La narrativa que vincula a las personas inmigrantes con el aumento del crimen y las muertes es uno de los espejismos más persistentes de nuestra era. Se trata de una construcción social que, lejos de basarse en datos, se alimenta de imaginarios sociales, prejuicios racistas y una xenofobia estructural que busca chivos expiatorios para problemas que no sabemos o no queremos resolver. Con demasiada frecuencia, los titulares y los discursos políticos presentan al extranjero como una amenaza a la seguridad nacional; sin embargo, se ignora que la violencia tiene una relación estrecha con la exclusión económica y la precariedad.
A pesar del ruido mediático, las investigaciones históricas son contundentes al desmentir el vínculo entre migración y delincuencia. Un análisis fundamental del Stanford Institute for Economic Policy Research, liderado por Ran Abramitzky, examinó datos del Censo de Estados Unidos desde 1850 hasta 2020, revelando que los inmigrantes de primera generación han sido sistemáticamente menos propensos a ser encarcelados que los nativos durante los últimos 140 años. De hecho, los datos actuales muestran que los inmigrantes tienen un 30% menos de probabilidades de ir a prisión que los ciudadanos nativos blancos. Estos hallazgos demuestran que el miedo al "migrante criminal" es una herramienta política vieja y gastada, pero que sigue siendo efectiva para movilizar el voto a través del miedo.
La verdadera variable que explica las tasas de delitos de motivación económica es la exclusión del mercado laboral, no el origen geográfico. Cuando se impide legalmente que un grupo de personas trabaje para subsistir, se le empuja hacia la informalidad y, en casos extremos, hacia actividades delictivas para sobrevivir. El investigador Brian Bell señala que no existe un vínculo simple entre inmigración y crimen, pero sí una relación clara entre la falta de oportunidades legales de trabajo y la participación en delitos contra la propiedad. En países como el Reino Unido, se observó que, cuando los inmigrantes tienen acceso pleno al empleo, las tasas de criminalidad no solo no suben, sino que pueden disminuir. El problema, por tanto, no es quién llega, sino cómo el Estado le cierra las puertas a una vida digna, convirtiendo la migración en un "cuasi-delito" administrativo que estigmatiza a familias enteras.
Esta desconexión entre la evidencia y la percepción pública es especialmente evidente en América Latina. En Costa Rica, por ejemplo, un artículo reciente de estudiantes de la UCR y la UNA identificó que la tendencia a culpar a los inmigrantes del crimen aumenta cuando las personas experimentan inseguridad alimentaria o perciben altos niveles de corrupción en su propio gobierno. Se trata de un fenómeno psicosocial: ante la escasez de recursos y el fallo de las instituciones, resulta más fácil señalar al nicaragüense o al venezolano que cuestionar las fallas estructurales del propio sistema. Así surge una "frontera simbólica" donde lo diferente se etiqueta automáticamente como peligroso, ignorando que los inmigrantes suelen ocupar sectores laborales donde la mano de obra nativa es escasa y complementan la economía en lugar de drenarla.
Más allá de las estadísticas, debemos enfrentar la violencia institucional que este discurso legitima. Lo que el académico Sergio Salazar Araya describe como una "tecnología penal de la exclusión" se manifiesta en la militarización de las fronteras y en detenciones arbitrarias que tratan a seres humanos como amenazas a la seguridad nacional. Esta criminalización no previene el crimen; al contrario, lo fomenta al obligar a las personas a recurrir a rutas peligrosas controladas por redes de tráfico de personas y crimen organizado. Casos trágicos como la muerte de Natividad Canda o las masacres de migrantes en tránsito son el resultado directo de políticas que prefieren "dejar morir" antes que reconocer la humanidad del que huye de la miseria.
Incluso durante la crisis sanitaria mundial, la pandemia sirvió para profundizar esta narrativa racista. El discurso dejó de presentar al migrante solo como criminal y empezó a representarlo como un "vector de contagio" o una amenaza a la salud pública. Estados Unidos implementó políticas de expulsión inmediata, como el Título 42, bajo el pretexto humanitario de contener el virus, mientras en el interior se permitían comportamientos de riesgo por parte de la propia ciudadanía. Fue una paradoja cruel en la que se usó la protección de la salud como excusa para abandonar a miles de personas en fronteras peligrosas sin acceso a medicinas, agua o refugio, exacerbando la precariedad que ya padecían.
Lo que a menudo se ignora es que, lejos de degradar el tejido social, la inmigración puede fortalecerlo. Evidencia sociológica aportada por la American Sociological Association sugiere que las comunidades con altas concentraciones de inmigrantes tienden a ser más seguras. Esto ocurre porque los inmigrantes suelen fortalecer la cohesión social y las redes de apoyo vecinal como mecanismo de supervivencia, lo que actúa como un factor de estabilidad incluso en barrios económicamente desfavorecidos. Además, para quienes se encuentran en situación irregular, el miedo a la deportación es un disuasivo potente que reduce drásticamente cualquier participación en actividades que puedan atraer la atención policial.
Para avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa, debemos trasladar el enfoque de la persecución penal a la reducción de la desigualdad estructural. La migración no es la causa del crimen; la pobreza y la exclusión sí lo son. Como concluye Renato Salas Alfaro en sus estudios sobre comunidades rurales, la movilidad humana es una respuesta desesperada a la desigual distribución de la riqueza y los activos. Culpar al migrante es una forma cómoda de ignorar nuestras propias responsabilidades colectivas y el racismo que impregna nuestras instituciones. Solo cuando reconozcamos que los derechos humanos deben ser universales y no un privilegio basado en el lugar de nacimiento, podremos desmantelar el muro de prejuicios que hoy nos separa y entender que el verdadero enemigo no es el que llega de fuera, sino la miseria que lo obligó a salir.