Corría el año 2013 cuando el gobierno de Nicaragua me deportó junto a otros 25 periodistas, defensores de derechos humanos y personas consideradas "no deseadas" por el régimen. En ese momento no entendíamos cómo habían logrado coordinar nuestra captura y expulsión con tanta precisión. Diez años después, la verdad nos golpeó con crudeza: el gobierno nos había espiado a través de Pegasus, el sistema israelí de vigilancia masiva.
No exagero cuando digo que lo sabían todo. Desde los lugares que visitábamos hasta las conversaciones más privadas que sosteníamos por mensajería o correo electrónico. Nuestros teléfonos y computadoras eran ventanas abiertas a nuestra vida entera. El gobierno de Daniel Ortega había comprado ese sistema de espionaje y lo usó para rastrear cada uno de nuestros movimientos. Por eso la captura fue tan fácil. Por eso la deportación fue tan rápida. No necesitaban seguirnos en las calles; nos seguían desde sus pantallas.
El exilio no fue el final de la persecución. Ya en Costa Rica, mientras mi pareja y yo terminábamos una investigación sobre explotación sexual de niñas —un caso que salpicaba directamente a Daniel Ortega—, las redes de trolls y creadores de noticias falsas trataban de crear historias que iban desde que éramos espías de la CIA hasta otras acusaciones inventadas. Publicamos nuestros hallazgos a través de Diario Las Américas y otros medios internacionales, pero, a cambio, recibimos amenazas constantes. Mi pareja y yo vivimos con la incertidumbre de saber que estábamos siendo vigilados, incluso fuera de Nicaragua.
Entre los casos que documentamos, el de Elvia Junieth Flores Castillo es el que más me duele. Desde los 13 años fue víctima de abuso sexual por parte de Ortega. Su hermano, Santos Flores, denunció los hechos y murió en prisión en 2021. Elvia desapareció junto a sus dos hijas. Nadie sabe dónde están. El régimen se las tragó. Y todo esto ocurrió mientras el gobierno nicaragüense ya tenía acceso a Pegasus para rastrear a quienes, como nosotros, nos atrevíamos a hablar.
En 2013, mientras documentaba esa red de explotación sexual, recibí llamadas telefónicas de la propia Rosario Murillo. Tengo las grabaciones guardadas. Sus amenazas fueron directas, sin filtros ni sutilezas. No era una advertencia velada: era el poder en persona diciéndome que sabía lo que estábamos investigando, que sabía con quiénes nos reuníamos, que sabía dónde estábamos. En ese momento no entendía cómo tenían tanta información. Pero las llamadas ya me habían dado la primera pista: el régimen me tenía en la mira y no iba a detenerse hasta silenciarme. Por autocuidado decidimos dejar de investigar, cosa que creo que hice bien al ver cómo un atacante asesinó a tiros al opositor Roberto Samcam el 19 de junio de 2025.
Lo que viví en 2013 no fue un hecho aislado. Medios como La Prensa y Confidencial documentaron la deportación masiva de periodistas y defensores de derechos humanos. El 28 de junio de 2013, Confidencial publicó mi denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El delirio del poder, como lo llamó entonces el editorial de La Prensa, se manifestaba en esa persecución irracional.
Hoy, desde Costa Rica, veo con horror cómo este país está caminando por el mismo sendero. El gobierno actual quiere legalizar el uso de sistemas de inteligencia como Pegasus, los mismos que usó la dictadura de Ortega para perseguirnos. Nos dicen que es para seguridad nacional. Nos dicen que es para combatir el crimen o, como dice Chaves, para “evasores”. Pero yo sé cómo empiezan estas historias: con un decreto de secreto de Estado, con promesas de transparencia que nunca llegan, con la justificación de que "no tenemos nada que temer si no hacemos nada malo".
Pero yo sí tengo algo que temer. Porque sé lo que es que te espíen. Sé lo que es que revisen tus mensajes, tu ubicación, tus contactos. Sé lo que es sentir que el Estado está dentro de tu teléfono. Y sé que, una vez que esa puerta se abre, es casi imposible cerrarla.
Costa Rica está comprando tecnología israelí. Tiene vínculos con el gobierno de Israel, el mismo que vendió Pegasus a Nicaragua. Y, mientras tanto, el gobierno habla de "operaciones" que no confirma ni desmiente. Los diputados preguntan y reciben respuestas evasivas. Los periodistas advertimos y nos tachan de alarmistas. Pero yo viví esa pesadilla. No la inventé.
El espionaje digital no es una herramienta neutral. Es un arma. Y cuando un gobierno la tiene, siempre termina usándola contra quienes piensan distinto, contra quienes investigan, contra quienes denuncian. Las redes sociales se llenan de amenazas, de perfiles falsos que difunden mentiras para desacreditarte. Las autoridades dicen que no saben quiénes son, pero todos sabemos que detrás de esos trolls hay manos que mueven los hilos desde el poder.
Hoy escribo esto no desde el miedo, sino desde la certeza de que la memoria no se negocia. No permitamos que Costa Rica se convierta en lo que denunciamos. No normalicemos que el Estado nos vigile. No creamos que "a nosotros no nos va a pasar". Porque yo también lo creí, hasta que me pasó.
El espionaje, el secreto de Estado y las amenazas digitales son el nuevo rostro de la dictadura. Ya lo vi en Nicaragua. Y hoy lo estoy viendo aquí. Que mi historia sirva de advertencia. Porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo.