Agencia destacó el aumento de las reservas internacionales y la inversión extranjera, pero advirtió sobre la carga de intereses, la deuda pública y los riesgos de la seguridad social.
S&P Global Ratings mantuvo este jueves la calificación crediticia de largo plazo de Costa Rica en BB y la de corto plazo en B, tanto para la deuda en moneda local como extranjera, mientras conservó la perspectiva estable que acompaña esas notas.
La decisión refleja, según S&P, el fortalecimiento de las reservas internacionales gracias al crecimiento de las exportaciones y a los ingresos de inversión extranjera directa, así como la continuidad que espera en las principales políticas económicas después de las elecciones nacionales celebradas en febrero.
La perspectiva estable combina la expectativa de una desaceleración moderada de la economía con la continuación del proceso de consolidación fiscal, aunque la agencia prevé que el endeudamiento público permanecerá en niveles relativamente altos durante los próximos años.
S&P destacó la estabilidad de la democracia costarricense, los controles institucionales, el Estado de derecho y un nivel de vida superior al de otros países de la región. Sin embargo, señaló que las rigideces presupuestarias, la carga de la deuda y la lentitud para aprobar financiamiento externo limitan la calificación.
S&P indicó que la capacidad del nuevo Gobierno para aprobar legislación tendrá una de sus primeras pruebas con el proyecto que autorizaría hasta $13.500 millones en endeudamiento externo durante nueve años. La firma señaló que una aprobación plurianual reduciría el riesgo de atrasos en las emisiones internacionales y disminuiría la presión sobre el mercado local de deuda.
La calificadora también mencionó la discusión para reformar la Constitución y eliminar la exigencia de una mayoría de dos tercios para cada emisión de deuda externa o préstamo con organismos multilaterales. No obstante, advirtió que las reformas que necesiten 38 votos enfrentarán dificultades debido a la polarización legislativa.
S&P proyectó que la economía costarricense crecerá alrededor de un 3,5% anual durante los próximos cuatro años, apoyada en la estabilidad institucional, la formación de la fuerza laboral, el turismo, los servicios y las exportaciones de manufacturas de alto valor, entre ellas los dispositivos médicos.
La agencia espera, sin embargo, que las empresas instaladas en zonas francas pierdan parte del dinamismo de los últimos años por la incertidumbre del comercio internacional y el aumento de costos asociado con la apreciación del colón.
Las reservas internacionales alcanzaron cerca de $21.000 millones en julio de 2026, según el informe, después de mantenerse entre $6.000 millones y $8.000 millones durante buena parte de la década anterior. S&P atribuyó ese crecimiento al aumento de las exportaciones y a la entrada de capital extranjero.
La agencia añadió que las líneas contingentes con organismos multilaterales amplían la capacidad del país para responder ante choques externos. Entre ellas mencionó una línea de crédito flexible por $1.500 millones con el Fondo Monetario Internacional y una opción de desembolso diferido por $160 millones con el Banco Mundial para atender catástrofes.
S&P prevé que el déficit de cuenta corriente se mantendrá entre un 1% y un 1,5% del producto interno bruto durante los próximos cuatro años, pero calcula que la inversión extranjera directa, equivalente a cerca del 4,5% de la producción anual, cubrirá por completo ese faltante.
La calificadora reconoció el compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal y proyectó que el Gobierno regresará gradualmente a superávits primarios cercanos al 1% del producto interno bruto. Ese resultado excluye el pago de intereses y permite medir si los ingresos ordinarios cubren los demás gastos públicos.
El pago de intereses representará alrededor del 19% de los ingresos gubernamentales, equivalente a un 4,4% del producto interno bruto, una carga que mantendrá elevado el déficit financiero y limitará el margen para atender otras necesidades presupuestarias.
S&P estima que la deuda neta del Gobierno general permanecerá ligeramente por encima del 60% del producto interno bruto durante los próximos cuatro años. La agencia espera que Costa Rica pueda regresar a los mercados internacionales de deuda en 2027, aunque señaló que el Gobierno dispone de fuentes alternativas si las autorizaciones legislativas sufren nuevos atrasos.
La firma advirtió que la situación financiera de la seguridad social representa un riesgo de largo plazo para sus previsiones. Según los estudios actuariales citados en el informe, las reservas de los sistemas de pensiones y atención médica podrían agotarse durante los próximos cinco a diez años, lo que aumentaría las presiones sobre las finanzas públicas.
El documento también menciona posibles obligaciones presupuestarias relacionadas con servicios prestados por la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo monto equivaldría a cerca del 8,5% del producto interno bruto. S&P considera bajo el riesgo de que esas obligaciones se materialicen en su totalidad.
S&P podría reducir la calificación durante los próximos 12 a 18 meses si el Gobierno adopta una política fiscal expansiva o si una desaceleración económica más severa y prolongada deteriora las cuentas públicas. La agencia también contempla una rebaja si los atrasos en el acceso al financiamiento externo aumentan la presión sobre el mercado doméstico.
En sentido contrario, la calificadora podría mejorar la nota si el país acelera la consolidación fiscal, mantiene la deuda neta en una trayectoria descendente y fortalece la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para aprobar reformas estructurales.
La agencia también evaluaría favorablemente una combinación de crecimiento económico sostenido, mayor flexibilidad fiscal y avances que reduzcan la incertidumbre en la gestión de la deuda pública. La perspectiva estable indica que, por ahora, S&P considera equilibrados los factores que podrían provocar una mejora o un deterioro de la calificación.