Cada año, la formulación del Presupuesto de la República vuelve a colocar en el centro de la discusión pública una pregunta inevitable: ¿cuánto dinero necesita el Estado para funcionar? El proceso de formulación presupuestaria 2027 ofrece una nueva oportunidad para plantear una pregunta adicional, quizás menos frecuente, pero igualmente importante: ¿qué resultados esperamos obtener con esos recursos y cuánto le cuesta al Estado producirlos?
Hablar de presupuesto es indispensable. Los recursos públicos permiten financiar hospitales, centros educativos, seguridad, infraestructura, programas sociales y muchas otras intervenciones que inciden directamente en la vida de las personas. Sin embargo, el presupuesto es un medio y no el punto de partida de la gestión pública. Antes de asignar recursos debería existir claridad sobre los problemas que se quieren atender, los resultados que se pretenden alcanzar y la población que se espera beneficiar. Esa es precisamente una de las funciones fundamentales de la planificación.
En términos simples: primero debemos definir hacia dónde queremos ir y después determinar qué recursos necesitamos para llegar.
El problema surge cuando invertimos esa lógica. Buena parte de la discusión sobre la gestión pública termina concentrándose en cuánto presupuesto recibió una institución, cuánto aumentó o disminuyó respecto del año anterior y qué porcentaje logró ejecutar. Son preguntas necesarias, pero insuficientes. Una institución puede ejecutar un porcentaje muy alto de sus recursos y, aun así, no alcanzar los resultados esperados.
Por eso, ejecutar presupuesto no debería confundirse con generar resultados.
Una gestión verdaderamente orientada a resultados requiere conectar tres preguntas: ¿qué queremos lograr?, ¿cuánto nos cuesta lograrlo? y ¿qué resultados estamos obteniendo? La planificación debería responder principalmente a la primera; el presupuesto debe aportar los recursos necesarios; y el seguimiento y la evaluación deben permitir determinar si la intervención efectivamente produjo los cambios esperados.
Aquí aparece otro desafío para la gestión pública costarricense: conocer con mayor precisión cuánto cuesta producir los bienes y servicios que entrega el Estado y relacionar esos costos con los resultados obtenidos. Saber cuánto gasta un programa es importante, pero no necesariamente nos dice cuánto cuesta cada uno de sus productos ni permite determinar si los recursos están siendo utilizados de la manera más eficiente.
Avanzar en sistemas de contabilidad de costos y vincular esa información con los indicadores de desempeño permitiría enriquecer considerablemente la toma de decisiones. Ya no discutiríamos únicamente cuánto presupuesto requiere una institución, sino cuánto cuesta producir determinado servicio, cómo ha evolucionado ese costo, qué resultados genera y si existen oportunidades para utilizar mejor los recursos.
Esto no significa que la respuesta sea siempre gastar menos. Una política pública puede requerir mayores recursos y estar plenamente justificada si demuestra resultados relevantes para la sociedad. La finalidad es contar con mejor información para decidir dónde invertir, qué fortalecer, qué corregir y, eventualmente, qué intervenciones deben replantearse.
En un contexto de recursos limitados y necesidades crecientes, Costa Rica necesita avanzar de una conversación centrada predominantemente en el gasto hacia otra enfocada en el valor público. La discusión del presupuesto para 2027 puede ser una oportunidad para hacerlo.
Después de todo, la pregunta más importante no debería ser solamente cuánto gasta el Estado, sino qué resultados obtiene la ciudadanía con esos recursos y cuánto nos cuesta producirlos.