Hay una contradicción que debería inquietarnos profundamente como sociedad. Nunca Costa Rica había contado con un marco jurídico tan amplio para proteger a la niñez y la adolescencia. Nunca habíamos tenido tantos instrumentos internacionales, leyes nacionales, instituciones especializadas y discursos públicos sobre derechos humanos. Sin embargo, mientras los derechos se fortalecen en el papel, las condiciones reales de vida de miles de niños, niñas y adolescentes se deterioran o permanecen estancadas.
La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero invertimos. La verdadera pregunta es qué tipo de seres humanos estamos acompañando en su proceso de formación. Según el informe La Deuda de Costa Rica con sus Niños, Niñas y Adolescentes, más de 557.000 personas menores de edad se encuentran en condición de pobreza básica o pobreza extrema. De ellas, aproximadamente 290.000 viven en pobreza extrema. Estamos hablando de cientos de miles de niños y adolescentes cuyo desarrollo ocurre en contextos donde satisfacer necesidades básicas sigue siendo una lucha cotidiana.
La cuestión es simple: Costa Rica transita un grosero y desafortunado camino de abandono y desamparo progresivo de sus infancias y juventudes. El debilitamiento del cuidado, la protección y la inversión social no solo afecta su bienestar presente, sino que compromete gravemente el futuro de miles. En otras palabras, una sociedad que permite que sus niños crezcan entre pobreza, violencia, negligencia y exclusión está formando generaciones de adultos cargados de heridas, traumas y limitaciones que terminarán debilitando al propio Estado y a la democracia que dice defender.
Pero la pobreza no es únicamente falta de ingresos. La pobreza limita oportunidades educativas, deteriora la salud, restringe las posibilidades de recreación, incrementa la exposición a la violencia y reduce las expectativas de movilidad social. Cuando la pobreza afecta a un niño, no estamos observando solamente una privación económica del presente; estamos presenciando una reducción sistemática de sus posibilidades futuras.
La evidencia sobre violencia y vulneración de derechos es apabullante. Los datos del Patronato Nacional de la Infancia reportaron más de 59.000 situaciones relacionadas con omisiones que afectan el desarrollo integral y más de 44.000 casos de negligencia. A esto se suman cerca de 10.000 denuncias por maltrato físico, más de 12.000 por maltrato emocional y miles de reportes asociados a abuso sexual. Por su parte, los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social documentaron más de 11.000 atenciones vinculadas a abuso sexual en personas menores de edad durante 2024.
Detrás de esas cifras hay personas vulnerables, invisibilizadas, que cargarán con esas consecuencias hasta su vida adulta. Las experiencias adversas tempranas aumentan significativamente los riesgos de depresión, ansiedad, intentos suicidas, consumo problemático de sustancias, enfermedades crónicas, dificultades educativas, desempleo y problemas para construir vínculos afectivos saludables durante la vida adulta. Por ello, la pregunta que Costa Rica debería hacerse es tan sencilla como perturbadora:
¿Qué futuro puede construir una sociedad cuando una parte importante de sus futuras generaciones está creciendo entre pobreza, violencia, abandono y desesperanza?
Como sociedad, esto no debe asumirse como una suma de problemas individuales; es un problema colectivo, ligado a la degradación del sentido de la justicia social y el bien común.
Paradójicamente, esto ocurre en un país que tiene menos niños que hace una década. Los nacimientos disminuyeron de 71.815 en 2015 a 45.825 en 2024, mientras la población menor de edad pasó de representar aproximadamente un tercio de la población nacional a cerca de una cuarta parte. En teoría, una menor cantidad de niños debería permitir mayores niveles de inversión, atención y protección por persona. Sin embargo, los datos muestran que esto no ha ocurrido.
Una parte importante de esta situación coincide con la reducción del peso relativo de la inversión social tras la aprobación de la Ley 9635 y la implementación de la regla fiscal. Datos del CINPE-UNA muestran que el gasto público social pasó de representar el 24,2% del PIB en 2020 al 23,4% en 2021 y al 21,2% en 2022. Informes recientes del Estado de la Nación también han advertido sobre la pérdida de prioridad relativa de sectores fundamentales como educación, salud y programas sociales.
La educación es probablemente el caso más visible. Actualmente, la inversión educativa se redujo hasta niveles cercanos al 5,7% en 2023. Simultáneamente, disminuyeron programas de apoyo estudiantil y mecanismos compensatorios dirigidos a poblaciones vulnerables. Las coberturas de la Red de Cuido apenas ronda el 8% de la población potencial. Esto significa que la enorme mayoría de niños y niñas que podrían beneficiarse de estos servicios permanece excluida de ellos.
Por supuesto, sería simplista atribuir todos estos problemas exclusivamente a una política fiscal o a un gobierno específico. Las causas son más profundas y acumulativas. Sin embargo, resulta imposible ignorar que, mientras las necesidades de las infancias y juventudes aumentan, la capacidad pública para responder a ellas se ha ido restringiendo progresivamente.
Garantizar el bienestar de las infancias y juventudes no significa solamente reconocer derechos. Significa hacerlos efectivos. Significa ampliar constantemente las capacidades materiales, educativas, culturales y emocionales que permiten ejercer esos derechos. Significa que cada generación tenga más oportunidades que la anterior, no menos. La verdadera discusión es cuánto le costará a Costa Rica seguir abandonando a la niñez y las juventudes. Porque cada derecho que no se garantiza hoy se convierte en una fractura social mañana.