La reciente declaración del Gobierno de Costa Rica en torno al anuncio del presidente Daniel Ortega sobre el futuro del sistema electoral nicaragüense reabre un debate que trasciende las diferencias políticas: ¿hasta dónde puede un Estado pronunciarse sobre las decisiones internas de otro sin poner en tensión el principio de soberanía que sustenta el derecho internacional?
Esta pregunta no admite respuestas simples. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, educativa y comunicacional, vale la pena recordar que el principio de no intervención ha sido uno de los pilares sobre los que se edificó la convivencia entre los Estados modernos. América Latina, marcada por invasiones, intervenciones extranjeras y conflictos ideológicos, conoce bien el costo de relativizar ese principio cuando los intereses políticos prevalecen sobre el respeto mutuo.
Desde una mirada histórica, Nicaragua ha experimentado una compleja relación con actores externos durante buena parte de los siglos XIX y XX. Esa memoria colectiva ayuda a comprender por qué el discurso sobre la defensa de la soberanía tiene un peso particular dentro de la cultura política nicaragüense. Aunque otros países puedan discrepar de las decisiones de su gobierno, es comprensible que una parte importante de la sociedad valore la autodeterminación como un elemento central de su identidad nacional.
La comunicación política también enseña que las declaraciones entre gobiernos producen efectos más allá de los titulares. Cuando las diferencias se expresan principalmente mediante comunicados públicos, existe el riesgo de fortalecer posiciones defensivas y reducir los espacios para el diálogo diplomático. En cambio, la historia demuestra que la cooperación regional suele construirse con canales discretos, respeto institucional y voluntad de entendimiento.
Como educador, considero que la formación ciudadana debe promover el pensamiento crítico antes que la polarización. Pensar críticamente implica analizar los hechos desde distintas perspectivas, reconocer los contextos históricos y comprender que la realidad política rara vez puede reducirse a una confrontación entre buenos y malos.
Eso no significa renunciar a la defensa de la democracia, los derechos humanos o las libertades fundamentales, valores que merecen protección en cualquier sociedad. Significa, más bien, reconocer que los cambios políticos sostenibles difícilmente pueden imponerse desde el exterior. La experiencia internacional muestra que las transformaciones duraderas suelen surgir, principalmente, de los propios procesos internos de cada nación.
Costa Rica posee una larga tradición democrática de la que puede sentirse orgullosa. Precisamente por esa tradición, quizá su mayor aporte a la región sea ejercer un liderazgo basado en el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional, evitando que las diferencias políticas se conviertan en confrontaciones estériles.
En ese contexto, resulta entendible que Nicaragua reivindique el principio de soberanía frente a pronunciamientos externos. Ese principio no pertenece a un gobierno en particular; pertenece al Estado y constituye una norma ampliamente reconocida en el derecho internacional. Defenderlo no implica necesariamente compartir todas las decisiones adoptadas por un gobierno, sino reconocer que la convivencia entre las naciones requiere respetar la igualdad jurídica de los Estados.
Centroamérica enfrenta desafíos comunes en materia de desarrollo, migración, seguridad, cambio climático y pobreza. Ninguno de esos retos se resolverá mediante el intercambio de recriminaciones públicas. Se resolverán fortaleciendo la cooperación, el respeto mutuo y la capacidad de dialogar, incluso cuando existan profundas diferencias.
Quizá el mayor desafío para nuestra región no sea decidir quién tiene la razón en cada conflicto político, sino construir una cultura de convivencia en la que la soberanía nacional y el diálogo diplomático dejen de verse como principios incompatibles y vuelvan a ser herramientas para la paz y la integración centroamericana.