¿Qué hacemos cuando una ciudad necesita recuperar sus espacios públicos, pero las personas que los ocupan no tienen otro lugar donde vivir?
Esta pregunta obliga a mirar la situación de calle más allá de la seguridad, el orden urbano o la asistencia social. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de política pública queremos construir para una de las expresiones más visibles de la exclusión social.
En Costa Rica hubo un momento importante en esta discusión. Durante la Administración de Luis Guillermo Solís Rivera, en 2016, se oficializó la Política Nacional para la Atención a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016-2026. La política fue elaborada desde el Consejo Presidencial Social, con participación de instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, y fue declarada de interés público y de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo.
En ese proceso tuvo un papel político destacado la entonces vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, quien aparece como testigo de honor en el decreto que oficializó la política.
Lo relevante de aquel momento no fue únicamente la creación de un documento institucional. Fue el cambio en la manera de entender el problema.
La situación de calle comenzó a ser abordada como una realidad compleja y multifactorial, vinculada con la pobreza, la desigualdad y la vulneración de derechos, que requería respuestas intersectoriales e interinstitucionales. La política estableció, además, que las municipalidades debían ser parte de la respuesta: una directriz posterior las invitó expresamente a ejecutar los planes de acción de la política nacional.
Ese antecedente resulta especialmente relevante hoy, cuando Costa Rica vuelve a discutir cómo responder ante la presencia de personas en situación de calle en los espacios públicos.
La Administración de Laura Fernández llega en un contexto diferente y con una agenda en la que la seguridad y el combate al crimen organizado ocupan un lugar central. El Gobierno ha presentado, por ejemplo, un paquete de iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la respuesta frente a la delincuencia y el crimen organizado.
Pero reconocer la importancia de la seguridad no debería obligarnos a escoger entre seguridad y derechos humanos.
Las municipalidades tienen la responsabilidad de garantizar que parques, aceras y demás espacios públicos sean seguros y utilizables por todas las personas. Sin embargo, recuperar esos espacios no puede significar simplemente trasladar el problema de un lugar a otro.
Una ciudad segura también debe saber qué hacer con las personas que viven en ella en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Por eso resulta fundamental que la Municipalidad de San José participe activamente en esta discusión. No como una institución encargada únicamente de retirar personas de los espacios públicos, sino como parte de una red local capaz de articular respuestas con el Gobierno Central, el IMAS, la CCSS, el IAFA, organizaciones sociales y las propias comunidades, así como el Poder Ejecutivo.
San José ya cuenta con experiencia institucional que no deberíamos desconocer. El Centro Dormitorio Municipal, por ejemplo, representa un esfuerzo por brindar servicios básicos y condiciones de atención a personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente dónde colocamos a las personas que hoy están en la calle.
La pregunta debería ser: ¿cuál es la ruta que les ofrecemos para dejar de estar en ella?
Esa ruta requiere mucho más que un espacio para dormir. Requiere atención en salud, higiene, alimentación, documentación, acompañamiento social, atención de las problemáticas que puedan estar asociadas a cada caso, oportunidades de capacitación e inserción laboral y, sobre todo, alternativas de vivienda y autonomía cuando estas sean posibles.
Por eso también debemos medir resultados.
¿Cuántas personas fueron atendidas? ¿Cuántas lograron acceder a servicios de salud? ¿Cuántas recuperaron su documentación? ¿Cuántas encontraron una alternativa habitacional? ¿Cuántas lograron incorporarse a procesos de capacitación o empleo? ¿Cuántas lograron salir de la situación de calle?
Estas preguntas permiten pasar de una política basada solamente en la presencia institucional a una política basada en resultados.
No se trata de desconocer las necesidades de las comunidades ni el derecho de todas las personas a disfrutar de espacios públicos seguros. Se trata de entender que la recuperación del espacio público y la protección de las personas en situación de calle pueden, y deben formar parte de una misma política.
San José necesita seguridad. Necesita espacios públicos recuperados. Pero también necesita una política que sepa qué hacer con quienes han quedado fuera de las redes familiares, económicas y sociales.
Por eso hago un llamado a recuperar el trabajo colaborativo que ya existe en la ciudad y a fortalecer las redes locales de atención. También a retomar una visión nacional articulada que coloque en el centro a la salud, incluida la salud mental, la protección de derechos y la posibilidad real de construir nuevas oportunidades de vida.
Una ciudad no debería limitarse a esconder la pobreza para que deje de verse. Una ciudad verdaderamente justa debe tener la capacidad de transformarla.
Ese debería ser el desafío de San José.