La llamada “flexibilidad laboral” se ha vendido como una modernización necesaria del trabajo, pero en la práctica muchas veces significa el regreso de viejas formas de explotación, ahora con ropajes tecnológicos y un discurso de libertad individual.
Hoy, miles de personas trabajadoras en Costa Rica enfrentan jornadas más intensas, menos estabilidad y una pérdida creciente de derechos laborales y sociales, una tendencia que las cifras oficiales confirman año con año.
El desempleo estructural y el auge de las plataformas digitales han empujado a un número creciente de personas hacia condiciones cada vez más precarias. Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la informalidad laboral alcanzó un 38,2% de la población ocupada en el primer trimestre de 2026, es decir, 824.083 personas trabajando sin cotizar a la seguridad social ni acceder a las garantías del Código de Trabajo.
El caso de quienes trabajan para aplicaciones transnacionales de reparto, muestra con particular crudeza cómo se traslada el riesgo hacia la persona trabajadora. Precisamente, un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, realizado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, encontró que un 68% de las personas repartidoras del Gran Área Metropolitana labora sin ningún tipo de aseguramiento, además evidenció que un 78% no cotiza para una pensión y que un 40% percibe una remuneración inferior a un salario mínimo.
Ante esta coyuntura, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica coincidimos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando advierte que este es precisamente el mecanismo del trabajo precario: un medio que utilizan los empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades hacia quienes trabajan.
A esto se suma una lógica de trabajo que en la actualidad estamos viviendo y en la que cada minuto debe rendir más. El llamado sistema "justo a tiempo" (just in time) diluyó hace tiempo la frontera entre el tiempo laboral y el tiempo personal, y hoy, con el teletrabajo y la conexión permanente, muchas personas sienten que nunca terminan realmente su jornada.
Esa exigencia de ser "multifuncionales", de "ponerse la camiseta" o de aceptar jornadas ampliadas es la cara visible de esa intensificación del trabajo, que rara vez se reconoce y casi nunca se paga en su justa medida.
El caso de la jornada 4x3 lo ilustra bien: el proyecto, tramitado el año pasado bajo el expediente 24.290, buscaba permitir jornadas de hasta 12 horas diarias durante cuatro días seguidos de tres de descanso, y aunque su trámite quedó estancado en la Asamblea Legislativa sin lograr los votos necesarios antes del cambio de legislatura, el debate que dejó abierto sigue siendo revelador.
Según el análisis de especialistas en derecho laboral, ese esquema reconocía apenas un recargo fijo del 17% en jornadas diurnas o mixtas y del 25,5% en nocturnas, muy por debajo del 50% que hoy corresponde legalmente al pago de horas extraordinarias.
Además, cada vez son más comunes los contratos temporales, la reducción de garantías laborales y el debilitamiento de la seguridad social, lo que favorece principalmente al sector patronal y golpea con mayor fuerza a las mujeres, quienes además sostienen gran parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, indispensable para que la economía funcione.
Frente a este panorama, es urgente abrir una discusión seria sobre la reducción de la jornada laboral diaria, el derecho a condiciones dignas de trabajo y la defensa del tiempo de vida de las personas. Porque trabajar no debería significar vivir agotados ni sacrificar la salud física y mental.
La historia demuestra que los derechos laborales nunca han sido dádivas: son producto de la organización y la lucha de la clase trabajadora. Por eso, hoy más que nunca, es necesario reconocer que detrás del discurso de la “flexibilidad” muchas veces se esconde una explotación cada vez más sofisticada y normalizada.