La retirada oficial del 34 Premio Tiflos de Poesía, concedido en 2021 a la poeta colombiana, residente en Costa Rica, Fadir Delgado Acosta, con una remuneración de 10.000 euros (fondos públicos españoles) y la publicación del poemario La temperatura exacta del miedo con Castalia Ediciones, ha abierto una campaña sin parangón, sin conocimiento real y profundo del tema en las redes sociales. La dinámica se basa en conjeturas sin ningún tipo de fundamentos. Existen señalamientos populistas y sectarios de acoso, persecución, envidias y misoginia, en algunas ocasiones mediante el hashtag #Fadirnoestásola y a partir de una recolección de firmas, a la manera del #metoo, por parte de escritoras.
El proceso que condujo a la retirada oficial del premio por parte de la Fundación ONCE, el día 20 de julio de 2026, nunca estuvo orientado a promover una campaña pública de supuesto acoso contra una autora, la cual, hasta donde tengo conocimiento no existe (es humo para polarizar y distraer), sino a documentar y presentar ante la institución competente una investigación basada en pruebas textuales, documentales y asesoramiento jurídico. Desde el inicio opté por los cauces institucionales antes que por la confrontación mediática, convencido de que un asunto de esta naturaleza debía resolverse mediante procedimientos administrativos y legales, no a través de las redes sociales, donde muchos utilizan los sofismas y la victimización como armas de empoderamiento mediático.
Es necesario separar el debate literario del debate jurídico e institucional. La discusión alrededor de este tema no gira en torno a la calidad de una obra ni a la legitimidad de la reescritura como práctica creativa —recurso ampliamente reconocido en la tradición literaria—, sino al cumplimiento de las bases que regulan la participación en determinados certámenes. Desde esta perspectiva, el problema fundamental no es estético, sino normativo: el respeto a unas reglas que garantizan la igualdad de condiciones entre todos los concursantes y la confianza depositada por escritores, jurados e instituciones en los premios literarios, lo que conduce, a su vez, al respeto mínimo que debería tenerse por la literatura y por los lectores. Un mundo literario sin ética es propenso a la delincuencia y a su normalización.
Mi investigación presentada ante la Fundación ONCE documentó una serie de publicaciones previas, coincidencias textuales y actuaciones editoriales que evidenciaban irregularidades incompatibles con las bases de cualquier certamen literario. La documentación fue remitida directamente a la institución organizadora y fue esta, tras un proceso interno de valoración que se prolongó durante más de un año, la que decidió retirar oficialmente el galardón. Esto no es opinión, es un hecho institucional. La resolución no puede interpretarse como el resultado de una disputa personal, sino como una decisión institucional adoptada tras la evaluación de los hechos.
Las redes sociales, con la complicidad de la principal responsable de este caso y sus cómplices y encubridores, convirtió un procedimiento institucional en una controversia emocional alimentada por campañas digitales populistas y adhesiones personales sin ningún tipo de fundamento ni documentos legales ni probatorios que validen la presencia de acusaciones graves como acoso, persecución e injurias. Mientras en mi caso, he hecho públicas las denuncias, en sede judicial española, por acoso, pero principalmente por la presencia de crimen organizado por parte de un grupo de escritores, lo cual es preocupante y delicado.
La legitimidad de los concursos literarios depende de que las normas sean iguales para todos los participantes, sea hombre, mujer o del género identitario que sea, y de que las instituciones estén dispuestas a actuar cuando detectan posibles incumplimientos. La credibilidad de un premio no reside únicamente en el prestigio de sus jurados o en la calidad de las obras premiadas, sino también en la capacidad de sus organizadores para hacer cumplir las bases cuando surgen controversias y en este caso, debo hacer público mi respeto a la Fundación ONCE y a los agentes jurídicos y encargados del Premio Tiflos, por hacer valer las leyes y las normativas, como se esperaría de un certamen con su prestigio e historia.
Por tales razones, invito a revisar, de manera minuciosa, los mecanismos de control existentes en los certámenes literarios e incluso incorporar sanciones más severas para quienes incumplan deliberadamente las condiciones de participación. Fortalecer esos procedimientos contribuiría a proteger tanto a las instituciones como a los escritores que concursan respetando las reglas y reforzaría la confianza pública en unos premios que, en muchos casos, representan recursos económicos, reconocimiento profesional y patrimonio simbólico para la cultura en lengua española.
Como me lo comentó un poeta y referente cultural colombiano, es importante imponer sanciones económicas, bajo declaración jurada, contra quienes no respeten reglas y pretendan incurrir en acciones de engaño que muchas veces implican estafa, según la afectación de las partes involucradas. Este tipo de medidas, en el presente contexto, resultan necesarias.
La retirada del Premio Tiflos marca un precedente cuya relevancia supera el caso particular que la originó. Este episodio plantea una pregunta de fondo sobre el tipo de comunidad literaria que se desea construir: una sustentada en afinidades personales y lealtades corporativas o una basada en la transparencia institucional, la igualdad ante las normas y la responsabilidad ética de todos los actores implicados. Desde esa perspectiva, la decisión adoptada por la Fundación ONCE traslada el debate desde el terreno de las opiniones hacia el de la integridad institucional y abre una discusión que, lejos de agotarse en un único caso, interpela al conjunto del sistema de premios y reconocimientos literarios.
Por último, debemos tener claro, además, que el 34 premio Tiflos de poesía no fue retirado únicamente por incurrir en autoplagio, lo cual por sí mismo implica sanciones, ni por no entender qué es la reescritura, como lo intentan hacer ver sus actores, para intentar confundir al público, sino por un proceso premeditado de engaño, que podría calificar como estafa. Esto mismo sucedió con el premio UNA Palabra, en vigencia.
El estudio del proceso utilizado por Delgado Acosta me hizo conocer la presencia de un método común, según expertos judiciales, en personas expertas en estafas: el borrado de huella. En su caso, pidió la eliminación de poemas de varios sitios, entre ellos de la revista mexicana Círculo de Poesía, para que no constaran pruebas públicas, y de fácil identificación, respecto al envío y recibimiento de varios premios y menciones con un mismo libro, diseñado no para mostrar un supuesto método de reescritura, sino para engañar, a través de “refritos textuales”, a jurados de diferentes países.
Entre otros ejemplos, estos libros, dos de ellos publicados a partir de premiaciones financiadas con dinero público, son:
- Los muertos del jardín (mención de honor del V Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas).
- Un reino para la fiebre (mención de honor del II Premio Internacional Vicente Rodríguez-Nietzsche).
- Cama de hospital vista desde abajo (Premio UNA Palabra, cuyo envío fue de manera casi simultánea al Tiflos, agosto de 2020).
- La Temperatura exacta del miedo (Premio Tiflos, que la condujo al Premio Nacional de Poesía de Colombia).
Delgado Acosta recibió una distinción detrás de otra de manera premeditada (y esto le ha servido mucho a su currículum) y continuó, con conocimiento de causa y siendo consciente de las posibles consecuencias que este asunto podía tener, por ser una acción deshonesta. Incluso, luego de que se le anunciara, el día 1 de octubre de 2020, que había sido la autora ganadora del Premio UNA Palabra en Costa Rica, luego de saber, el 24 de febrero de 2021, que había ganado en España el Premio Tiflos, prefirió callar y seguir con su método de engaño que hoy llaman, de manera repugnante, “reescritura”, “acoso” y “persecución”, con el propósito de no asumir responsabilidades de hechos y acciones recurrentes para sí y para un grupo de escritores que se dedican a jugar y burlar fondos públicos.
Las disculpas públicas, con humildad, asumiendo los errores cometidos, no existen y parece que no existirán, porque la mentira se ha convertido en algo normal y cotidiano, y no debería ser así. Por estas razones, cierro con una invitación a la reflexión crítica, acompañada por la siguiente imagen de una denuncia presentada ante el Ministerio Público costarricense:
