Un estudio publicado este año en Environmental Quality Management por Nicole Parra-Barrientos, Adolfo Quesada-Román y ocho colegas más de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el CATIE y el Tecnológico hizo algo que rara vez se hace: en lugar de medir el agua, midió la investigación sobre el agua. Revisó más de sesenta estudios publicados entre 1979 y 2023 sobre la contaminación de ríos y playas del país y encontró que ese conocimiento no está repartido de manera uniforme sobre el territorio. En ríos, San José y Puntarenas concentran la mayoría de los trabajos, mientras Limón y Guanacaste quedan subrepresentadas; en costas, la investigación se agolpa en los destinos turísticos del Pacífico, con Jacó a la cabeza, y se vuelve escasa en Manzanillo y en Golfito. Sabemos bastante del agua de las costas que se visitan y muy poco del agua de las costas que se trabajan.
La lectura inmediata de un hallazgo así es que falta ciencia y de ahí suele seguirse el reclamo consabido de más fondos y más investigadores. Me parece que esa lectura se queda corta porque trata como carencia lo que en realidad es una distribución, y las distribuciones tienen causas. El sesgo geográfico de la investigación no es un vacío científico: es el resultado de decisiones administrativas que nadie tomó explícitamente y que, sumadas, determinan dónde el país se permite saber y dónde prefiere no averiguar.
El mecanismo que produce ese resultado es bastante prosaico. La investigación ambiental de campo es cara y necesita continuidad; depende de proyectos para financiarse, y los proyectos se formulan donde hay contraparte institucional, interés declarado y presión pública. En una playa turística concurren el hotelero que necesita bandera azul, la municipalidad que vive del visitante, la cámara que teme la mala noticia y el ministerio que responde por la imagen del país. En un litoral portuario o agroindustrial no concurre ninguno de ellos. No hace falta que alguien decida no investigar, porque basta con que nadie esté obligado a hacerlo.
Los propios autores anotan que esas zonas menos estudiadas carecen de datos de línea base completos y que Limón, pese a albergar ecosistemas de humedal críticos y enfrentar presiones provenientes de la escorrentía agrícola y de la actividad portuaria, recibe atención científica limitada. La observación es doble y por eso interesa: en el mismo lugar donde el estudio identifica una fuente de contaminación, identifica también la ausencia de investigación que permitiría documentarla. Y esa asimetría se vuelve grave cuando se cruza con otra decisión pública que sí es explícita y está fechada: la de concesionar. Costa Rica entregó a operadores privados tramos de su litoral para terminales, marinas y desarrollos costeros, mediante contratos que fijan con notable precisión plazos, cánones, tarifas y obligaciones de inversión. El Estado sabe exactamente cuántos contenedores debe mover una terminal concesionada, pero no sabe en qué estado estaba el agua que la rodea el día en que empezó a operar. Los estudios de impacto ambiental que anteceden a esas obras producen fotografías, no series; describen un momento y luego pasan al archivo.
La diferencia entre una fotografía y una serie no es técnica, es jurídica y política. Una línea base es el registro sistemático y continuado de las condiciones de un cuerpo de agua antes y durante una intervención, y su función no es científica, sino probatoria: sin ella, ningún daño puede atribuirse. Cuando una comunidad costera afirma que el agua cambió, se le pide que lo demuestre y no puede, porque el único que tenía la posibilidad de medir era quien no estaba obligado a hacerlo. La ausencia de línea base no es neutral: reparte la carga de la prueba, y la reparte siempre en contra de quien vive en la costa y a favor de quien la opera.
Se dirá que medir de manera continua es costoso y técnicamente exigente y que un país pequeño no puede permitírselo en todos sus litorales. El argumento se cae con solo mirar hacia el sur. La Autoridad del Canal de Panamá mantiene desde hace décadas un programa de vigilancia y seguimiento de la calidad del agua en la cuenca, con estaciones permanentes de muestreo, giras regulares, índices comparados con los valores históricos e informes públicos; lo sostuvo incluso durante el año de la pandemia, reduciendo el alcance, pero sin interrumpir la serie. Junto a ese programa funcionan desde 2007 los monitoreos anuales de aire y de ruido en las zonas de operación, y la propia Autoridad explica que su propósito es generar información sistemática y periódica que sirva de línea base para el diseño de políticas y de medidas de mitigación. Panamá no monitorea porque tenga más ciencia que nosotros, sino porque decidió que la vigilancia ambiental es un costo de operación de la vía y no un gasto discrecional del ambiente.
Esa es exactamente la naturaleza del problema costarricense. No es que carezcamos de laboratorios, de universidades públicas capaces de hacer el trabajo ni de normativa ambiental; lo que falta es la obligación contractual de generar el dato y la instancia que lo administre. Un contrato de concesión que dedica decenas de páginas a la fórmula tarifaria puede dedicar dos a exigir una línea base previa, un plan de muestreo con estaciones fijas y periodicidad definida y la publicación de los resultados en un repositorio de acceso abierto, con financiamiento a cargo del canon que la propia concesión genera. Se trata de una cláusula contractual, no de un plan nacional de monitoreo.
Hay, además, una razón de fondo, más incómoda, para no dejar el asunto en manos del interés turístico. Las costas donde no medimos son las costas donde vive la población con los indicadores sociales más desfavorables del país. El mapa de lo que no se investiga se parece demasiado al mapa de lo que no se atiende, y esa coincidencia no es casual: el conocimiento se produce donde hay quien lo reclame, y el reclamo también está desigualmente distribuido. Una comunidad que carece de datos sobre su propia agua carece del instrumento elemental para exigir; su percepción, por certera que sea, queda reducida a anécdota frente a un expediente técnico.
De ahí que la conclusión no sea un llamado genérico a investigar más, sino tres decisiones concretas y baratas. La primera es incorporar la línea base y el monitoreo continuado como requisito de toda concesión en zona marítimo-terrestre, con estaciones y periodicidad definidas en el propio contrato y con la obligación de publicar. La segunda es asignar a las universidades públicas, que ya tienen la capacidad instalada, la ejecución de esos monitoreos con financiamiento del canon, de modo que el dato no lo produzca el interesado en el resultado. Y la tercera es abrir los datos existentes, dispersos hoy entre ministerios, instituciones y proyectos académicos que no dialogan entre sí.
El estudio bibliométrico terminó diciendo algo sobre nosotros que no se proponía decir. Al dibujar dónde se investigó el agua, dibujó también dónde el Estado quiso mirar. Lo que no se mide no se puede reclamar, y esa es, en última instancia, la manera más eficaz y más silenciosa de gobernar un litoral: no prohibiendo, sino no sabiendo.