El órgano municipal rechazó la defensa de Yamilet Quesada Zúñiga con cinco votos a favor y dos en contra.
El Concejo Municipal de Vázquez de Coronado rechazó los argumentos con los que la alcaldesa Yamilet Quesada Zúñiga pidió declarar inadmisible y sin lugar una recusación relacionada con el uso del Estadio Municipal El Labrador por parte de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Uruguay.
El órgano municipal tomó la decisión durante la sesión ordinaria 117, celebrada el 27 de julio de 2026. El Acuerdo 2026-117-07 rechazó los argumentos de la alcaldesa con cinco votos afirmativos y dos negativos, mientras que el Acuerdo 2026-117-08 declaró firme esa decisión con la misma votación.
La regidora María Jimena Alvarado Zúñiga presentó la recusación el 20 de julio al alegar un presunto interés directo y falta de imparcialidad de la alcaldesa en los asuntos vinculados con el uso del estadio por parte del club.
Alvarado solicitó que el Concejo declarara con lugar la gestión y ordenara a Quesada abstenerse de “conocer, analizar, discutir o intervenir en cualquier acto administrativo o político relacionado con el uso del Estadio Municipal El Labrador por parte de la Junta del Club Sport Uruguay”.
La recusación señaló que Quesada figura como investigada en un procedimiento administrativo que el Concejo ordenó mediante los acuerdos 2026-106-27, del 11 de mayo, y 2026-108-03, del 25 de mayo. El procedimiento indaga presuntos incumplimientos de acuerdos municipales firmes, infracciones al deber de probidad y al sistema de control interno, incumplimiento de deberes y retardos u omisiones en la ejecución de decisiones del Concejo.
El documento citó el Acuerdo 2025-073-18, mediante el cual el Concejo apercibió a la Alcaldía para que anulara un acuerdo verbal y una carta de entendimiento con el Club Sport Uruguay. Ese acuerdo también solicitó iniciar procedimientos administrativos y legales para cobrar el alquiler correspondiente por el uso de la cancha y las instalaciones administrativas.
La recusación incorporó declaraciones que el síndico Steven Díaz Ávila dio durante la sesión municipal del 15 de junio. Según el escrito, Díaz afirmó que en actividades políticas del Partido Liberación Nacional (PLN) se utilizaron expresiones como “Tenemos compromisos con el Uruguay”, “Defendemos o defendemos el convenio” y “El compromiso político estaba...”.
Alvarado también señaló que Quesada afirmó que “es uruguaya” durante una entrevista televisiva del 16 de julio y anunció su intención de vetar el Acuerdo 2026-115-23. La recusación sostuvo que la alcaldesa adelantó esa decisión antes de conocer formalmente la redacción del acuerdo y realizar un análisis de legalidad y conveniencia.
El escrito alegó que esas actuaciones generaban una apariencia de parcialidad y un conflicto de intereses. Según Alvarado, la alcaldesa no podía intervenir de forma objetiva en decisiones relacionadas con una organización de la que se declaró aficionada y cuya junta directiva figuraba en asuntos vinculados con la investigación administrativa.
Alcaldesa pidió declarar inadmisible la recusación
Quesada contestó la gestión mediante el oficio AL-200-0680-2026, del 21 de julio. La alcaldesa rechazó los señalamientos y afirmó que “carece de conocimiento formal sobre la existencia o apertura de procedimientos administrativos alegados” porque ninguna autoridad le había notificado legalmente esos procesos.
La alcaldesa también sostuvo que no recibió la prueba documental mencionada en la recusación. Según indicó, esa omisión la colocó en “un estado de indefensión material”, pues no podía conocer, analizar ni refutar los elementos utilizados en su contra.
Quesada argumentó que la recusación no identificaba una causal legal concreta ni aportaba un principio de prueba que demostrara la existencia de un interés directo. También sostuvo que Alvarado presentó la gestión de manera extemporánea porque conocía desde meses atrás varios de los hechos que utilizó como fundamento.
La alcaldesa rechazó cualquier vínculo entre sus actuaciones y un supuesto compromiso político del PLN con el Club Sport Uruguay. Añadió que considerar la afiliación partidaria como causa de recusación obligaría a apartar a todos los funcionarios municipales que llegaron a sus puestos bajo la misma agrupación.
Quesada defendió que su eventual veto al Acuerdo 2026-115-23 respondía al ejercicio de sus competencias. Según su contestación, el acuerdo ordenaba un desalojo administrativo de instalaciones municipales, una función que, a su criterio, corresponde exclusivamente a la Alcaldía.
Por tanto, mi postura sobre el ejercicio de esta competencia legal de veto no representa "prejuzgamiento", "parcialidad" ni "interés directo", sino el cumplimiento de mi deber ineludible de velar por la legalidad de los actos municipales y la estricta observancia de la separación de competencias".
La alcaldesa sostuvo que Alvarado no demostró que ella obtuviera algún beneficio económico, patrimonial, personal o familiar mediante las decisiones relacionadas con el club. También afirmó que las diferencias políticas o jurídicas entre la Alcaldía y el Concejo no constituyen por sí mismas un interés directo.
Regidores rechazaron la defensa
Antes de la votación, el asesor legal del Concejo, Gustavo Solís Vega, explicó que los regidores podían resolver la recusación si consideraban que contaban con suficientes elementos o diferirla para evacuar prueba.
El regidor Jason Gutiérrez Lara cuestionó que Quesada alegara desconocimiento de una investigación administrativa relacionada con el incumplimiento de acuerdos municipales.
No se vale que la señora alcaldesa diga que no conoce que hay un procedimiento administrativo en su contra por incumplimiento de acuerdos".
Gutiérrez también sostuvo que la alcaldesa anunció públicamente su intención de vetar un acuerdo antes de conocer su redacción y realizar el análisis de legalidad y conveniencia.
La regidora Hilda Zúñiga Lizano consideró que Quesada adelantó criterio al anunciar el eventual veto antes de que la Secretaría del Concejo terminara de redactar el acuerdo.
Yo creo que el acuerdo ni siquiera Aleida [la secretaria del Concejo Municipal] lo había redactado y ya ella estaba diciendo que lo iba a vetar".
Zúñiga también afirmó que la Alcaldía conocía desde 2024 y 2025 los acuerdos relacionados con el uso del estadio y las instalaciones administrativas.
El regidor Harold Majik Rosales recordó que presentó una moción para investigar presuntos incumplimientos de la asociación y que Quesada vetó el acuerdo derivado de esa iniciativa.
Queda claro que puede tener un interés directo en proteger al Uruguay".
Majik añadió:
No hay ningún delito en ser uruguayo. El delito o el presunto delito, si se quiere ver así, es ser imparcial (sic.)".
La regidora Ana Yancy Rojas Morales afirmó que su voto no respondió a la simpatía de la alcaldesa por el equipo, sino a la necesidad de garantizar imparcialidad institucional.
Yo acepté la recusación, no porque usted sea uruguaya, como me lo acaba de reprochar ahorita y otras cosas. Yo estoy aceptando la recusación porque necesito a alguien imparcial. Porque aquí se han tomado acuerdos y no se han ejecutado".
Alvarado afirmó que no podía aceptar la respuesta de Quesada porque, a su criterio, sus argumentos no correspondían con los hechos. También señaló que las manifestaciones de la Alcaldía durante la sesión reforzaron las razones que utilizó para promover la recusación.
El Concejo rechazó finalmente la defensa de la alcaldesa y declaró firme esa decisión, por lo que Quesada deberá abstenerse de intervenir en asuntos relacionados con el uso del Estadio Municipal El Labrador por parte de la Junta Directiva del Club Sport Uruguay.