A raíz de la resolución de la Sala Constitucional que prorrogó provisionalmente los nombramientos de las magistraturas suplentes, el pasado 31 de julio la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la decisión como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Más allá del debate político y de unas declaraciones que analizo sin conocer todavía el texto íntegro de la resolución, quienes valoramos la democracia costarricense debemos evitar caer en la tentación de convertir un conflicto entre poderes en una crisis del sistema democrático.
Costa Rica construyó su identidad política sobre una convicción sencilla, pero extraordinaria: ningún poder del Estado debe estar por encima de los demás.
No es una idea reciente. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de 1821, conocido como el Pacto de Concordia, el país apostó por organizar el poder mediante reglas y no mediante la voluntad de una sola persona. Aquella primera Constitución fue provisional, pero estableció un principio que sobrevivió en las cartas fundamentales posteriores: el poder debe tener límites.
Ese principio encontró una de sus pruebas más importantes en 1889. Tras unas elecciones cuyos resultados favorecieron al opositor José Joaquín Rodríguez, el Gobierno pretendió imponer a Ascensión Esquivel. Ante la movilización popular que exigía respetar los resultados, el presidente Bernardo Soto Alfaro dejó el poder en manos de Carlos Durán, en lugar de desatar una guerra. Aquel episodio se recuerda como un hito en la consolidación de nuestra tradición democrática y dio origen, décadas después, a la conmemoración del Día de la Democracia Costarricense cada 7 de noviembre. Quienes estudiamos en la histórica “escuela verde” de Alajuela —en mi caso, con mi muy querida niña Rosita Arrieta— aprendimos desde niños que la democracia no consiste en que un bando gane, sino en que todos acepten las reglas del juego.
Por eso resulta preocupante que el lenguaje político evolucione hacia la descalificación de los otros poderes del Estado. Criticar las decisiones de la Sala Constitucional, de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo es perfectamente legítimo. Sugerir, sin el debido sustento, que el ejercicio de las competencias constitucionales equivale a un golpe de Estado implica elevar el conflicto político a un terreno mucho más peligroso: el de la deslegitimación institucional.
Escribo esto también desde una historia familiar.
Soy descendiente de inmigrantes catalanes, cubanos y venezolanos. Mi familia paterna conoció el franquismo en España. Vivió la Cuba de Fulgencio Batista y, posteriormente, el exilio provocado por la revolución castrista. Más recientemente, vio el deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela.
Esas experiencias ocurrieron bajo ideologías de derecha e izquierda y en contextos históricos muy diferentes. Sin embargo, todas comparten la misma lección: las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Primero se debilitan los contrapesos. Se desacredita a los tribunales. Se presenta a las instituciones como obstáculos para gobernar. Se normaliza la concentración del poder. Cuando la ciudadanía comprende lo ocurrido, recuperar la democracia suele ser mucho más difícil que perderla.
Costa Rica no es un país perfecto. Nuestro Poder Judicial puede y debe mejorar, y debemos exigirle transparencia y celeridad en sus resoluciones. La Asamblea Legislativa merece críticas. El Poder Ejecutivo también debe rendir cuentas. Precisamente porque ninguna institución es infalible, necesitamos que todas existan, se controlen mutuamente y respeten los límites que la Constitución les impone.
La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos entre poderes, sino por su capacidad para resolverlos dentro del marco constitucional.
Los costarricenses podemos y debemos discrepar con vehemencia. Lo que no podemos permitirnos es romper el pacto que nos distingue desde hace más de dos siglos. Porque, cuando los poderes del Estado dejan de verse como adversarios institucionales y empiezan a tratarse como enemigos, quien termina perdiendo no es un gobierno, un tribunal ni un partido político.
Quien pierde es Costa Rica.