Desde tiempos pasados, los seres humanos se preguntan constantemente por qué se debe vivir bajo determinadas reglas y por qué aceptar la autoridad impuesta por el Estado. Cada vez que un ciudadano cuestiona una ley, exige respeto por sus derechos o se pregunta si las instituciones cumplen realmente su función, esto demuestra la inquietud de la población. En este sentido, el contrato social no debería entenderse únicamente como una teoría estudiada en los libros, sino como una idea que permite entender la relación entre los ciudadanos y el Estado.
La teoría del contrato social buscó analizar cómo debía organizarse un Estado y cómo se daría el acuerdo entre la población y el Estado. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau la desarrollaron de formas diferentes. Aunque sus perspectivas son distintas, los tres reflexionan sobre la relación entre la sociedad, los individuos y el poder político. Desde la perspectiva contractualista, la autoridad legítima del gobierno se encuentra vinculada al consentimiento de quienes están sujetos a ella.
Para Hobbes, la forma correcta consiste en que los individuos transfieran amplias facultades a un poder soberano absoluto, que puede recaer en una persona o en una asamblea, aunque el autor consideraba preferible la monarquía. Locke propone el contrato como protección de derechos como la vida, la libertad y la propiedad. Locke es una de las figuras fundamentales del liberalismo; es decir, si el gobierno no protege estos derechos, el pueblo tiene derecho a resistirlo o sustituirlo. Para Rousseau, el individuo se somete a la voluntad general al obedecer la ley que él mismo ayuda a crear; se obedece a sí mismo: eso es la libertad civil. Su planteamiento defiende que la soberanía reside en el pueblo y que los ciudadanos participen directamente en la elaboración de las leyes, aunque distingue esta soberanía de las distintas formas que puede adoptar el gobierno.
Desde una perspectiva personal, hablar del contrato social también significa hablar de confianza. Un Estado no se sostiene únicamente mediante leyes o instituciones; necesita que sus ciudadanos reconozcan cierta legitimidad en ellas. Del mismo modo, la ciudadanía debe comportarse como una sociedad que participa y asume responsabilidades dentro de un sistema político. Algunos ejemplos en nuestro país serían votar, respetar las leyes y participar en los asuntos públicos.
Entonces, ¿seguimos creyendo en el contrato social? La pregunta no podría contestarse con un sí o un no. Se puede considerar que, mientras la ciudadanía siga viviendo en sociedad, aceptando normas y otorgando cierta autoridad a las instituciones, seguirán existiendo diferentes formas de pensar cómo debería organizarse un Estado y en qué condiciones pueden actuar las personas.
Al final, la verdadera interrogante no es únicamente si el Estado hace su parte. Desde la perspectiva del contrato social, el Estado no surge de un origen divino ni natural, sino de un acuerdo racional y voluntario entre ciudadanos. Es decir, si el contrato depende de responsabilidades compartidas de la población, surge la duda de si nosotros, como ciudadanos costarricenses, estamos cumpliendo nuestra parte del acuerdo.