El régimen de zona franca costarricense generó 197.038 empleos directos en 2024, de los cuales 119.982 —seis de cada diez— correspondieron al sector servicios. El informe Zona Franca: 35 años construyendo valor para Costa Rica, presentado en agosto de 2025 por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), registra 626 empresas —el 67% de ellas, de servicios—, un aporte equivalente al 15% del PIB y salarios cercanos al doble del promedio nacional. Es la parte más valiosa del aparato productivo del país y, a la vez, la más silenciosa en la conversación sobre inteligencia artificial.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, presentada el 24 de octubre de 2024, convirtió a Costa Rica en el primer país centroamericano con una política pública de IA. La estrategia se estructura en siete ejes y declara alinearse con la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO y con los principios de la OCDE. Es un documento cuidadoso, mejor que casi todo lo que ha producido la región. La pregunta no es si está bien hecho, porque lo está, sino si abarca todo lo que el país necesita examinar.
Sus ejes retratan una economía que adopta inteligencia artificial, pero Costa Rica también exporta el tipo de trabajo que la tecnología ha aprendido a hacer. En 2025, los servicios empresariales fueron el segundo rubro exportador, con el 21% del total de bienes y servicios; los servicios de telecomunicaciones, informática e información aportaron el 8%, y los servicios sin viajes sumaron 12.512 millones de dólares, según Procomer y el Banco Central de Costa Rica. Esa posición se construyó sobre talento bilingüe, coincidencia horaria con su principal mercado y costos competitivos. Y entre las tareas con mayor exposición a la IA generativa están precisamente algunas de carácter cognitivo, digitalizado y estandarizado: la gestión de un tíquet de primer nivel, la conciliación contable o el informe elaborado a partir de una plantilla. Es, en buena medida, la misma capa.
Hay una señal que conviene leer con cuidado. Un análisis de Sandro Zolezzi Hernández, muestra que la tasa de crecimiento anual compuesta del empleo directo en los servicios del régimen pasó del 13,65 % entre 2020 y 2022 al 1,13 % entre 2022 y 2024, mientras la productividad estimada se recuperaba de 64.200 a 70.100 dólares por persona. El análisis vincula la desaceleración principalmente con el ajuste posterior a la contratación anticipada durante la pandemia; no establece una relación causal con la IA, aunque sí sitúa la automatización entre los factores del nuevo contexto. Conviene subrayarlo: una cosa es la forma de la curva y otra, su causa. Pero la curva tiene esa forma. ¿Qué indicadores permitirían distinguir hoy un ajuste cíclico de un cambio estructural?
El Atlas de Complejidad Económica del Growth Lab de la Universidad de Harvard ayuda a pensarlo. Su índice mide la sofisticación del conocimiento productivo incorporado en las exportaciones; está relacionado con el nivel de ingreso per cápita y, según sus autores, predice el crecimiento futuro mejor que varios indicadores tradicionales de capital humano, gobernanza o competitividad. En la actualización con datos de 2024, Costa Rica conserva una mejor posición que Guatemala en el índice. Sin embargo, la proyección de crecimiento anual es del 2,11% para Costa Rica y del 2,77% para Guatemala. Zolezzi ha explicado por qué estos resultados exigen una lectura cuidadosa: el cálculo tradicional se construye a partir del comercio de bienes, de modo que los servicios modernos no quedan plenamente capturados; y es justamente ahí donde Costa Rica lidera la región. ¿Cómo se orienta una economía cuya parte más sofisticada no cabe en la métrica?
Ricardo explicó la ventaja comparativa por diferencias relativas de productividad y costos de oportunidad. Más tarde, Heckscher y Ohlin la relacionaron con la dotación de factores, como la tierra, el trabajo y el capital. Hausmann e Hidalgo desplazaron la atención hacia el conocimiento productivo acumulado: algo que se construye y que, por lo tanto, también puede erosionarse. Una población bilingüe, formada durante décadas para un mercado específico, no es un atributo, sino una capacidad; y las capacidades valen mientras el entorno las siga demandando en las mismas condiciones.
Ahí la transformación digital deja de ser un capítulo de la estrategia y se convierte en el factor que traduce la dotación en resultados. Costa Rica tiene esa dotación: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y la CEPAL, la ubicó en el quinto lugar de la región, con 53,83 puntos sobre 100, y la identificó como el país con mayor penetración de habilidades en IA entre sus profesionales, con un valor que duplicaba el del país ubicado en segundo lugar. El mismo informe recuerda que América Latina concentra el 6,6% del PIB mundial y el 8,8% de la población, pero apenas el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial. En otras palabras: profesionales preparados para operar herramientas diseñadas en otra parte. Esa distancia marca la diferencia entre adoptar y transformar.
El horizonte de la ENIA llega hasta 2027 y abre espacio para tres preguntas. ¿Conviene medir la exposición, además de la adopción, en el nivel de las tareas y no solo en el de los sectores? ¿Con qué criterio se evaluará el futuro Centro Nacional de Excelencia en IA, cuya creación prevé el plan de acción: por su producción académica o por su capacidad para impulsar a las empresas hacia eslabones de mayor valor? ¿Siguen siendo útiles las metas de empleo que las empresas asumen en sus acuerdos ejecutivos de zona franca, ahora que un mayor valor exportado puede crecer sin que el empleo lo haga al mismo ritmo?
Ninguna tiene una respuesta obvia, y esa es precisamente la razón para formularlas ahora. Costa Rica hizo lo difícil: llegar primero y hacerlo con un documento sólido. Lo que sigue no es corregirlo, sino ampliar su alcance para incorporar la pregunta que ninguna estrategia de adopción responde por sí sola.