Un gobierno autoritario no surge por generación espontánea ni se instala de la noche a la mañana; se filtra desde las grietas de un sistema político debilitado, que durante años perdió credibilidad, y de un Estado que dejó en el desamparo a los sectores más vulnerables.
Por eso, antes de confrontar esta mano dura que se nos levanta de frente, antes de reaccionar, es importante hacer una pequeña reflexión histórica, pues no cabe duda de que nuestro contexto amerita una respuesta popular que conduzca a una oposición organizada y propositiva.
Así, este pequeño texto busca invitar a quienes lo lean a no olvidar cómo se pusieron los cimientos para que estemos enfrentando actualmente el riesgo de que llegue a consolidarse un régimen autocrático, con tintes dictatoriales.
La anterior invitación tiene dos fines específicos: el primero, señalar los nombres de personas y partidos que fueron parte del socavamiento y desacreditación del aparato estatal y, segundo, hacer un llamado a evitar lo que sucedió en 2007 con el movimiento social de los Comités Patrióticos organizados contra el TLC con Estados Unidos, hoy nuevamente convocados por algunos políticos. Lamentablemente, en aquel momento, al no surgir líderes de base, figuras políticas tradicionales terminaron tomando esos espacios y capitalizándolos con fines partidistas, lo que debilitó la organización popular.
Además, a modo de paréntesis, es importante resaltar que un régimen autoritario no solo se gesta desde lo interno, sino que también responde a fuerzas externas que buscan blindar una posición geopolítica para sostener su poder en una región y en el ámbito global. No es casualidad que sistemas de este tipo se estén reproduciendo desde Argentina hasta El Salvador, abiertamente respaldados por un plan que llamaron Escudo de las Américas.
Pero quedémonos en lo interno y vayamos a la década de 1980, cuando Luis Alberto Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), promovió el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), con el respaldo del Banco Mundial. Con ello impulsó una transformación política del Estado, con la intención de reducirlo, debilitarlo y permitir el inicio de la apertura, la mercantilización y la privatización de los servicios públicos, con el discurso del desarrollo económico y el progreso social.
Después, Óscar Arias Sánchez (PLN) promovió el PAE II, que quitó los subsidios a los granos básicos y continuó con el propósito de la apertura comercial. En 1995, José María Figueres (PLN) introdujo el PAE III, impulsado por el gobierno de Rafael Ángel Calderón (PUSC), para realizar reformas estatales profundas, abrir las concesiones de obra pública y cambiar el sistema de pensiones.
A finales de la década de 1990 y al inicio del nuevo siglo y milenio, Miguel Ángel Rodríguez (PUSC) promovió el llamado Combo del ICE, que buscaba permitir la privatización de las empresas públicas de electricidad y telecomunicaciones y que terminó en una gran manifestación social en contra.
Es decir, entre las décadas de 1980 y 1990, estos partidos, liderados por estas figuras, contribuyeron a debilitar:
- Las instituciones públicas.
- El sistema de pensiones.
- El sector agropecuario.
- El transporte público.
- El sistema educativo.
- La salud y la seguridad social.
Por eso, no es casualidad que hoy tengamos un país más empobrecido, con menos garantías sociales y con una población que tiene menor educación y pensamiento crítico y que, al verse desamparada, se vuelve vulnerable a creer en discursos populistas de cambio.
Sin embargo, la historia de estos personajes continuó en la primera década del 2000, cuando se realizó una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial en Costa Rica, que dio paso a que, en 2006, Arias Sánchez volviera a ser presidente con una monoagenda muy clara: aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) a toda costa.
Esto llevó a que, en 2007, por primera vez se realizara un referéndum que dividió al país entre el Sí y el No ante el TLC, como anteriormente mencioné, y que terminó con su aprobación, lo que representó, otra vez, un debilitamiento del sistema democrático del país.
En este punto es importante resaltar que esta movida constitucional ahora le abre paso a que una figura como Rodrigo Chaves —con alguno de los partidos taxis del país— tenga la posibilidad de ocupar el cargo de presidente en 2032, intención que no oculta y que probablemente busque acortar con otra reforma a nuestra Constitución.
Así, el bipartidismo entre PLN y PUSC erosionó tanto el tejido social que, después de las elecciones de 2014, la mayoría de las personas no votó a favor de un candidato, sino en contra de los candidatos de estos partidos, lo que permitió el acceso al poder del Partido Acción Ciudadana (PAC), con Luis Guillermo Solís y, posteriormente, con Carlos Alvarado, quienes, en vez de dar un giro al proyecto político e intentar fortalecer nuestro Estado Social de Derecho, terminaron cediendo y continuaron con el desencanto y la destrucción, dejándonos situaciones sociales como:
- Salarios del sector público congelados.
- Altos niveles de desempleo.
- Crisis y hueco fiscal.
- Niveles de pobreza por encima del 20%.
- Alto costo de vida.
- Debilitamiento del agro.
- Debilitamiento de la educación y de la seguridad social.
- Ley antihuelgas.
- Disparo en los niveles de violencia por sicariato y narcotráfico.
Cabe hacer otro subrayado: el gobierno de Alvarado le abrió la puerta como ministro de Hacienda a Rodrigo Chaves Robles, ahora expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Entonces, no es de extrañar que una población empobrecida, con menor acceso a educación, vivienda, seguridad social, salud y condiciones dignas votara en contra de estos tres partidos y le abriera paso a una figura completamente desconocida, una figura ausente de la realidad política anterior, que llegó a ofrecerse como cambio, como restaurador del orden y, con tono mesiánico, a prometer que el pueblo, como soberano, recuperaría los poderes del Estado.
Así llegamos a esta crisis, con una primera administración de un personaje político que introdujo una narrativa de fuerza y ataque a los “enemigos de la patria”, utilizando una jerga popular y rayando en lo vulgar, con la que muchas personas se sienten cercanas e identificadas, donde la figura de un paterfamilias con el poder de mandar a decir o callar y de disponer libremente ha causado admiración y esperanza, principalmente entre las poblaciones empobrecidas, periféricas, vulnerables y sistemáticamente abandonadas por las fuerzas políticas anteriores.
La estrategia de comunicación de la anterior y de la presente administración ha sido tan efectiva que ha permeado en todos los estratos y se proyecta con tal fuerza que el oficialismo ya tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y ha provocado que gran parte de las fuerzas municipales, de cara a las próximas elecciones, comiencen a adherirse al oficialismo. También ha provocado una especie de fanatismo político, principalmente en redes sociales, que recurre frecuentemente a la violencia verbal —por el momento— contra quienes cuestionan al actual gobierno y a sus representantes. O sea, se ha instaurado un amplio sector de la población que está dispuesto a aceptar un posible régimen autocrático, aun con todos los efectos negativos que esto puede representar para sí mismo.
Dado lo anterior, este año llegó la presidenta Laura Fernández al Poder Ejecutivo con un amplio margen de apoyo popular y un sólido respaldo exterior que se ha logrado fortalecer, no por una cuestión espontánea e inmediata, sino a causa de un proyecto político anterior que le allanó el camino y que tiene como responsables directos a las personas y a los partidos políticos mencionados anteriormente.
¿Qué nos queda?
Ahora que nuevamente se abre la discusión de reactivar la figura de los Comités Patrióticos y la organización comunal y de base, es importante recalcar que a quienes nos negamos a que el país caiga dentro de un régimen autoritario, a quienes creemos en el bien común y en la necesidad de un Estado robusto que garantice los derechos de las personas, la vida digna y un ambiente sano y seguro, solo nos queda organizarnos y buscar mecanismos pacíficos para evitar que nuestro sistema democrático termine de debilitarse.
Resulta necesario crear un nuevo movimiento político que evite ser tomado o dirigido por personas que han figurado anteriormente en este proceso de erosión y detrimento, como pasó anteriormente, para capitalizar el descontento y recuperar el poder, que simplemente cambió de grupo.
Una organización que se enmarque en una causa tan amplia que logre acoger la pluralidad de pensamientos y luchas, pero que principalmente trabaje en instaurar una narrativa no violenta, de justicia social y ecológica, con alternativas al desarrollo, que busque resguardar la dignidad de todos los sectores; una narrativa que evite centrar la fuerza en una sola figura, pero que sea transparente y tenga la credibilidad para que la acoja la mayoría de las personas y así logremos encauzar un país, en forma colectiva, hacia la salida de una crisis política que está en el punto de ebullición.