La manifestación en defensa de la institucionalidad democrática del 6 de agosto pasado ha tomado a todos por sorpresa, a todos. Demuestra una vez más que el país cuenta con una reserva moral y política preocupada por la justicia, la división de poderes y el rumbo político del país. No es poca cosa que, en medio de la confrontación constante entre los Poderes de la República, miles de personas hayan decidido salir de sus casas y encontrarse en el espacio público.
Para muchas de las personas que participaron, la marcha también tuvo un efecto reparador: confirmó que no están solas. Dio ánimo a quienes perciben un deterioro institucional y buscan formas de contenerlo.
Ahora, necesitamos ir más allá. No confundamos ese encuentro, por concurrido y esperanzador que haya sido, con la existencia de un movimiento popular. Un movimiento social no nace porque alguien lo bautice, redacte un manifiesto o diseñe una estructura. Primero aparece una necesidad y un interés compartido, una experiencia que reúne a personas distintas, una pulsión vital que busca expresarse.
Una manifestación puede reunir a quienes ya están convencidos. Un movimiento, en cambio, necesita alcanzar a quienes todavía no sienten que esa causa les pertenece. Ese es el desafío que tenemos delante.
Escuchar
No se puede construir una agenda popular sin escuchar a la gente. Tampoco se puede suponer que quienes contamos con formación política, académica o profesional conocemos de antemano las preocupaciones del resto de la sociedad.
¿Podemos dejar las redes sociales por un rato? Hay que acercarse a los barrios, los centros de trabajo, las comunidades rurales, las ferias, los mercados y los espacios donde las personas intentan resolver diariamente su existencia. Hay que preguntar y, sobre todo, estar dispuestos a recibir respuestas que quizá no coincidan con nuestras prioridades o conceptos. Nos urge abrir conversaciones que nos acerquen. Cara a cara.
¿Cómo abordamos la brecha que se ha generado entre las instituciones y las personas? La independencia judicial y la división de poderes son conceptos lejanos en una vida cotidiana marcada por la precarización y la subsistencia.
Para quien no sabe si podrá pagar el recibo del agua o el de la electricidad, ¿qué contenido concreto tiene la democracia? ¿Cómo se hace presente en su vida? Al país lo sostiene una clase trabajadora sometida a largas jornadas, que recibe un salario insuficiente, que carece de seguridad social o que pasa de un empleo a otro sin acumular experiencia, estabilidad ni derechos.
No se trata de abandonar la defensa de las instituciones. Se trata de comprender que la democracia debe poder tocar el suelo. Volar bajo. La democracia es alimentación, trabajo, vivienda, tiempo disponible, acceso a servicios públicos de calidad y la posibilidad de imaginar un futuro. Si esas cosas escasean es porque la democracia es escasa.
El lenguaje concreto del oficialismo
El oficialismo ha comprendido, a su manera, esa necesidad de hablar de asuntos reconocibles. Su narrativa menciona la corrupción de gobiernos anteriores, el nepotismo, los privilegios, las pensiones, los salarios elevados y la permanencia de “los mismos de siempre” en los espacios de decisión.
Podemos cuestionar el uso selectivo de esos temas, sus exageraciones y la manera en que se emplean para desacreditar controles institucionales. Sin embargo, sería un error ignorar que esa narrativa se alimenta de experiencias reales de frustración y desigualdad. A una acusación concreta no basta con responder únicamente mediante una explicación constitucional.
Cuando la institucionalidad es defendida principalmente por dirigentes políticos, profesionales, funcionarios públicos y sectores universitarios, fácilmente se instala la impresión de que ciertos grupos están protegiendo su lugar dentro del sistema. El mismo sistema que le ha fallado a las mayorías.
Si queremos defender las instituciones, también debemos estar dispuestos a examinar los privilegios que existen dentro de ellas. La defensa de la democracia no puede convertirse ni en una defensa automática de lo establecido, ni en la recuperación de un pasado supuestamente mejor. Una institucionalidad democrática merece ser protegida precisamente para poder corregir desigualdades, ampliar derechos y someter el poder —cualquier poder— a límites y responsabilidades.
Salir del circuito interno
Las universidades públicas, las ciencias sociales y los sectores progresistas tienen una responsabilidad particular. Durante años se han producido investigaciones sobre desigualdad, trabajo, exclusión, organización comunitaria y movimientos sociales. Sin embargo, buena parte de ese conocimiento circula dentro de espacios académicos cada vez más especializados y burocratizados.
Necesitamos universidades cercanas a las experiencias sociales, no solamente universidades que hablen sobre ellas. Necesitamos investigadores dispuestos a acompañar procesos, compartir herramientas y aprender de conocimientos que no nacen en las aulas.
Lo mismo puede decirse de los progresismos. No basta con formular diagnósticos correctos que solo les hablan a personas que comparten una sensibilidad semejante. Si nuestro lenguaje solo resulta comprensible dentro de nuestros propios círculos, no estamos construyendo una conversación pública: estamos hablando entre nosotros. Hemos sido capturados por los algoritmos.
Necesitamos encontrar palabras que le den un lugar al otro. Salir de esos círculos y escuchar a las comunidades sin una respuesta previamente elaborada. No se trata de ir a explicarles a las personas cuáles deberían ser sus problemas, sino de comprender cómo nombran ellas lo que viven y qué soluciones ya están ensayando.
Movilizar desde las potencialidades
La defensa de las instituciones no será suficiente si no se construyen alternativas socioeconómicas que amplíen el bienestar de las mayorías.
Estamos atravesando una transformación profunda del mundo del trabajo, una precarización creciente y una crisis ambiental que condicionará toda posibilidad de bienestar. Frente a ello existen experiencias de economía solidaria, producción alimentaria local, mercados comunitarios, agroecología, trabajo artesanal y recuperación de oficios. Son esfuerzos pequeños y dispersos, muchas veces sostenidos por personas que trabajan casi sin acompañamiento.
Por sí solas, esas experiencias no resolverán los problemas estructurales del país. Pero contienen aprendizajes sobre cooperación, producción, intercambio y autonomía que podrían formar parte de una agenda democrática más amplia. Son semilla.
Desde un libro hasta una barra de cacao, desde una prenda de vestir hasta una cerveza artesanal, existe un campo productivo que puede generar trabajo, conocimiento acumulado y vínculos comunitarios. Fortalecerlo exige articulación, políticas públicas, investigación y redes capaces de superar el aislamiento local. Trabajar en esa dirección es un acto de solidaridad con el país que puede regenerar nuestros territorios.
Un movimiento popular no puede limitarse a defender lo que existe ni a esperar la próxima amenaza institucional para salir a la calle. Debe crear condiciones para que las personas puedan vivir mejor. Debe ofrecer espacios donde la democracia deje de ser solamente una palabra y se convierta en una experiencia concreta de participación, cooperación y dignidad.
Vayamos a las comunidades. Escuchemos y articulemos desde las necesidades y los esfuerzos de las personas, no desde los altares de nuestras ideas. Un movimiento comienza cuando la gente reconoce en una causa algo que también habla de su propia vida.