El fenómeno de El Niño ya está impactando a Costa Rica, con sus efectos más severos previstos para diciembre, justo al inicio de la estación seca. La costa pacífica —y en particular Guanacaste, una provincia que arrastra estrés hídrico estructural desde hace años— enfrentará meses de sequía intensificada, con consecuencias directas sobre el agua potable, la producción agropecuaria, la salud pública y la economía turística. Esta no es una amenaza abstracta ni lejana: es una crisis con fecha y con territorio, y pondrá a prueba tanto a la infraestructura del país como a la calidad de sus instituciones democráticas.
Gestionar una emergencia de esta escala en democracia —a diferencia de una autocracia, donde basta con la orden de un solo centro de poder— requiere atributos específicos. El primero es la comunicación transparente y técnica: información oportuna, verificable y sin ruido político, que permita a la ciudadanía entender qué se está haciendo y qué se espera de ella. El segundo es la rendición de cuentas: autoridades nacionales y municipales que respondan a sus comunidades por sus planes de contingencia y por los resultados obtenidos alineados con las intenciones anunciadas. El tercero es la subsidiariedad: decisiones tomadas en el nivel más cercano posible al problema, con gobiernos locales dotados de autonomía real más allá de una responsabilidad simbólica. Y el cuarto es la participación ciudadana genuina, donde las comunidades no son receptoras pasivas de ayuda, sino co-responsables activas del diseño de soluciones y gestión de satisfacción de sus propias necesidades.
La preparación efectiva combina varios frentes simultáneos. En lo técnico: sistemas de alerta temprana y monitoreo hídrico cantonal, planes de contingencia agrícola y ganadera diseñados con meses de anticipación, y refuerzo de la capacidad hospitalaria y de atención primaria en zonas rurales, donde la brecha de acceso ya es crítica. En lo financiero: presupuestos municipales protegidos y efectivamente ejecutables para obras de mitigación —pozos, embalses, sistemas de distribución de agua— en lugar de fondos que se anuncian pero no se desembolsan. En lo institucional: protocolos claros de coordinación entre gobierno central, municipalidades, instituciones autónomas y asociaciones comunales, que eviten tanto la duplicidad de esfuerzos como los vacíos de responsabilidad cuando algo falla. Y en lo social: organización comunitaria previa junto con comités locales, redes vecinales de alerta y cooperación entre productores que funcione como primera línea de respuesta antes de que llegue cualquier ayuda externa.
El modelo ideal no es centralizado ni reactivo, sino descentralizado, anticipatorio y basado en evidencias. Supone gobiernos locales con recursos y autoridad suficientes para actuar sin depender de cada decisión del nivel central; comunidades informadas que participan en el diseño de las soluciones que las afectan directamente; y una ciudadanía vigilante, capaz de exigir cuentas cuando la preparación resulte insuficiente. En ese modelo, la crisis climática no debilita la institucionalidad democrática: la fortalece, porque obliga a que la transparencia, la coordinación y la autonomía local dejen de ser principios abstractos y se conviertan en capacidad instalada, medible y puesta a prueba cuando más se necesita.
Se viene El Niño más intenso de la historia registrada. Se vislumbra la democracia a la vista para hacerle frente.
Artículo basado en el episodio 329 de Diálogos con Álvaro Cedeño titulado “Democracia a la vista”.
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