Los costarricenses observamos con preocupación el clima de confrontación y descalificación que se ha instalado en el debate público. Especialmente graves son los ataques reiterados contra la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial. Calificar como “golpe de Estado” una sentencia de la Sala Constitucional, simplemente porque no satisface los intereses del Gobierno, supone desconocer la división de poderes y debilitar la confianza en las instituciones.
Con la democracia no se juega. Por encima de quienes ejercen temporalmente el Gobierno se encuentra el Estado de derecho, construido por sucesivas generaciones de costarricenses mediante el esfuerzo, la inteligencia cívica y, en momentos decisivos, el sacrificio personal.
De ahí la importancia de la movilización en defensa de la democracia realizada el 6 de agosto de 2026. Más que una manifestación contra un Gobierno, debe entenderse como una afirmación ciudadana en favor de la Constitución, la independencia de los poderes públicos y el respeto a las instituciones republicanas.
Su significado evoca la movilización del 7 de noviembre de 1889, cuando miles de costarricenses salieron a las calles para exigir el respeto del resultado electoral. Muchos llevaban palos, machetes y herramientas de trabajo. Aquel día, el pueblo dejó de ser un espectador y se convirtió en defensor activo del sufragio y de la Constitución.
Nuestro Himno Nacional conserva la imagen de esa ciudadanía dispuesta a proteger la República:
Cuando alguno pretenda tu gloria manchar,
verás a tu pueblo, valiente y viril,
la tosca herramienta en arma trocar.
La actual defensa de la democracia debe servir como punto de inflexión para corregir el rumbo y promover las reformas que el país necesita. Pero ninguna transformación legítima puede construirse sobre la destrucción de las instituciones, el desprecio por los controles públicos o la concentración del poder.
Para comprenderlo, conviene recordar de dónde venimos.
El Pacto de Concordia, nuestra primera Constitución, promulgado en 1821, permitió organizar políticamente al país en medio de la incertidumbre posterior a la independencia. Sus redactores procuraron conciliar posiciones distintas y señalaron como finalidad conservar la patria “libre, unida, segura y tranquila”. Desde entonces comenzó a perfilarse una tradición según la cual los conflictos debían resolverse mediante el diálogo, la tolerancia y el derecho.
En 1823, Gregorio José Ramírez, vencedor de la batalla de Ochomogo, comprendió que la autoridad legítima debía proceder de la Constitución y no de la fuerza de las armas. A sus 27 años entregó el poder adquirido tras la victoria militar. Su conducta dejó una enseñanza que conserva plena vigencia: el poder debe ejercerse con límites y nunca convertirse en patrimonio personal de quien lo ocupa.
En 1856, Juan Rafael Mora Porras y un ejército integrado principalmente por humildes labriegos defendieron la soberanía nacional frente al filibusterismo de William Walker. Aquella campaña no solo preservó nuestra independencia, sino que consolidó la conciencia de Costa Rica como nación.
A estos acontecimientos se sumaron otros avances decisivos: la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, consagrada en 1869; la construcción del ferrocarril al Atlántico; la abolición de la pena de muerte durante el gobierno de Tomás Guardia; la defensa popular del sufragio en 1889 y la construcción del Teatro Nacional, iniciada durante la administración de José Joaquín Rodríguez.
En la década de 1940, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la promulgación del Código de Trabajo y la incorporación de las garantías sociales ampliaron el contenido de nuestra democracia. Esta dejó de concebirse únicamente como un sistema de libertades políticas y comenzó a comprenderse también como un compromiso con la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana.
En 1948, la anulación de las elecciones presidenciales por el Congreso condujo al país a una guerra civil. Su desenlace abrió las puertas de la Segunda República y permitió fortalecer un sistema político sustentado en elecciones libres, instituciones civiles y garantías sociales. La posterior abolición del ejército como institución permanente reafirmó la confianza de Costa Rica en el derecho y en la institucionalidad democrática.
Durante las décadas siguientes, la banca nacionalizada y la expansión de la electricidad, las telecomunicaciones, el agua potable, la educación y los servicios de salud acompañaron la movilidad social y la consolidación de una amplia clase media. El país también alcanzó reconocimiento internacional por la protección del ambiente, la defensa de los derechos humanos, la neutralidad y la promoción de la paz.
Nada de esto significa que debamos conformarnos. Costa Rica necesita reformas profundas, mayor eficiencia pública, mejores servicios, transparencia y respuestas efectivas frente a la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, reformar no significa destruir; gobernar no significa someter, y discrepar de una sentencia no autoriza a desacreditar al tribunal que la dictó.
Tampoco es justo atribuir todos los problemas nacionales a quienes nos precedieron. De ellos recibimos una República civilista, social, democrática y desarmada, reconocida en el mundo por su estabilidad y su vocación de paz. Nuestra responsabilidad no consiste en negar esa herencia, sino en corregir sus defectos, preservar sus conquistas y transmitirla fortalecida a las nuevas generaciones.
Conviene dejarlo claro: la vocación pacifista de los costarricenses no equivale a indiferencia ni a sumisión frente al autoritarismo. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de defender la Constitución por medios pacíficos, democráticos y jurídicos.
La movilización del 6 de agosto debe expresar precisamente ese compromiso: no la defensa de un partido, de una ideología o de una institución aislada, sino la defensa del sistema de límites, garantías y controles que protege la libertad de todos.
Quienes gobiernan deben recordar que su autoridad es temporal, limitada y sometida a la Constitución. Los gobiernos pasan; el Estado de derecho permanece.