El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate, el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad, suscrito entre Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.060 recibió 55 votos a favor y ninguno en contra, y da el refrendo legislativo al acuerdo firmado por los cuatro países el 15 de noviembre de 2024 con el propósito de utilizar la política comercial como una herramienta para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y otros desafíos ambientales. El texto también plantea que el comercio puede facilitar la transición hacia economías con menores emisiones, más resilientes y eficientes en el uso de los recursos.
El tratado concentra sus compromisos en cuatro áreas principales: el comercio de bienes medioambientales, el comercio de servicios medioambientales, los subsidios a los combustibles fósiles y los programas voluntarios de etiquetado ambiental. Además, incorpora disposiciones sobre transparencia, cooperación internacional, revisión periódica del acuerdo y solución de controversias.
En el capítulo sobre bienes medioambientales, los países asumieron el compromiso de eliminar los aranceles aduaneros aplicados a los productos incluidos en una lista anexa al acuerdo y de no crear nuevos gravámenes sobre ellos. La lista comprende bienes vinculados con la adaptación y la mitigación del cambio climático, el control de la contaminación, la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la transición hacia una economía circular.
El acuerdo también incluye productos que contribuyen al uso sostenible y la restauración de los recursos naturales, así como al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de cada país. Los gobiernos podrán revisar periódicamente la lista para incorporar nuevos bienes, actualizar su clasificación aduanera o modificar sus especificaciones conforme cambien la tecnología y las necesidades ambientales.
Las partes también se comprometieron a promover políticas transparentes para la producción sostenible de esos bienes y a fortalecer la cooperación en estándares, prácticas y lineamientos ambientales. El tratado señala que las medidas nacionales no deberían reducir los beneficios obtenidos mediante la eliminación de aranceles ni crear obstáculos comerciales injustificados.
El capítulo sobre servicios medioambientales busca facilitar el acceso a los mercados y reducir las restricciones que enfrentan las empresas y profesionales de los países firmantes. El acuerdo contempla servicios relacionados con la mitigación del cambio climático, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales.
Los compromisos abarcan diferentes formas de prestar esos servicios, como el suministro desde otro país, el consumo de un servicio en el extranjero, el establecimiento comercial de una empresa y el desplazamiento temporal de profesionales. Cada país conservará la posibilidad de establecer requisitos y regulaciones internas, siempre que los aplique de manera razonable, objetiva, transparente y sin discriminación arbitraria.
En materia energética, el acuerdo establece reglas para disciplinar y eliminar los subsidios perjudiciales a la producción y al consumo de combustibles fósiles. El objetivo consiste en reducir las distorsiones comerciales y los efectos ambientales de ayudas que incentiven el uso de carbón, petróleo, gas natural y otros combustibles de origen fósil.
El texto no prohíbe todas las ayudas estatales vinculadas con estos combustibles, pues permite excepciones dirigidas a atender situaciones sociales, ambientales o de emergencia. Entre ellas figuran los apoyos temporales para hogares de bajos ingresos, comunidades rurales o alejadas, transporte público, seguridad energética, atención de desastres, servicios humanitarios y reducción de emisiones o contaminación.
Los países deberán informar a las demás partes sobre los subsidios que mantengan, introduzcan o modifiquen, incluidos su objetivo, monto, forma, duración y beneficiarios. El tratado también obliga a revisar periódicamente esas medidas y permite incorporar nuevos compromisos para disminuir subsidios considerados incompatibles con sus objetivos climáticos.
Otro apartado regula los programas voluntarios de etiquetado ambiental, utilizados para comunicar el impacto o desempeño ambiental de un producto o servicio. El acuerdo indica que las etiquetas deberán ofrecer información veraz, comprensible, comparable, justificada y verificable, además de sustentarse en metodologías científicas y técnicas sólidas.
Las directrices también disponen que esos programas deberán tomar en cuenta el ciclo de vida de los productos, evitar la discriminación según su país de origen y no imponer restricciones comerciales mayores de las necesarias. Los gobiernos deberán permitir la participación de empresas, organizaciones, comunidades y otras partes interesadas durante su diseño e implementación.
El acuerdo crea una comisión conjunta integrada por representantes gubernamentales de los cuatro países, encargada de supervisar su ejecución, aprobar modificaciones y coordinar los órganos especializados. Esa comisión podrá revisar las listas de bienes, servicios y subsidios, emitir recomendaciones y promover nuevas áreas de cooperación en comercio y ambiente.
La comisión deberá reunirse por primera vez dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor del tratado y, posteriormente, al menos cada dos años, salvo que los países acuerden otra periodicidad. El texto también contempla una revisión general cada cuatro años para evaluar sus resultados y valorar la incorporación de nuevos compromisos.
En caso de diferencias sobre la interpretación o aplicación del acuerdo, los países deberán procurar primero una solución mediante consultas y otros mecanismos de diálogo. Si no alcanzan un entendimiento, podrán solicitar la conformación de un panel arbitral integrado por tres miembros, que analizará la controversia y emitirá sus conclusiones.
Breves
— Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, rechazó responder una pregunta de Gerald Bogantes, diputado oficialista en la Comisión de Nombramientos, sobre la sentencia de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes, señalándole que debido a que presentaron una denuncia penal sobre ese tema, le tocará a ella como tribunal conocerla.
Patricia Solano rechaza responder pregunta de Gerald Bogantes, diputado oficialista, sobre la sentencia de la Sala Constitucional que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes, señalándole que debido a que presentaron una denuncia penal sobre ese tema, le tocará a ella… pic.twitter.com/dxySZSFmWI
— Barra de Prensa (@barradeprensa) August 4, 2026
— Con 26 votos a favor y 30 en contra se rechazó una moción del PLN "para que la Asamblea Legislativa rechace y condene las manifestaciones de Laura Fernández Delgado aduciendo un golpe de Estado producto de una resolución emitida por la Sala Constitucional".
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.