Costa Rica abolió el ejército hace más de siete décadas, pero nunca renunció a protegerse. Lo que cambió fue la forma de hacerlo. Hoy esa decisión enfrenta una prueba distinta: el crimen organizado se mueve entre países, aprovecha la tecnología y obliga a los Estados a compartir información con mucha más rapidez. En ese escenario, el Escudo de las Américas puede ser una oportunidad para fortalecer la seguridad costarricense, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿puede un país sin ejército aprovechar una cooperación regional cada vez más operativa sin militarizar su modelo?
El punto de partida fue el memorándum firmado por Costa Rica y El Salvador el 11 de diciembre de 2025. El instrumento prevé cooperación frente al crimen organizado y permite equipos conjuntos de seguridad, sujetos a la soberanía y la legislación de cada país. Durante 2026, el Escudo se amplió y dejó de ser una iniciativa estrictamente bilateral. Paralelamente, Estados Unidos desarrolló otros mecanismos contra los cárteles y, desde agosto, cuenta con una fuerza conjunta del Comando Sur que trabaja con 18 países socios. No son la misma estructura que el Escudo, pero muestran una tendencia clara: la cooperación regional en seguridad se está volviendo más intensa y operativa.
Para Costa Rica, el reto no es competir con sus vecinos en número de soldados. El artículo 12 de la Constitución proscribe el Ejército como institución permanente, aunque permite organizar fuerzas militares por “convenio continental o para la defensa nacional”, siempre subordinadas al poder civil. Eso deja espacio para cooperar, pero también fija una frontera. Costa Rica puede recibir entrenamiento, compartir inteligencia, mejorar su vigilancia marítima y trabajar con países que sí tienen fuerzas armadas. Lo que no puede hacer es asumir que toda capacidad ofrecida desde el exterior encaja automáticamente en su modelo constitucional.
La pregunta relevante es si nuestras instituciones civiles pueden estar a la altura. Fuerza Pública, Guardacostas, OIJ, Ministerio Público y tribunales son, en la práctica, la alternativa costarricense a una respuesta militar. Si esas instituciones funcionan bien, la ausencia de ejército no tiene por qué ser una debilidad. Si funcionan lentamente o de manera descoordinada, el problema cambia: el país puede recibir mejores capacidades externas y aun así no convertirlas en resultados internos.
Ese riesgo ya es visible en la justicia penal. El Quinto Informe Estado de la Justicia señala que, en 2024, una acusación del Ministerio Público tardó en promedio 233 días. Para el 5% de las acusaciones más lentas, el tiempo fue de 976 días o más. El estudio también documenta expedientes que se prolongaron durante varios años e incluso décadas. No todo atraso puede atribuirse a un fiscal o a un juez: influyen la carga de trabajo, la complejidad de los casos, los recursos disponibles y el propio funcionamiento del sistema. Pero tampoco podemos acostumbrarnos a esos tiempos.
Recibir buena inteligencia sirve de poco si después Costa Rica tarda años en convertirla en una investigación sólida, una acusación y una decisión judicial. La cooperación internacional puede acelerar la información y mejorar las herramientas, pero no puede sustituir la capacidad interna para procesar sus resultados.
El Poder Judicial reconoció parte de estas dificultades. En mayo de 2026 se incorporó a una estrategia regional para fortalecer la investigación y el juzgamiento del crimen transnacional organizado. Es un paso necesario, pero la independencia judicial no elimina la obligación de rendir cuentas sobre eficiencia, mora y calidad del servicio. Una institución que exige —correctamente— respeto a su independencia también debe aceptar un escrutinio riguroso sobre la oportunidad de sus respuestas.
Tampoco sería correcto esperar que el Ejecutivo resuelva todo. El Gobierno puede negociar cooperación, fortalecer cuerpos policiales y mejorar tecnología. La Asamblea Legislativa debe aprobar leyes, asignar recursos y ejercer los controles que le corresponden. El OIJ investiga, el Ministerio Público acusa y los jueces resuelven con independencia. No tienen que actuar bajo una misma dirección, pero sí necesitan capacidades compatibles. Cuando una parte del sistema avanza y otra queda rezagada, la política de seguridad termina moviéndose al ritmo de su eslabón más lento.
La Constitución también marca hasta dónde puede llegar esa cooperación. El artículo 121, inciso 5 reserva a la Asamblea Legislativa el asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras y la permanencia de naves de guerra. La experiencia del acuerdo antidrogas con Estados Unidos ya mostró que Costa Rica puede cooperar intensamente con fuerzas extranjeras, pero dentro de límites y controles concretos. Más que el nombre de una operación, importa qué funciones se realizan, quién ejerce el mando y bajo qué autoridad se actúa.
El Escudo de las Américas puede darle a Costa Rica mejores herramientas, información, entrenamiento y aliados. No puede sustituir una Fiscalía ágil, tribunales oportunos ni una coordinación interna eficaz. Si el país quiere que esta cooperación produzca resultados, tendrá que fortalecer su modelo civil al mismo tiempo que protege los límites constitucionales que lo distinguen.
Costa Rica no necesita demostrar que puede convertirse en un país con ejército. Necesita demostrar que sus instituciones civiles son suficientemente rápidas, profesionales y coordinadas para seguir sin uno.