Todas las ciudades enfrentan un desafío constante: cómo proteger el derecho de las personas al descanso y a la tranquilidad sin sacrificar el comercio, la cultura, el empleo y los espacios de recreación que también forman parte de una buena calidad de vida.
La discusión que generó en San José el nuevo reglamento de espectáculos públicos, que restringe la música en vivo, los karaokes, los bailes y otras actividades nocturnas, nos invita a reflexionar sobre un tema más profundo que el contenido mismo de esa regulación: ¿Deben las municipalidades prohibir actividades o regular los impactos que estas generan?
En mi opinión, las municipalidades deben prevenir, controlar y sancionar los impactos negativos, no prohibir de manera general actividades que forman parte de la vida normal de una ciudad.
Porque la música en vivo, los espectáculos artísticos, los restaurantes, los bares y los espacios de encuentro no tienen por qué ser un problema. Al contrario, forman parte de la identidad, la cultura y la vitalidad económica de nuestras ciudades. Son lugares donde las personas se encuentran, disfrutan, celebran, escuchan música, comparten con familiares y amigos, y ejercen un derecho que pocas veces mencionamos: el derecho al esparcimiento, a la recreación y al disfrute de la ciudad.
Tampoco podemos olvidar que detrás de cada bar o restaurante hay músicos, cantantes, DJ, sonidistas, cocineros, saloneros, administradores, guardias de seguridad, personal de limpieza, proveedores, productores de eventos, transportistas y decenas de pequeños empresarios que encuentran en la economía nocturna una fuente legítima de trabajo.
Cuando la regulación se basa en prohibiciones generales, existe el riesgo de desplazar parte de estas actividades hacia la informalidad o la clandestinidad, sin mecanismos efectivos de fiscalización.
Existe además otro derecho que merece reconocimiento: el derecho de crear, interpretar y difundir una obra artística. Para muchos artistas, esos espacios son los escenarios donde pueden ejercer su profesión y vivir de su talento. Limitar indiscriminadamente esas actividades también significa limitar oportunidades para la cultura y el arte.
Por último, hay otro derecho fundamental, no menos importante, que también debe ser reconocido y protegido: el derecho de la población al descanso, a la tranquilidad y a disfrutar de la intimidad de sus hogares sin ruidos, sin molestias, sin basura, sin aglomeraciones y sin desorden. Nuestra jurisprudencia constitucional reconoció ese derecho de manera reiterada, y las municipalidades deben velar porque se respete.
Pero precisamente porque todos estos derechos son legítimos, el objetivo de una municipalidad no puede ser proteger uno eliminando otro. Su responsabilidad consiste en hacerlos compatibles. Ahí es donde considero que Montes de Oca tiene una gran oportunidad.
La actualización de nuestro Plan Regulador, actualmente en marcha, nos brinda la oportunidad de avanzar hacia una visión distinta del ordenamiento territorial: un modelo que reconozca que no todas las actividades resultan apropiadas para todos los lugares del cantón. Algunas no deberían autorizarse por ser incompatibles con las características del sitio donde pretenden desarrollarse. Pero cuando una actividad sí es compatible, el esfuerzo debe concentrarse en prevenir y controlar los impactos que pueda generar.
Eso significa que, en barrios, urbanizaciones y áreas predominantemente residenciales, o en áreas de protección ambiental, resulta razonable restringir actividades de alto impacto por ser incompatibles con la naturaleza de esos lugares. Pero también significa que en los corredores urbanos y comerciales la discusión debe ser diferente.
En esos sectores, la pregunta no debería ser si puede existir música en vivo, un karaoke o una presentación artística. La pregunta debería ser si esa actividad se desarrolla respetando los derechos de quienes viven alrededor.
Si un establecimiento controla adecuadamente el ruido, invierte en aislamiento acústico, evita aglomeraciones, mantiene limpio su entorno y administra responsablemente su aforo, ¿por qué debería recibir el mismo trato que otro que ignora esas obligaciones?
El problema no es la actividad, sino los impactos negativos que esta pueda generar cuando no se regula.
Por eso, la reglamentación debe concentrarse en aquello que realmente afecta la convivencia: el ruido excesivo, la ocupación descontrolada del espacio público, el bloqueo de cocheras, la basura, las aglomeraciones o cualquier otra conducta que lesione los derechos de terceros. Para eso se necesitan reglas claras, una policía municipal fortalecida y equipada, así como sanciones efectivas para quienes incumplan.
Esa me parece una mejor ruta que recurrir a prohibiciones generales que terminan afectando por igual a quienes cumplen y a quienes no.
La discusión que hoy vive San José debería servirnos para impulsar un debate similar en Montes de Oca, pero con una visión diferente. No para decidir si queremos o no vida nocturna, sino para preguntarnos cómo queremos que esa vida nocturna conviva con nuestros barrios, con nuestros comercios y con quienes viven en ellos.
Porque una buena ciudad no es la que obliga a escoger entre descanso o cultura, entre empleo o tranquilidad, entre actividad económica o calidad de vida. Una buena ciudad es aquella que entiende que todos esos derechos pueden y deben coexistir.
Ese es, a mi juicio, el reto que tenemos por delante: construir una regulación moderna que proteja a las comunidades, fortalezca la actividad económica, impulse la cultura, apoye a nuestros artistas y permita que la ciudad siga siendo un espacio para vivir, trabajar, crear... y también para disfrutar.