Costa Rica ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que entrará en vigor para nuestro país el próximo 2 de octubre. Esto coincide con otra discusión que permanece pendiente en la Asamblea Legislativa: el expediente 25.138, Ley de creación de la Semana Nacional del Entorno Sano y Fomento de la Corresponsabilidad en el Bienestar Integral.
A primera vista pueden parecer iniciativas diferentes: una responde a un compromiso internacional relacionado con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; la otra propone generar conciencia y corresponsabilidad alrededor de los entornos en los que vivimos, estudiamos, trabajamos y nos relacionamos. Sin embargo, ambas plantean una pregunta que Costa Rica tendrá que comenzar a responder con mayor profundidad: ¿qué significa realmente prevenir?
El Convenio 190 cambia parte de la conversación
El Convenio 190 es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género. Su alcance tampoco se limita a lo que ocurre físicamente dentro de una oficina: comprende situaciones que ocurren durante el trabajo, en relación con este o como resultado del mismo, incluidas las comunicaciones relacionadas con el trabajo y otros espacios vinculados con la actividad laboral.
Esto obliga a mirar más allá de la existencia de un protocolo para recibir denuncias.
El Convenio introduce la violencia y el acoso dentro de una lógica preventiva relacionada también con la seguridad y salud en el trabajo. La OIT destaca precisamente que este instrumento reúne la igualdad y la no discriminación con la seguridad y salud laboral.
Para Costa Rica, esa relación merece especial atención, ya que prevenir la violencia laboral no consiste únicamente en saber qué hacer cuando una persona denuncia que está siendo acosada. También significa preguntarnos qué condiciones de trabajo favorecen que determinadas conductas aparezcan, se normalicen, permanezcan invisibles o puedan sostenerse durante años.
España ya recorrió parte de ese camino
España desarrolló desde los años noventa un sistema progresivamente más estructurado de prevención de riesgos laborales. Con el tiempo incorporó de manera más específica los riesgos psicosociales y desarrolló metodologías, criterios técnicos y herramientas para evaluarlos. Sin embargo, enfrentó un problema: tener normativa, evaluaciones y documentación no garantizaba necesariamente una prevención efectiva.
En 2003, España reformó su marco preventivo precisamente después de detectar deficiencias en la incorporación real de la prevención y un cumplimiento que, en muchas ocasiones, resultaba más formal que eficiente. La reforma insistió en que la prevención debía integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos.
Esa experiencia debería interesarnos en Costa Rica. No para copiar el modelo español ni para trasladar automáticamente su legislación a nuestra realidad, sino para evitar recorrer el mismo camino empezando por los mismos errores.
¿Dónde buscar entonces el riesgo?
Uno de los avances del modelo español ha sido comprender que los riesgos psicosociales deben buscarse también en las características de la organización del trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España señala que las condiciones psicosociales u organizativas, cuando resultan deficientes o adversas, pueden afectar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas y deben evaluarse e intervenirse mediante la planificación preventiva.
Esto llevó al desarrollo de herramientas como FPSICO y de procedimientos que permiten analizar factores como tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, participación y supervisión, desempeño del rol, relaciones y apoyo social, interés por la persona trabajadora y compensación.
Con ese paso se transforma la manera de gestionar los problemas. Si una organización registra altos niveles de agotamiento o rotación, el foco ya no debe estar solo en el comportamiento de la persona trabajadora, sino también en examinar las condiciones organizacionales que pueden estar provocando ese malestar.
El INSST español es claro al señalar que una evaluación psicosocial debe dirigirse al origen de los problemas, es decir, a las características de la organización del trabajo, y que su finalidad no es solamente obtener información, sino utilizarla para adoptar medidas.
Costa Rica tiene una oportunidad antes de llegar tarde
Aquí adquiere especial relevancia el expediente 25.138, que propone la creación de una Semana Nacional del Entorno Sano y Fomento de la Corresponsabilidad en el Bienestar Integral. El proyecto ya avanzó en su trámite legislativo y permanece pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa.
Entre sus objetivos se encuentra promover estrategias y metodologías proactivas para desarrollar entornos que favorezcan la resiliencia y el bienestar integral. Además, plantea un abordaje transversal que comprende, entre otros, los entornos familiar, educativo, laboral, comunitario, social, sanitario, productivo y digital.
También propone una coordinación encabezada por el Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica de Salud Mental, junto con el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Consejo de Salud Ocupacional y otros actores públicos, privados, sociales y académicos.
Esto puede parecer poco frente a la magnitud del problema si lo entendemos simplemente como la creación de una semana conmemorativa. Pero puede significar mucho más si se comprende como una oportunidad para desarrollar cultura preventiva.
Costa Rica ya cuenta con conocimiento técnico en materia de salud ocupacional y factores psicosociales. El desafío es lograr que ese conocimiento forme parte cada vez más de las decisiones cotidianas de las organizaciones. En pocas palabras: que se convierta en cultura.
El Convenio 190 puede acelerar esa transformación
La entrada en vigor del Convenio 190 colocará nuevas obligaciones sobre el país. Su implementación requiere un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso. Y la prevención ocupa un lugar central dentro de ese compromiso.
El propio Convenio establece que la violencia, el acoso y los riesgos psicosociales asociados deben tomarse en cuenta dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También plantea la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la adopción de medidas para prevenirlos y controlarlos.
Esto significa que durante los próximos años probablemente veremos una discusión creciente sobre políticas, procedimientos, evaluación de riesgos, mecanismos de atención, capacitación y responsabilidades organizacionales.
Pero deberíamos aprender de la experiencia española antes de convertir esa respuesta en una nueva colección de documentos. Podemos tener protocolos impecables y entornos profundamente deteriorados. Podemos capacitar a toda una organización y mantener intactas las condiciones que generan sobrecarga, conflictos o abuso de poder. Podemos cumplir formalmente y no haber prevenido nada.
Ese es precisamente el aprendizaje que España tuvo que enfrentar cuando decidió reforzar la integración de la prevención en la gestión empresarial.
Del protocolo al entorno
El expediente 25.138 y el Convenio 190 no tienen el mismo alcance jurídico ni persiguen exactamente los mismos objetivos. Tampoco los presento como si fueran equivalentes, pero considero que existe entre ellos una oportunidad de articulación.
El Convenio 190 establece compromisos concretos frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y el proyecto 25.138 puede contribuir a desarrollar algo que ninguna norma consigue por sí sola: una cultura de corresponsabilidad y prevención que permita reconocer que el bienestar también depende de las condiciones que construimos alrededor de las personas.
La experiencia internacional nos está mostrando el siguiente paso: no basta con reaccionar cuando aparece el daño, con tener un protocolo ni con realizar una evaluación si sus resultados terminan archivados.
La prevención adquiere sentido cuando la información modifica decisiones: cómo organizamos el trabajo, cómo lideramos, cómo distribuimos responsabilidades, cómo gestionamos conflictos y qué hacemos frente a las primeras señales de deterioro.
Costa Rica tiene ahora la posibilidad de avanzar hacia esa discusión sin esperar décadas para descubrir que cumplir formalmente con la prevención y gestionar preventivamente no son necesariamente la misma cosa.
Ese puede ser uno de los aportes más importantes de hablar hoy de entornos sanos.