Gremio alerta que, mientras Costa Rica sigue registrando cerca de 900 homicidios al año, el Poder Judicial enfrenta recortes por ₡21.000 millones.
En un momento en que el crimen organizado mantiene bajo presión al país y la violencia continúa golpeando a las comunidades, debilitar las instituciones encargadas de impartir justicia representa un riesgo para la seguridad nacional. Así lo advierte el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS), al manifestar su profunda preocupación por las reducciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial.
El gremio recordó que los recortes acumulados para el bienio 2025-2026 ascienden a ₡21.000 millones, una situación que, según ha advertido el propio Poder Judicial, podría afectar la capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Ministerio Público, la atención a las víctimas, la reducción del rezago judicial y las acciones dirigidas a combatir el crimen organizado.
“La seguridad ciudadana no depende únicamente de más policías o de leyes más severas. También requiere instituciones sólidas, con recursos suficientes para investigar los delitos, garantizar justicia y proteger a la población”, señala el ente gremial.
La preocupación cobra mayor relevancia en un contexto donde Costa Rica registró más de 900 homicidios en 2023, mientras que en 2024 y 2025 las cifras se mantuvieron cerca de los 900 asesinatos anuales, muy por encima de los niveles observados hace una década.
Aunque durante 2026 se proyecta una disminución, el crimen organizado continúa siendo el principal responsable de la violencia letal, al estar vinculado con seis de cada diez homicidios ocurridos en el primer cuatrimestre del año.
El COLTRAS enfatiza que enfrentar esta realidad exige una visión integral. A su criterio, la violencia no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial o represiva, pues también responde a factores como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la informalidad laboral, las brechas territoriales y la falta de oportunidades, condiciones que favorecen el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales.
Asimismo, recordó que el Informe Estado de la Justicia 2025 evidenció que entre 2019 y 2024 se aprobaron 46 leyes en materia de seguridad, ampliando las responsabilidades del sistema de justicia sin asignarle los recursos necesarios para cumplirlas.
“Fortalecer el marco legal sin fortalecer las instituciones, termina debilitando la capacidad del Estado para responder a la criminalidad”, advierte el COLTRAS.
El ente gremial también destaca que el Poder Judicial ha mantenido niveles de ejecución presupuestaria superiores al 95 % en los últimos años, lo que demuestra una utilización eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, el Colegio de Trabajadores Sociales hace un llamado a que las decisiones sobre el financiamiento de las instituciones responsables de la administración de justicia, respondan a criterios técnicos y al interés nacional, considerando su impacto sobre la seguridad ciudadana, la protección de las víctimas y la defensa del Estado Social de Derecho.