Hay preguntas que uno debería poder responder mirando hacia atrás, hacia el propio camino recorrido, tanto en la vida personal como profesional. Si un diputado o diputada de la República, o cualquiera de quienes hoy deciden cuánto presupuesto merece la educación superior, se detuviera un momento a pensar quién formó al médico que los atendió, al ingeniero que construyó el puente que cruzan, al maestro que educó a sus hijos e hijas, probablemente encontraría, en algún punto de esa cadena, una universidad pública. Y, aun así, cada año, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se convierte en un tema de apalancamiento político, como si nunca se hubiera dado respuesta a ¿qué más tienen que demostrar estas instituciones para merecer lo que realmente merecen?
Vale la pena decirlo: esto no se trata ni de fe ni de costumbre, sino de hechos disponibles para quien quiera mirarlos con honestidad y de una desproporción que ya no debería sostenerse en el debate público o, peor aún, manipular el imaginario costarricense. Según datos divulgados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en 2023 el FEES tocó su punto más bajo en trece años como proporción de la producción del país, apenas un 1,21% del PIB. El mandato constitucional habla de un 8% del PIB para la educación pública en su conjunto; en la práctica, el país ha retrocedido hacia números inferiores a un 6%, incumplimiento que Conare señaló directamente ante la Asamblea Legislativa. Los mismos informes citan datos de Education at a Glance, de la OCDE, que ubican a Costa Rica entre los países con menos inversión pública por estudiante de tiempo completo. Mientras se recorta, se siguen exigiendo más resultados, entrando en una dicotomía que no logramos resolver como país: ¿la educación superior pública es un gasto que hay que contener o una inversión que hay que sostener? Tratarla como lo primero mientras se le exigen los frutos de lo segundo no es rigor presupuestario, es una trampa.
Con menos recursos, las universidades públicas siguen sosteniendo algo que no aparece fácilmente en una hoja de Excel: la posibilidad de que el origen no determine el destino. El estudio de caracterización de la población estudiantil universitaria estatal 2025, presentado por Conare, encontró que el 52,9% del estudiantado de las cinco universidades públicas financia su carrera con algún tipo de beca y que para el 38,5% esa beca no es un complemento o ayuda, es la única razón por la que pueden seguir estudiando. Detrás de ese porcentaje hay una generación entera de jóvenes de zonas rurales, de familias sin ahorros, de barrios donde la universidad no era ni siquiera una pregunta que se hacía en voz alta. Ninguna universidad privada, por más meritoria que sea su labor —porque las hay—, sostiene ese volumen de becas ni llega a esos territorios con la misma vocación de cobertura nacional. Esa es una diferencia que hay que nombrar sin miedo a sonar parcial, ya que es un hecho, no una opinión.
Aun con el panorama de recortes, según el informe elaborado a partir de datos de Conare, en 2025 el FEES alcanzó los 587.608 millones de colones, de los cuales 83.517 millones se destinaron específicamente a investigación, innovación, extensión y acción social. Eso no es un lujo institucional, es la razón por la que existen vacunas veterinarias, estudios sobre riesgo sísmico, programas de acompañamiento a comunidades indígenas, laboratorios donde estudiantes becados aprenden ciencia junto a investigadores de primer nivel. Ninguna empresa, ninguna ONG, ningún ministerio hace ese trabajo con esa continuidad y esa cobertura. Ninguno.
Ahí está lo que menos se entiende de las universidades públicas: estas no son solo fábricas de títulos. Son la infraestructura que el país usa para pensarse a sí mismo. Forman profesionales, sí, pero también gestionan el conocimiento que ya existe, lo ordenan, lo actualizan y lo ponen al servicio de la sociedad costarricense —y, a veces, de la comunidad internacional—. Y sostienen, además, proyectos de investigación que tardan años en dar resultados visibles y programas de extensión que llevan ese conocimiento fuera del campus antes de que llegue cualquier otra institución. Ese triple papel —formar, investigar y extender— es insustituible.
Entonces vuelvo a la pregunta del título: ¿qué más les piden a las universidades públicas? Nada más, diputados y diputadas. Ya hicieron su parte. La pregunta pendiente no es qué más deben demostrar las universidades para merecer el financiamiento público; la pregunta es qué más necesitan demostrar ustedes para merecer el país que ellas ayudaron a construir.