Dos barcos pesqueros de origen chino aparecen en el Estero de Puntarenas mientras cientos de embarcaciones de aguas distantes se desplazan por el Pacífico latinoamericano. La pregunta ya no puede esperar: ¿quién vigila nuestros recursos y protege nuestros ecosistemas marinos?
Hay momentos en que una noticia aparentemente pequeña debería obligarnos a levantar la mirada y preguntarnos qué está ocurriendo realmente alrededor de nosotros. La presencia de dos embarcaciones pesqueras de origen chino en el Estero de Puntarenas, observadas recientemente, podría parecer a primera vista un asunto local. Una de ellas, identificada como TUNG HAI 168, ingresó a este espacio estrechamente vinculado con la actividad pesquera nacional. Pero detrás de ese hecho aparentemente puntual existe una realidad mucho mayor que Costa Rica, y América Latina en general, ya no pueden darse el lujo de ignorar.
For the Oceans hizo pública una alerta no para acusar a esas embarcaciones de haber cometido un delito, ni para afirmar que su presencia sea ilegal por el solo hecho de tratarse de barcos extranjeros. La pregunta es mucho más elemental y, precisamente por eso, mucho más importante: ¿quiénes son, quién las opera, de dónde vienen, por qué están aquí, bajo qué autorización ingresaron y qué actividad han desarrollado antes de llegar a Costa Rica? En un país que pretende proteger sus recursos marinos, deberíamos tener la capacidad institucional de responder esas preguntas.
La preocupación adquiere otra dimensión cuando observamos lo que ocurre en el Pacífico latinoamericano. Desde hace décadas, las grandes flotas de pesca de aguas distantes han ampliado progresivamente su presencia en nuestros océanos. El fenómeno puede observarse desde las aguas frente a Argentina y Chile hasta Perú y Ecuador, y en las proximidades de Galápagos. Son flotas capaces de permanecer durante largos períodos en el mar y desplazarse miles de kilómetros siguiendo las concentraciones de especies comerciales, especialmente aquellas de gran valor para los mercados internacionales.
No estamos hablando solamente de grandes barcos pesqueros. Alrededor de estas operaciones existe una infraestructura marítima mucho más compleja, formada también por embarcaciones de apoyo, abastecimiento, refrigeración, transporte y, en determinados casos, transbordo de capturas en alta mar. Esa estructura permite que algunas operaciones pesqueras puedan permanecer durante meses alejadas de sus puertos de origen, reduciendo la necesidad de regresar a tierra y haciendo mucho más difícil para los países costeros conocer con precisión qué está ocurriendo.
Ahí aparece uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. ¿Cómo puede un país controlar una actividad que ocurre a escala oceánica cuando sus sistemas de vigilancia siguen funcionando fundamentalmente dentro de sus propias fronteras? El problema no es solamente tecnológico. Es también institucional, político y regional.
El océano no entiende nuestras fronteras políticas. El calamar migra, el atún migra, los tiburones migran, las tortugas marinas migran y muchas otras especies recorren enormes distancias entre diferentes países y zonas de alta mar. Las corrientes tampoco se detienen frente a una frontera. Por eso, la presión sobre los recursos marinos tampoco puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de cada país.
Una flota que opera frente a las costas de un país puede estar afectando recursos que forman parte de un ecosistema compartido con otros. Una captura realizada a cientos o miles de kilómetros de distancia puede formar parte del mismo sistema ecológico del que dependen comunidades pesqueras de otro territorio. Lo que ocurre frente a Argentina, Chile, Perú o Ecuador no es necesariamente ajeno a Costa Rica.
Nuestra Isla del Coco tampoco está aislada del océano que la rodea. Forma parte de un sistema ecológico mucho mayor y de un espacio oceánico conectado con el Pacífico Este Tropical, donde especies altamente migratorias atraviesan permanentemente las fronteras nacionales. La conservación de Cocos, por tanto, no puede reducirse a proteger una isla y sus aguas inmediatas. Exige comprender y vigilar el océano que la conecta con el resto de la región.
Existe además una dimensión que América Latina debe comenzar a mirar con mucha mayor atención: la relación entre determinadas formas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y otras expresiones del crimen transnacional organizado. Investigaciones internacionales han documentado casos de explotación laboral y trabajo forzoso dentro de operaciones de pesca de larga distancia, así como riesgos relacionados con redes opacas de propiedad, transbordos y cadenas logísticas difíciles de rastrear.
Esto no significa que todas las embarcaciones de una determinada nacionalidad estén involucradas en delitos. Sería irresponsable afirmarlo. Tampoco significa que las dos embarcaciones observadas en Puntarenas estén vinculadas a actividades criminales. No tenemos evidencia para sostenerlo y no es lo que estamos afirmando.
Pero sería igualmente irresponsable ignorar el riesgo. Cuando una actividad económica puede desarrollarse durante meses en alta mar, con complejas estructuras de propiedad y operación, embarcaciones de apoyo, transbordos y múltiples jurisdicciones involucradas, la transparencia y la trazabilidad dejan de ser simples asuntos administrativos. Se convierten en elementos fundamentales de la seguridad marítima.
La pesca ilegal puede ser, por sí misma, una enorme amenaza para los ecosistemas y para las comunidades que dependen de ellos. Pero cuando se combina con cadenas de suministro opacas, falta de trazabilidad, explotación laboral y posibles redes de criminalidad transnacional, el desafío adquiere una dimensión completamente diferente. Por eso la vigilancia marítima no puede limitarse a reaccionar cuando ya existe evidencia de un delito. Debe ser capaz de anticiparse.
Y América Latina ya entendió, al menos en parte, que ningún país puede enfrentar solo esta realidad.
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador crearon el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, CMAR, precisamente porque comprendieron que este extraordinario sistema oceánico no podía ser protegido desde cuatro compartimentos nacionales separados. Cocos, Coiba, Malpelo, Gorgona y Galápagos forman parte de un espacio ecológico conectado que pertenece, en términos de patrimonio natural, a nuestros pueblos.
CMAR es una de las expresiones más importantes de cooperación ambiental construidas en nuestra región. Pero las circunstancias han cambiado y la magnitud de los desafíos también. Si las especies se desplazan a escala regional, si las flotas pesqueras operan a escala oceánica y si las cadenas de comercialización atraviesan múltiples jurisdicciones, nuestra capacidad de vigilancia también tiene que evolucionar.
No se trata necesariamente de crear nuevas instituciones. Se trata de aprovechar las que ya existen y dotarlas de herramientas mucho más poderosas. Necesitamos compartir información sobre embarcaciones, propietarios y operadores. Es muy importante integrar y fortalecer el seguimiento satelital existente para identificar embarcaciones de apoyo y operaciones de transbordo y fortalecer la trazabilidad de las capturas y conectar de manera efectiva a las autoridades pesqueras, ambientales, portuarias y de seguridad.
Necesitamos, en definitiva, que nuestros países puedan mirar el mismo océano y compartir la misma información sobre lo que está ocurriendo en él.
Por eso volvemos a Puntarenas. Dos barcos pueden parecer un hecho menor. No lo son, no porque sepamos que hayan cometido una ilegalidad, sino porque nos obligan a formular una pregunta que debería poder responder cualquier país que pretenda proteger seriamente su territorio marítimo: ¿sabemos quién está entrando a nuestras aguas?
¿Sabemos quién los posee y quién los opera? ¿Sabemos de dónde vienen y dónde han estado? ¿Sabemos si han pescado en aguas de la región, qué han capturado, dónde han desembarcado sus productos y con qué otras embarcaciones están relacionadas? ¿Sabemos si han realizado transbordos? ¿Sabemos qué otras embarcaciones de la misma red se encuentran actualmente en nuestro entorno marítimo? Y, sobre todo, ¿sabemos quién está vigilando?
Esta no es una guerra contra una nacionalidad. No es una acusación contra China ni contra los pescadores chinos. Tampoco es una afirmación de que las dos embarcaciones observadas en Puntarenas hayan cometido un delito. Es una discusión sobre gobernanza oceánica, sobre nuestra capacidad para conocer lo que ocurre en un territorio que representa una parte fundamental de nuestro patrimonio natural y económico.
El problema comienza cuando un país deja de tener capacidad para saber quién está utilizando sus recursos y qué está ocurriendo dentro de su espacio marítimo. La vigilancia no debería comenzar después de que aparece la evidencia de una actividad ilegal. Debe comenzar mucho antes, precisamente para impedir que esa actividad ocurra.
Costa Rica y América Latina no pueden esperar a descubrir una operación ilegal, un transbordo clandestino, una red de explotación laboral, una operación de narcotráfico o un ecosistema agotado para preguntarse qué pasó. La prevención debe ser parte esencial de nuestra política oceánica. La trazabilidad debe acompañar al producto desde el mar hasta el mercado. Y la conservación debe estar por delante del agotamiento de los recursos.
Lo que está en juego es demasiado grande.
Nuestros océanos sostienen comunidades costeras, generan empleo, proporcionan alimento, mantienen corredores migratorios y contienen una biodiversidad que constituye uno de los mayores patrimonios naturales de América Latina. No podemos permitir que la inmensidad del océano se convierta precisamente en la ventaja de quienes tienen mayor capacidad para explotarlo y menor obligación de explicar lo que hacen.
Por eso, lo ocurrido en Puntarenas debería ser mucho más que una noticia sobre dos embarcaciones. Debería servir para abrir una conversación nacional y regional sobre nuestra capacidad real de proteger el océano.
Esta es una alerta roja para el pacífico latinoamericano.