La Comisión recomendará al Plenario a las dos mujeres y los dos hombres con mejores calificaciones.
La Comisión de Nombramientos del Congreso aprobó la noche de este jueves la metodología que utilizará para seleccionar a las personas que recomendará al Plenario Legislativo para ocupar la vacante dejada por la jubilación de la magistrada Sandra Zúñiga Morales en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El procedimiento corresponde al expediente 25.609, que la Presidencia de la Asamblea Legislativa trasladó a la comisión después de que la Corte comunicara que Zúñiga se acogió a su jubilación a partir del 1 de junio. La metodología establece los requisitos de participación, los documentos que deberán presentar las personas aspirantes, el sistema de calificación, las entrevistas y el procedimiento para conformar la nómina que llegará al Plenario.
Las personas interesadas deberán entregar su documentación a más tardar el 18 de septiembre de 2026, a las 11 a. m., directamente ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Nombramientos. Además de acreditar los requisitos constitucionales para ejercer una magistratura, deberán aportar su hoja de vida, títulos académicos, certificaciones laborales y disciplinarias, antecedentes penales y otra información relacionada con su trayectoria profesional.
La metodología también exige una declaración jurada en la que cada aspirante informe, entre otros aspectos, si enfrenta o enfrentó sanciones, investigaciones o procedimientos disciplinarios, administrativos o penales, así como procesos de violencia doméstica o sexual. También deberá informar si durante su ejercicio profesional actuó como defensor, representante o asesor jurídico de personas investigadas, acusadas o sometidas a proceso penal por delitos relacionados con narcotráfico, legitimación de capitales vinculada con esas actividades o delincuencia organizada.
La comisión solicitará además información directamente a instituciones como la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social, Fodesaf, IMAS, Dirección Nacional de Notariado, Procuraduría de la Ética, Colegio de Abogados y Abogadas y Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de verificar antecedentes, obligaciones tributarias, cargas sociales y eventuales procedimientos contra las personas postulantes.
El concurso tendrá una calificación dividida en dos componentes: los atestados representarán el 70% de la nota final y la entrevista el 30% restante. Dentro de los atestados, la experiencia profesional tendrá un peso de 50 puntos; los grados y estudios académicos, 30 puntos; la capacitación y docencia, 13 puntos; y las publicaciones, siete puntos.
Durante las entrevistas, las diputaciones evaluarán conocimientos jurídicos especializados, ética e independencia judicial, manejo de conflictos de interés, conocimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dominio de los procedimientos procesales y conocimiento de las funciones jurisdiccionales y administrativas de Corte Plena. Para integrar la nómina final, las personas aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 75 puntos.
La metodología incorpora además un período de escrutinio público y control social. Una vez publicada la lista de personas que serán entrevistadas, cualquier persona o institución tendrá ocho días hábiles para presentar objeciones relacionadas con el cumplimiento de requisitos, la conducta o la idoneidad de alguna candidatura. La persona objetada dispondrá de hasta tres días hábiles para responder.
El texto aprobado también establece que las diputaciones integrantes de la comisión se abstendrán de reunirse, de manera pública o privada y fuera de las audiencias oficiales, con las personas postulantes. Asimismo, solicita a las candidaturas evitar actividades de cabildeo o promoción personal y advierte que, si la comisión acredita ese tipo de conductas, la persona no será recibida en audiencia ni sus atestados serán sometidos a escrutinio.
Una vez concluidas las evaluaciones, la Comisión de Nombramientos ordenará las calificaciones finales de mayor a menor y escogerá las dos mejores notas entre los hombres y las dos mejores entre las mujeres. Esas cuatro personas integrarán la recomendación que la comisión enviará al Plenario Legislativo, órgano al que corresponde realizar la elección definitiva de la nueva magistratura de Sala Tercera.
El diputado liberacionista Salvador Padilla Villanueva señaló que la metodología alcanzada fue producto de un consenso entre las distintas bancadas legislativas y destacó que incorpora aspectos innovadores respecto de otros concursos, como la obligación de reportar antecedentes en materia de acoso o violencia sexual y declarar si se han tenido relaciones laborales con personas ligadas al crimen organizado y al narcotráfico.
Este acuerdo que logramos construir después de la presentación de una propuesta por parte del Partido Liberación Nacional y otra propuesta del gobierno, hoy se consuma en una que obtiene lo mejor de las 2 propuestas iniciales para contar con una herramienta de evaluación mucho más objetiva y clara para los evaluadores, estas diputaciones, y las personas que participen en el concurso".
La recomendación que rinda la comisión no es vinculante para el Plenario, pues ese órgano puede nombrar a cualquier persona que reúna los requisitos constitucionales para ser magistrado del Poder Judicial, aunque no haya participado en el concurso de la Comisión de Nombramientos.