La dirigente solicitó suspender el acuerdo con el que el Consejo de Gobierno rechazó su designación para el periodo 2026-2030.
Rocío Alfaro Molina presentó una medida cautelar para impedir que las autoridades impulsen una nueva elección de la representación sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras los tribunales analizan el rechazo de su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo.
La gestión, presentada el 21 de julio ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, aparece registrada bajo el expediente 26-003998-1027-CA-8. Alfaro pidió suspender los efectos del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el 24 de junio, mediante el cual rechazó su designación como representante propietaria del movimiento sindical para el periodo 2026-2030.
La solicitud también pretende dejar sin efecto provisionalmente los actos posteriores derivados de esa decisión y ordenar a las autoridades que se abstengan de convocar, tramitar o completar otro procedimiento de elección. Alfaro pidió, además, que ninguna otra persona reciba juramentación, nombramiento o reconocimiento como representante sindical mientras el tribunal resuelve la gestión cautelar.
La Asamblea Nacional del Movimiento Sindical eligió el 9 de junio a Alfaro como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente. El sector remitió el resultado al Consejo de Gobierno mediante el oficio MS-001-2026, acompañado por el acta notarial, las certificaciones y los atestados de las personas designadas.
Según el escrito judicial, el Consejo de Gobierno rechazó ambos nombramientos después de recibir un criterio de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Ese análisis mencionó supuestos impedimentos relacionados con vínculos familiares de Alfaro con funcionarios de la institución, su participación en actividades político-partidarias, sus declaraciones públicas sobre la Caja y eventuales conflictos de interés.
Alfaro sostiene que el Consejo de Gobierno excedió sus competencias, pues el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Poder Ejecutivo no puede impugnar las designaciones efectuadas por los sectores laboral y patronal. Su solicitud argumenta que el nombramiento constituye una competencia reglada y que el Ejecutivo no puede sustituir la decisión adoptada por la asamblea sindical.
La dirigente también indicó que presentó un recurso de reposición contra el rechazo, pero que el Consejo de Gobierno aún no lo había resuelto cuando la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, remitió el oficio JD-0461-2026, del 15 de julio, para promover un nuevo proceso de designación.
El escrito considera que esa actuación profundizó los efectos del acuerdo cuestionado y podría hacer más difícil restablecer la representación elegida si el tribunal falla posteriormente a favor de Alfaro. La solicitud también plantea que la ausencia de las representaciones propietaria y suplente del sector sindical afecta la integración de la Junta Directiva y podría comprometer su cuórum estructural.
Alfaro comunicó la presentación del proceso mediante una publicación en Facebook:
“El Gobierno vuelve a recurrir a estrategias politiqueras para impedir el funcionamiento de la Junta Directiva de la CCSS. Con esta nueva convocatoria, Mónica Taylor pretende desconocer la voluntad expresada por el movimiento sindical y confundir a la ciudadanía".