En economía, las decisiones de diseño institucional rara vez quedan impunes. La reciente divulgación de los estados financieros de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), que revela un resultado adverso de ₡2.583 millones en 2023 y de ₡2.039 millones en 2025, no es un accidente contable ni una simple anomalía macroeconómica. Es el síntoma contundente de una factura teórica y práctica que la realidad le pasa a la centralización estatal.
En mayo de 2023, la administración tomó la decisión unilateral de romper el convenio de cooperación que, desde el año 2010, articulaba la alianza público-privada formal entre el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Procomer y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Esta alianza canalizaba cerca de $3 millones anuales a Cinde para la promoción activa de inversión extranjera directa (IED) (se transfirieron ₡1.874 millones en 2022 y ₡1.153 millones hasta mayo de 2023). La promesa implícita del Poder Ejecutivo era tan seductora para el ojo inexperto como falaz desde la teoría económica: al arrebatarle los recursos a Cinde para asumir la labor in-house, se eliminarían "duplicidades" y se lograría un uso más "eficiente" de los fondos públicos.
Los datos contables exponen el colapso de esa premisa. En los últimos cuatro años, mientras los ingresos de Procomer, provenientes del canon a zonas francas y de la Declaración Única Aduanera (DUA), crecieron a un ritmo promedio anual del 5,63%, sus gastos se dispararon a una tasa del 12,75% anual. Esta brecha erosionó el patrimonio de la institución, que cayó de ₡25.671 millones en 2022 a ₡22.999 millones al cierre de 2025.
Al despojar a Cinde del financiamiento para asumir la atracción de IED internamente, Procomer no solo heredó una carga operativa para la que no fue diseñada, sino que expandió drásticamente sus estructuras burocráticas. Muestra de ello es la partida del convenio "Comex-Procomer" (destinado al apoyo técnico, operacional y salarial de Comex), que pasó de ₡3.077 millones en 2022 a ₡4.246 millones en 2025 (un incremento del 38%), sumado a un vertiginoso aumento en el gasto de la Gerencia General. El resultado no ha sido un modelo más ágil, sino una paradoja fiscal: la promotora estatal cuenta hoy con más presupuesto ejecutado que nunca, pero arroja números rojos y un costo de transacción notoriamente superior.
El espejismo del control y los costos de transacción
Desde la perspectiva de la economía institucional, la atracción de inversión extranjera directa (IED) de alta complejidad —especialmente en sectores estratégicos como semiconductores, ciencias de la vida y servicios basados en conocimiento— depende fundamentalmente de activos intangibles: capital reputacional, baja asimetría de información y certidumbre jurídica. Cinde no operaba como un simple proveedor privado contratado; funcionaba como un catalizador neutral cuya gobernanza otorgaba un aislamiento crítico frente a los vaivenes políticos de turno.
Al estatizar el proceso y pretender sustituir a Cinde, el Estado no logró capturar las eficiencias del sector privado; en su lugar, burocratizó la promoción internacional. Cada dólar que antes ejecutaba Cinde producía un retorno directo de más de $44 por dólar invertido en promoción a la economía nacional. Hoy, el intento de Procomer por replicar de forma improvisada la arquitectura técnica y el personal especializado que Cinde construyó durante cuatro décadas ha inflado las estructuras de gasto operativo de la promotora pública, ha desembocado en pérdidas patrimoniales y le ha restado agilidad al país frente a competidores regionales agresivos.
Recuperar la certidumbre estratégica
Las pérdidas operativas en los estados financieros de Procomer son, en última instancia, el reflejo de haber confundido soberanía estatal con eficiencia operativa y de haber minusvalorado el rol histórico de Cinde en el ecosistema nacional. Pretender que la atracción de inversiones se resuelve marginando a Cinde, consumiendo superávits acumulados y realizando declaraciones de prensa ignora la naturaleza misma de las cadenas globales de valor.
Costa Rica no puede darse el lujo de mantener un esquema costoso, deficitario y conceptualmente equivocado. Reconstruir la gobernanza del modelo y restituir el lugar estratégico de Cinde no es una concesión ideológica ni un gesto de cortesía institucional: es un imperativo de competitividad macroeconómica. El país debe regresar al modelo tripartito sobre la base de la evidencia técnica, la transparencia contable y el respeto absoluto a las ventajas comparativas que nos hicieron grandes.