Costa Rica suele hablar de seguridad alimentaria, competitividad agrícola, productividad, sostenibilidad y precios de los alimentos. Sin embargo, pocas veces se detiene a revisar una parte técnica, silenciosa y determinante de esa discusión: la disponibilidad real de herramientas fitosanitarias para que los agricultores puedan proteger sus cultivos frente a plagas, enfermedades y malezas.
En un país tropical como el nuestro, producir alimentos no es una tarea sencilla. La presión de plagas y enfermedades es permanente, los costos de producción siguen siendo elevados, el clima es cada vez más incierto y la competencia internacional obliga a los productores a ser más eficientes. En ese contexto, contar con más opciones de insumos agrícolas debidamente registrados no es un lujo ni un asunto exclusivo de especialistas regulatorios. Es una condición necesaria para sostener la producción, la competitividad y la disponibilidad de alimentos.
El problema es que, durante años, el registro de agroquímicos en Costa Rica ha sido un proceso complejo, lento y cargado de obstáculos técnicos y administrativos. Esto limita la posibilidad de que el agricultor tenga acceso oportuno a nuevas herramientas, incluyendo productos genéricos que podrían ampliar la oferta disponible y mejorar las condiciones de precio en el mercado.
Cuando hay menos opciones, el productor tiene menos capacidad para escoger. Cuando los registros se atrasan, el país pierde competitividad. Y cuando el acceso a herramientas fitosanitarias se vuelve limitado, el impacto no lo siente únicamente el agricultor: también lo termina resintiendo el consumidor.
Por eso es tan importante hablar de especificaciones y equivalencia de plaguicidas.
La equivalencia es una metodología reconocida internacionalmente que permite facilitar el registro de ciertas moléculas, sin reducir los estándares de seguridad, calidad o eficacia. No se trata de abrir la puerta a productos sin respaldo técnico. Se trata, más bien, de aplicar criterios técnicos adecuados, utilizar información científica ya disponible y evitar estudios innecesarios cuando existen referencias internacionales válidas que permiten caracterizar un producto.
Este punto es clave. Una aplicación correcta de la equivalencia no debilita la regulación. Por el contrario, puede hacerla más eficiente, más técnica y más útil para el país. Permite evitar reprocesos, reducir trabas innecesarias y utilizar mejor el criterio experto, sin sacrificar la calidad de los productos que llegan al mercado.
La discusión debe alejarse de los extremos. No se trata de escoger entre controles rigurosos o registros ágiles. Costa Rica necesita ambas cosas: rigurosidad técnica y eficiencia regulatoria. Un proceso puede ser serio sin ser interminable. Puede ser exigente sin ser excesivamente burocrático. Puede proteger la salud, el ambiente y la calidad de los productos, sin dejar al agricultor con una caja de herramientas limitada.
Una mejor comprensión de los procedimientos de equivalencia permitiría ampliar las opciones disponibles para el control de plagas y enfermedades. Esto podría favorecer una mayor competencia, generar mejores condiciones de oferta y demanda y, eventualmente, contribuir a reducir costos para los productores. Aunque no siempre es posible establecer una cifra exacta de reducción, sí es claro que más opciones debidamente registradas pueden mejorar las condiciones del mercado.
Esto es especialmente relevante para los productos genéricos. En otros sectores, los genéricos han permitido ampliar el acceso, mejorar la competencia y ofrecer alternativas más accesibles sin renunciar a controles de calidad. En agricultura, el principio es similar: cuando existen productos equivalentes que cumplen los requisitos técnicos, el sistema regulatorio debería permitir su ingreso de forma ordenada, segura y eficiente.
La disponibilidad de agroinsumos es un tema estructural para el sector productivo. La agricultura enfrenta una presión acumulada por altos costos, eventos climáticos extremos, incertidumbre logística internacional, vulnerabilidad frente a las importaciones y pérdida de competitividad. En ese escenario, discutir el registro de agroquímicos no es un asunto de trámite. Es una discusión sobre productividad, seguridad alimentaria y condiciones reales para producir.
La capacitación técnica, por tanto, cumple un papel fundamental. Los registrantes, regentes, asesores, especialistas regulatorios, empresas y autoridades deben comprender con precisión cómo se aplican las especificaciones, la equivalencia y los requisitos documentales. Una mala interpretación puede provocar reprocesos, atrasos y obstáculos que terminan afectando al sector agrícola. Pero una aplicación laxa o incorrecta también sería riesgosa, porque podría comprometer la calidad del sistema.
La ruta correcta está en el equilibrio: aplicar el procedimiento tal como corresponde, con base técnica, criterio experto y apego a estándares internacionales.
Precisamente por eso, Asoagro ha impulsado espacios de formación dirigidos a especialistas regulatorios, registrantes, regentes y profesionales vinculados con estos procesos. El objetivo no es capacitar por capacitar. Es contribuir a que Costa Rica tenga procesos de registro más ordenados, más claros, más seguros y más eficientes.
Este esfuerzo parte de una convicción: el registro fitosanitario no debe verse únicamente como un trámite administrativo. Es un proceso técnico que requiere información precisa, respaldo documental, conocimiento actualizado de la normativa y comprensión del impacto que tiene sobre la producción agrícola.
Si queremos una agricultura más competitiva, debemos asegurar que el productor tenga acceso oportuno a herramientas modernas, eficaces y debidamente evaluadas. Si queremos alimentos disponibles y precios más razonables, debemos revisar también los factores que inciden en los costos de producción. Y si queremos un país que hable seriamente de seguridad alimentaria, debemos entender que producir depende de muchas condiciones: tierra, agua, clima, financiamiento, tecnología, mano de obra e insumos.
Registrar mejor no significa bajar la guardia. Significa usar mejor la ciencia, aprovechar criterios internacionales, eliminar trabas innecesarias y fortalecer la capacidad técnica del país.
Costa Rica no puede darse el lujo de mantener procesos que, por falta de claridad o por exceso de rigidez, limiten el acceso del agricultor a soluciones que ya podrían estar disponibles. Tampoco puede permitir que la discusión sobre agroinsumos se reduzca a prejuicios o simplificaciones. El país necesita una conversación técnica, responsable y orientada a resultados.
Al final, el objetivo debe ser claro: que el agricultor cuente con más herramientas para producir, que el mercado tenga más opciones, que los procesos regulatorios sean confiables y que la población tenga acceso a alimentos producidos con responsabilidad, eficiencia y competitividad.
Una agricultura fuerte no se construye con menos herramientas. Se construye con mejores decisiones.