad más importantes de la historia con el despido del magistrado Celso Gamboa, cuya odisea -la nuestra, la emocional, porque todos temíamos que por algún subterfugio legal no fuese extraditado- finalizó hace pocos meses con su definitiva extradición a los Estados Unidos. Se trata, además, de un reconocimiento implícito del fracaso de nuestro sistema carcelario y punitivo. Por esto mismo, los temores de buena parte de la población en torno al futuro de alias Diablo, ante una posible fuga, no son descabellados. Más bien, diría yo, es en nuestro contexto jurídico tercermundista lo normal, es decir, la reacción esperable frente a un kafkiano monstruo judicial ante el cual nos sentimos impotentes. Más lejos aún: Al que los costarricenses tenemos no como impartidor de justicia, aliado de la población, en el que los ciudadanos de bien podamos confiar, si no como potencialmente re-victimizador. Al final del día, es la sensación que tiene la gente de a pie cuando recurre a sus servicios.
“Todos somos criminales en potencia”. Tan lamentable frase se la escuché al magistrado Fernando Cruz, hoy en el centro de la polémica, en una entrevista. La afirmación no solo es chocante por su ligereza y vacuidad, sino por la indolencia que revela frente a las víctimas del delito. Se trata del mismo magistrado que afirmaba durante el gobierno de Alvarado Quesada que le resultaba difícil decidir sobre la reforma fiscal, siendo él alguien de 'clase media’ (¡sic!). Es imposible saber a ciencia cierta cuánto de disonancia cognitiva, cuánto de mala fe se pueda esconder detrás de una afirmación de este grosor. Lo que sí podemos afirmar es que esto da cuenta del insalvable divorcio existente entre esta nobleza de toga y el sentir popular, así como de la tremenda distorsión en torno al Estado Social de Derecho en la que se encuentra empantanado el debate nacional, que amerita tratar en otro momento. Valga decir que la discusión entre garantismo y punitivismo penal, vereda por la que transita la malhadada afirmación de Cruz Castro, es un debate que, aunque importante, resulta ajeno, por abstracto y primordialmente declarativo -en lo esencial, una pose que termina vulnerabilizando aún más a las víctimas- al drama de la mayor parte de los costarricenses que ven a sus hijos e hijas asesinados y ultrajados sexualmente, a las mujeres víctimas de femicidios atroces, y a las criaturas más vulnerables de todas, los niños, muertos a manos de quienes se suponen son sus cuidadores y protectores, y que no pueden más que ahogar su grito de dolor e impotencia frente a un sistema que, cuando condena, lo hace, por decir lo menos, de manera indulgente, y se enfrenta a la cruda realidad de ver pocos años después a sus victimarios caminando libres por las calles. Por supuesto que es un grito que no alcanza a los oídos ni de la cúpula judicial ni de la "burocracia carcelaria internacional" que representa el señor Marco Feoli, impulsor y defensor de estas políticas.
¿Golpe de Estado? A raíz de la última fricción entre los poderes Ejecutivo/Legislativo y el Poder Judicial, muchos se han apresurado a emitir criterio. Algunos han salido en defensa apresurada de la decisión de la Sala Constitucional que, en un voto dividido y polémico, ha levantado un polvorín por aquí y por allá. No pocos se han aventurado a declarar la cuasi-infalibilidad de los magistrados, que, como ustedes y yo, son seres humanos concretos, atravesados no solo por las necesidades fisiológicas que nos unen en ese espacio escatológico que todos visitamos, sino ante todo por la obstinada ‘necesidad de tener razón’, quedar bien con ciertos sectores y mantener prebendas y status. Y esto llama profundamente la atención porque, más allá del fraseo que haya utilizado el oficialismo, se trata, por decir lo menos, de una decisión que revela desacuerdos a lo interno de la Sala, y sobre la cual la propia biblioteca constitucionalista está dividida.
Asunto político. Más que evidente resulta el hecho de que estamos en torno a una puja política de parte de quienes adversan al gobierno. Sin reflexionar dos veces sobre el asunto, muchos arrebatados por la pasión de hacer frente común contra el oficialismo, se han agrupado en torno al Becerro de Oro del PJ para convocar a marchas y manifestaciones de fuerza y apoyo. Ven en la -como mínimo cuestionable- decisión de la Sala una ‘victoria política’. Cuántas personas asistirán al llamado de cerrar filas en torno al PJ y su "independencia", aún no lo sabemos. Lo que sí podemos pasar en limpio de todo esto, es que hacer al PJ el significante-bandera de la democracia, es una causa débil. Primero porque, por definición, se trata del poder más conservador y menos democrático de la República. Y segundo, esto es lo central, porque es difícil que le dé a uno el ancho moral de salir a defender, en modo pitchfork mob sediento de reivindicación y validación, a un poder que goza de una legitimidad decreciente, y que, como decía el señor Barahona, no hizo su tarea a tiempo.
Lo no-dicho (o el hipopótamo en la habitación). Por último, conviene siempre salirse de la nube de “indignación moral” que reverbera a ambos lados de la grieta política que comienza a definir el devenir nacional. Por tal razón, se impone una lectura sintomática de cariz psicoanalítico. La reacción de los sectores opositores al oficialismo se explica, en gran medida, porque el gobierno usurpó lo que venía siendo el blasón-emblema de la oposición que no termina de hacer pie en ese sentido común sano gramsciano, esto es, que el oficialismo al que vienen, a falta de creatividad, calificando de “anti-democrático, populista y autoritario”, devolviera la misma acusación al Poder Judicial. Esto hizo aflorar toda la visceralidad que estamos presenciando. Como es de esperar, el status quo académico y judicial (el Colegio de Abogados incluido, así como un sector de la prensa) continuará cargando un lado de la balanza en favor de un poder al que han investido de infalibilidad cuasi-teológica. Pero la verdadera arena está en ese sentido común que percibe las cosas de manera muy distinta. En lo inmediato, aún debemos esperar a ver cómo se desarrolla este nuevo episodio de la lucha por el alma de la democracia costarricense (sarcasmo, claro está).
Por lo demás, más allá de tanta sobreindignación y lágrimas de cocodrilo, deberíamos celebrar esta puja, porque da cuenta de que la sociedad costarricense, como todo cuerpo político-social, está viva y, aunque muchos quisieran congelar las cosas en la visión de mundo que menos les incomoda, estamos al frente de un organismo viviente que se debate en sus contradicciones, en debates y pugnas largamente arrastradas y postergadas. Enhorabuena.