Hay palabras que pesan demasiado en la historia como para usarlas a la ligera. Durante décadas, en Costa Rica logramos mantener fuera de nuestro vocabulario político cotidiano términos como dictadura o golpe de Estado, no por ingenuidad, sino porque entendíamos que nombrarlos era flirtear con su normalización. Hoy, lamentablemente, la estrategia desde Zapote es otra: instalar deliberadamente un lenguaje de confrontación límite para medir cuánto resiste nuestra brújula democrática y probar si el abismo puede volverse paisaje común.
Durante décadas, la democracia costarricense se blindó a sí misma mediante el uso responsable del lenguaje público. Conceptos extremos eran vocablos ajenos a nuestra cotidianidad institucional; pertenecían al análisis histórico o a la realidad de naciones hermanas atrapadas en autoritarismos, pero no formaban parte de la confrontación diaria entre gobernantes. Hoy, lamentablemente, esto ha cambiado.
En las últimas semanas, la actual administración ha insistido sistemáticamente en introducir estos términos en la discusión pública. No estamos ante un error de comunicación casual, sino ante una estrategia deliberada. Su objetivo es doble: desensibilizar a la opinión pública y poner a prueba si estas ideas logran calar, normalizarse o volverse parte de la conversación aceptada.
Lo verdaderamente alarmante no es solo el uso de estas categorías políticas por capricho, sino el costo de oportunidad que representan. Mientras el discurso oficial desvía la atención hacia fantasmas autoritarios y escenarios de confrontación abierta, el país arde en urgencias reales que exigen toda nuestra atención y capacidad técnica:
- La crisis de seguridad y el narcotráfico, que golpean los territorios y desbordan la capacidad.
- La crisis educativa, con una pérdida acumulada de aprendizajes que hipoteca el futuro de las nuevas.
- El colapso de la salud pública, reflejado en las listas de espera.
- El rezago en infraestructura pública y la imperiosa necesidad de prepararnos con seriedad ante los desastres naturales agravados por el cambio climático.
Frente a este panorama, la discusión pública está siendo secuestrada por la polarización. Se destruyen los puentes institucionales no solo entre los Supremos Poderes de la República, sino también con la sociedad civil, apostando al monólogo y a la descalificación en lugar del diálogo genuino.
Desde la perspectiva de la ciencia política y de quienes creemos firmemente en el Estado de derecho, este ejercicio de desgaste es profundamente irresponsable. Costa Rica no se construyó a base de estridencias ni de pulsos autoritarios; se edificó sobre preceptos democráticos, negociación respetuosa, pesos y contrapesos. Ver que el debate nacional se arrastra hacia la sombra de la “dictadura” genera una peligrosa incertidumbre sobre el rumbo de nuestra convivencia pacífica.
Hoy, más que nunca, la defensa de la democracia no pertenece a una sola bandera ni a un único sector. Es indispensable que personas, colectivos, organizaciones sociales, gremios y partidos políticos comprometidos con el régimen de libertades dejemos de lado las pequeñas diferencias.
Lo que está en juego es infinitamente más grande que cualquier cálculo político coyuntural. Si permitimos que se normalice el lenguaje del quiebre institucional, terminaremos por habitar la realidad que hoy se ensaya en los discursos. Proteger a Costa Rica exige unidad, lucidez y, sobre todo, un compromiso intransigente con la democracia.