Mi madre tiene 83 años. El pasado 3 de agosto fue a hacerse una resonancia magnética. El diagnóstico confirmó un desgarro en el hombro derecho. El dolor avanza, pero ella no afloja. Horas después de su consulta se desplazaba, junto a un grupo de señoras adultas mayores, hacia los Tribunales de Goicoechea. Subió las gradas. Sostuvo una pancarta.
La pancarta decía: EN COSTA RICA MORIMOS ESPERANDO JUSTICIA.
No iba por ella solamente. Llevaba, como siempre, la fotografía de mi padre. Papi murió sin saber que había sido estafado.
Desde 2019, mi madre y más de 600 personas afectadas por el caso Aldesa han esperado que la justicia responda. Han esperado con paciencia, con manifestaciones pacíficas. Han ido a los tribunales, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, al frente de Teletica, a La Nación, a la Fiscalía, al Country Club, al Semanario Universidad, a Casa Presidencial, a la iglesia de Schoenstatt (donde va Javier Chaves a rezar) y a todos los lugares donde han sentido la necesidad de alzar la voz.
Han esperado con respeto por las instituciones. Han esperado creyendo que, tarde o temprano, la justicia llegará. Pero el tiempo pasa y vamos quedándonos sin manifestantes; el tiempo pasa y faltan manos para sostener las pancartas. Las fotografías se han quedado sin Ileana Fischel Volio, Clarita Polini Salas, Rodrigo Jiménez Vega, Lucía Roboz y otros afectados que murieron esperando una resolución que nunca llegó.
Han transcurrido siete años y medio y todavía no ha iniciado el juicio. La esperanza de recuperar los fondos se ha ido esfumando mientras las víctimas envejecen. Entretanto, mientras el proceso sigue sin resolverse, las personas acusadas continúan en libertad, haciendo su vida con normalidad, mientras para otras personas estos siete años y medio han significado enfermedad, angustia, deterioro económico y muerte.
Cuando la crisis de Aldesa estalló en 2019, una parte importante de las personas afectadas ya eran adultas mayores. Eran hombres y mujeres que habían trabajado durante décadas. No buscaban enriquecerse de un día para otro. Habían construido un patrimonio para vivir con tranquilidad la última etapa de sus vidas.
Eran el target perfecto.
Personas con ahorros, muchas de ellas jubiladas, que confiaban en una empresa reconocida y en asesores a quienes habían entregado durante años el manejo de su patrimonio.
Aldesa tenía a su favor una imagen sólida. Tenía una junta directiva integrada por figuras conocidas e influyentes. Tenía presencia en el mundo financiero costarricense. Tenía una marca que para sus clientes significaba seguridad. Lo que nadie sabía es que coexistían bajo el nombre Aldesa actividades sometidas a supervisión financiera y operaciones privadas que no estaban supervisadas por la SUGEVAL.
¿Sabían los adultos mayores que estaban expuestos a esa zona gris entre lo regulado y lo privado? Mi padre nunca lo supo; él solo confió en quienes lo asesoraban. Esa asimetría —entre quien diseña el producto financiero y quien deposita ahí los ahorros de toda una vida— es, en el fondo, el corazón de este caso.
Y esto debería formar parte de una investigación más amplia porque, mientras las instituciones discutían dónde terminaba la regulación y dónde comenzaba la inversión privada, cientos de personas estaban colocando allí los ahorros de toda una vida. Ahorros que habrían estado más seguros debajo de un colchón.
Más de 600 personas físicas y jurídicas resultaron afectadas. Entre ellas, 33 asociaciones solidaristas que representan a más de 27.500 trabajadores, cuyos recursos provenían del esfuerzo colectivo de miles de familias.
Y entonces ocurrió el derrumbe. La espera se convirtió en un drama. Cartas que iban y venían. Promesas, reuniones, manifestaciones, abogados, expedientes, fechas que se anunciaban y fechas que se movían una y otra vez.
El tiempo pasó como si nada. La acusación penal estuvo lista desde noviembre de 2023 y fue presentada formalmente en febrero de 2024. Pero el juicio todavía no comienza. Lo que comenzó el pasado 3 de agosto fue apenas la audiencia preliminar, que posteriormente fue suspendida. Ahora deberá reanudarse este jueves 13 de agosto, confiados de que no haya más atrasos.
Son 23 las personas acusadas. Serán los tribunales los que deberán determinar las responsabilidades de cada una. Las víctimas no están pidiendo una condena anticipada. Piden que el juicio pueda comenzar. Piden que la justicia siga su curso.
En estos días se ha discutido si las jornadas son demasiado largas, si los horarios resultan extenuantes, si las agendas de los abogados coinciden o no. Durante años, las dificultades para hacer coincidir las agendas de las numerosas defensas han sido uno de los obstáculos para avanzar.
Pero nadie parece preguntarse cuán extenuante ha sido esperar siete años y medio. Nadie pregunta cómo se vive viendo morir a los compañeros de lucha. Nadie pregunta qué significa para una mujer de 83 años caminar hacia un tribunal con un hombro desgarrado, subir las gradas y sostener una pancarta porque sabe que quizá no tenga muchas oportunidades más de presenciar el inicio de este proceso.
Mi madre sigue yendo. Y siempre que pueda, yo la acompañaré. Va por dignidad. Va con la fotografía de mi padre. Va porque mi padre nunca apagaba el teléfono. Porque fue un médico comprometido con la seguridad social de este país. Porque creyó en Costa Rica y en sus instituciones. Mi madre sigue yendo porque se le hace imposible pensar que, en su Costa Rica, las víctimas envejezcan más rápido que los expedientes.
Los manifestantes ya casi no hablan de inversiones. Hablan de tiempo, enfermedades, compañeros muertos, desesperanza. Son adultos mayores a merced de un tiempo que ninguna sentencia podrá devolver.
Yo no pierdo la esperanza de ver a mi madre aplaudir cuando finalmente se haga justicia. Quiero verla ahí, quiero abrazarla. Quiero que llegue el día en que un tribunal determine qué ocurrió y dé una respuesta a las personas que llevan siete años y medio esperando.
Quiero creer que sí existe una respuesta. Quiero creer que en este país las instituciones funcionan. Quiero creer que el cántaro de la justicia no está roto. Pero esa respuesta ya no puede seguir esperando. Porque el tiempo pasa. Las manos que sostienen las pancartas son cada vez menos. Y hay personas que están muriendo antes de que llegue el gran día.