Hay una trampa que se repite una y otra vez en nuestra historia política: llamar “cambio” a lo que, en realidad, es continuidad.
Un gobierno de continuidad no necesita reelegirse para perpetuarse. Basta con que sus prácticas, prioridades y omisiones sobrevivan a una administración y pasen a la siguiente, cambiando únicamente el rostro que las anuncia.
Mientras el país discute colores, banderas, consignas y apellidos, las estructuras que producen desigualdad y exclusión pueden permanecer prácticamente intactas. El discurso cambia, pero los problemas siguen esperando.
Uno de los mecanismos más eficaces para sostener esta dinámica es la polarización. Dividir a la ciudadanía en bandos irreconciliables no debería entenderse únicamente como una consecuencia de la política contemporánea; en muchos casos, se ha convertido en una herramienta de poder.
Cuando la ciudadanía pasa más tiempo discutiendo entre sí que exigiendo cuentas a quienes gobiernan, el poder gana tiempo. Cuando toda crítica se interpreta como una traición a un bando y no como un ejercicio legítimo de fiscalización, se debilita precisamente al actor que debería ser más incómodo para cualquier gobierno: una ciudadanía informada, crítica y capaz de exigir resultados.
Lo planteo desde el derecho, pero también desde mi condición de persona con discapacidad.
En sociedades profundamente polarizadas, los temas que requieren acuerdos amplios y políticas sostenidas suelen quedar relegados. La accesibilidad, la inclusión laboral, la salud pública y los derechos de las personas con discapacidad difícilmente generan las mismas pasiones que una pelea política en redes sociales.
Nadie hace campaña gritando contra una rampa que hace falta construir. Nadie se convierte en protagonista de una discusión política porque una institución carece de accesibilidad. Sin embargo, detrás de esas pequeñas omisiones existen personas que todos los días encuentran barreras para estudiar, trabajar, desplazarse o participar plenamente en la sociedad.
La polarización no solamente divide: también invisibiliza. Y aquello que deja de estar en el centro de la conversación pública puede ser postergado indefinidamente.
Un gobierno de continuidad tampoco necesita eliminar el disenso. Le basta con permitir que el propio disenso se desgaste. La indignación se administra en pequeñas dosis, las redes sociales hacen el resto y la ciudadanía termina atrapada en discusiones interminables sobre quién tiene la razón, mientras los problemas concretos permanecen.
Las listas de espera siguen existiendo. El desempleo continúa afectando a miles de personas. La infraestructura accesible sigue siendo insuficiente. Las desigualdades no desaparecen porque cambiemos el discurso político.
A esta realidad se suma un problema todavía más delicado: el debilitamiento del respeto hacia las instituciones y el desconocimiento, en ocasiones, de los límites establecidos por nuestra Constitución Política.
No me refiero a las legítimas diferencias de interpretación que puedan existir entre juristas. Me refiero a cuando, desde el poder, se descalifican resoluciones institucionales, se cuestionan los contrapesos democráticos como si fueran obstáculos personales o se pretende presentar el cumplimiento de las reglas constitucionales como una molestia para quien gobierna.
La Constitución no es un obstáculo para el gobernante. Es, precisamente, una garantía para todos.
Quien hoy ocupa el poder y debilita las instituciones puede olvidar que mañana será un ciudadano más, sujeto a esas mismas reglas. Los contrapesos que hoy parecen incómodos son los mismos que mañana pueden proteger a cualquier persona frente al abuso de poder.
Por eso, defender la institucionalidad no debería ser una posición partidaria. Debería ser una responsabilidad democrática.
No se trata de pedirle a la ciudadanía que abandone sus convicciones políticas. Se trata de pedir algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más difícil: que no confunda la trinchera con el criterio propio.
Se puede apoyar a un gobierno y cuestionar sus errores. Se pueden reconocer sus aciertos y exigirle resultados. Se puede disentir sin odiar. Se puede fiscalizar sin pertenecer al “otro bando”. Y, sobre todo, se puede defender una causa sin convertir a quien piensa diferente en un enemigo.
La democracia no debería reducirse a escoger un color y defenderlo hasta el final, independientemente de sus resultados. Votar no significa entregar un cheque en blanco.
La pregunta que deberíamos hacernos no es únicamente de qué color es este gobierno, quién lo dirige o contra quién se enfrenta.
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿A quién le conviene que sigamos peleando entre nosotros mientras los problemas estructurales permanecen sin resolver?
Porque mientras discutimos quién pertenece al bando correcto, alguien más puede estar tomando decisiones sin suficiente escrutinio.
Ese es el verdadero peligro de la continuidad disfrazada de cambio: no que todo permanezca exactamente igual, sino que logremos convencernos de que algo cambió simplemente porque cambiaron los nombres, los discursos y las banderas.
El verdadero cambio no se anuncia. Se demuestra.
Se demuestra cuando una persona con discapacidad puede acceder a un empleo sin encontrar barreras injustificadas. Cuando una persona enferma recibe atención en un plazo razonable. Cuando la infraestructura pública responde a las necesidades de toda la población. Cuando las instituciones funcionan y cuando quienes gobiernan entienden que el poder no está por encima de la Constitución.
Hasta que eso ocurra, quizá debamos dejar de preguntarnos quién ganó la batalla política del día y empezar a preguntarnos quién está perdiendo mientras nosotros seguimos peleando.
Y muchas veces, esa respuesta está frente a nosotros: la ciudadanía.