Costa Rica atraviesa un momento político que exige reflexión urgente, profunda y responsable. Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial —incluyendo acusaciones de “golpe de Estado”, cuestionamientos a la Sala Constitucional y la negativa de actores políticos a acatar resoluciones judiciales— han encendido alarmas sobre la salud institucional del país. No se trata de un episodio aislado, sino de un síntoma de transformaciones más amplias en la forma en que entendemos la democracia, los derechos humanos y la justicia social en el siglo XXI.
Democracia: mucho más que votar
La democracia no es únicamente un sistema electoral. Es un ecosistema institucional que depende de la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, la participación ciudadana y la vigencia efectiva de los derechos humanos. Cuando uno de estos pilares se debilita, la democracia no colapsa de inmediato, pero sí pierde densidad, se vuelve más vulnerable a la arbitrariedad y menos capaz de proteger a quienes más dependen de ella.
En las últimas semanas, el debate público costarricense se ha desplazado hacia cuestionamientos directos a la legitimidad del Poder Judicial. La discusión sobre los nombramientos de magistrados suplentes, las acusaciones de usurpación de funciones y la intención de denunciar penalmente a jueces por decisiones constitucionales son señales de una fricción institucional que, si no se atiende con responsabilidad, puede erosionar irreparablemente la confianza ciudadana en el Estado de derecho e incluso afectar la identidad nacional costarricense.
La democracia, en su sentido más profundo, requiere que los poderes del Estado se reconozcan mutuamente como límites y contrapesos. Cuando un poder intenta subordinar a otro, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas y se convierte en un campo de disputa por la hegemonía.
La gentrificación de los derechos humanos: cuando lo universal se vuelve exclusivo
El concepto de gentrificación de los derechos humanos, desarrollado por A. Fagan, describe el proceso mediante el cual los derechos —que deberían ser universales— se transforman en bienes simbólicos y materiales accesibles principalmente para ciertos grupos sociales. Es una metáfora poderosa: así como la gentrificación urbana desplaza a poblaciones vulnerables de espacios que antes les pertenecían, la gentrificación de los derechos humanos expulsa a sectores sociales completos del acceso real a la justicia, la seguridad, la salud, la vivienda y la participación política.
En Costa Rica, este fenómeno se manifiesta de manera clara y se agrava con el debilitamiento del Poder Judicial:
- Debilitamiento del Poder Judicial. La crisis institucional afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para garantizar derechos fundamentales. La incertidumbre sobre nombramientos, la presión política y la deslegitimación discursiva generan un entorno donde quienes tienen menos recursos son quienes más pierden.
- Derechos fundamentales convertidos en privilegios. Las narrativas que presentan la defensa de derechos como “obstáculos” para la seguridad o la eficiencia estatal contribuyen a que garantías como el debido proceso, la libertad de expresión, la salud o la protección judicial se perciban como beneficios de élites, no como derechos universales.
- Privatización de la protección estatal. Cuando el Estado se debilita, quienes pueden pagar recurren a abogados, seguridad privada, servicios médicos privados y redes de influencia. Quienes no pueden —la mayoría— quedan expuestos a la vulnerabilidad institucional. La gentrificación de los derechos humanos no es un concepto abstracto: es una redistribución regresiva del acceso a la protección estatal, replicada actualmente en diversos modelos de gobierno a nivel mundial.
Clases baja y media baja: las más afectadas por la erosión institucional
Costa Rica ha sostenido su democracia gracias a una clase media amplia, educada y participativa. Sin embargo, en los últimos años, esa clase media —especialmente su segmento más bajo— ha experimentado presiones económicas intensas, inseguridad laboral, falta de acceso a servicios básicos y debilitamiento de servicios públicos. Todo esto ha gentrificado sus derechos humanos, exacerbando tres riesgos principales:
- Menor acceso a la justicia. Los conflictos laborales, de consumo, de vivienda y de seguridad dependen de un Poder Judicial funcional. Si la justicia se vuelve más lenta o más politizada, quienes no pueden pagar asesoría privada quedan desprotegidos.
- Mayor exposición a narrativas punitivas. Las políticas de mano dura suelen recaer desproporcionadamente sobre sectores populares, mientras que las élites tienen más herramientas para evitar impactos directos.
- Desconfianza generalizada en el Estado. La erosión institucional alimenta la percepción de que “el sistema no funciona”, debilitando la cohesión social, la participación democrática y el sentido de pertenencia nacional. En términos de Fagan, la democracia pierde su capacidad de ser un proyecto compartido y se convierte en un espacio donde los derechos se distribuyen según la posición social. Esto genera conflicto, nos divide y nos simplifica en etiquetas —“jaguar”, “opositor”— o en símbolos de estatus como el carro que manejamos o la zona donde vivimos.
Costa Rica necesita urgentemente un consenso democrático renovado
El país no está ante un colapso democrático, pero sí ante una alerta estructural como nunca antes. La confrontación entre poderes no debe resolverse con más confrontación, sino con un compromiso respetuoso con los principios que han sostenido la democracia costarricense durante décadas:
- Respeto a la separación de poderes.
- Independencia judicial como garantía de derechos.
- Diálogo político informado y responsable.
- Protección de los derechos humanos como base del pacto social.
- Participación ciudadana y transparencia institucional.
Costa Rica ha demostrado históricamente que puede resolver crisis institucionales mediante el diálogo y el fortalecimiento del Estado de derecho. Hoy, ese camino vuelve a ser necesario más que nunca.
Los derechos humanos no pueden ser un lujo
La democracia costarricense no se defiende solo en las urnas, sino en la vida cotidiana: en la capacidad de las instituciones para proteger a quienes más dependen de ellas. También se defiende combatiendo la violencia política en la Asamblea, pero también en redes sociales.
La gentrificación de los derechos humanos es una amenaza silenciosa, pero reversible. Va más allá de partidos políticos; es un síntoma de un sistema económico global que no espera a nadie.
Requiere reconocer que los derechos no son privilegios, que la justicia no es negociable y que la democracia es un proyecto vivo que se construye entre todos.
Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de fortalecer su institucionalidad, renovar su pacto democrático y evitar que los derechos humanos se conviertan en bienes exclusivos. Ese es el desafío del momento.