Este 29 de julio se realizará la primera mesa de construcción sobre el nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos de San José. Las siguientes sesiones están previstas para el 12 y el 26 de agosto. El proceso se abre después de que la primera versión presentada por la Alcaldía Municipal y su intento de aprobación, a mediados de julio, fueran retrotraídos y su formulación replanteada por completo.
En los días previos, representantes de bares, restaurantes, artistas, vecinos, regidores, diputados, la propia Municipalidad y el Ministerio de Cultura y Juventud debatieron con intensidad el alcance de la propuesta. A primera vista, pareció que la discusión giraba alrededor de si un restaurante puede tener un DJ, karaoke o música en vivo, y hasta qué hora. Luego, el debate se amplió hacia cómo proteger la vida cultural, el derecho al descanso y la dinamización productiva de la ciudad.
Planteado así, el problema quedó muchas veces reducido a posiciones aparentemente irreconciliables: el reglamento como amenaza para el empleo, la cultura y la vitalidad josefina, o como oportunidad para recuperar la tranquilidad de barrios donde la convivencia se ha deteriorado durante años. Pero ese encuadre no alcanza. El desafío de fondo es justamente otro: cómo construir reglas que permitan compatibilizar esos bienes públicos, no ponerlos a competir como si uno solo pudiera existir a costa de los demás.
Una posición sostiene que, cuando se trata de la evolución de las ciudades, las normas deben adaptarse a las dinámicas que se van instalando de hecho, independientemente de si esas dinámicas son positivas o negativas. Para otros, por el contrario, el riesgo está en normalizar distorsiones producidas por la falta de respeto y cumplimiento de normas existentes, concebidas precisamente para garantizar que la convivencia sea fundamento de la ciudad.
En los conflictos urbanos, como en todas las tensiones que derivan de lo público, las posiciones dependen de intereses y perspectivas. El reto es hacerlas convivir, porque de eso se trata la ciudad: de construir convivencia. Por eso, ninguna posición alcanza por sí sola para entender y mucho menos resolver el problema, especialmente cuando se trata de gobernar una ciudad y definir sus marcos de coexistencia.
Sabemos que las ciudades contemporáneas viven de la mezcla: vivienda, comercio, gastronomía, cultura, turismo y entretenimiento. Esos compartimentos no se presentan completamente separados. Conviven en equilibrios que se potencian o se degradan. Construir y modelar esos equilibrios genera tensiones. Gobernar una ciudad consiste, entre otras cosas, en administrar esas tensiones sin sacrificar ninguno de los bienes públicos que están en juego.
La mirada de conjunto y lo que implica en derechos, deberes y compromisos para todas las partes es el punto sobre el que quiero llamar la atención. A menudo parece ausente o puesto fuera de la conversación. Porque el verdadero debate no trata sobre un tipo de espectáculo ni sobre un horario; trata sobre cómo queremos gobernar la convivencia en una ciudad cada vez más densa, diversa y compleja.
En el mapa de actores involucrados se distinguen enseguida grupos de presión e interés defendiendo sus distintas preocupaciones. La pregunta es quién debe asumir el liderazgo para ordenar la conversación, proteger el interés general y evitar que el conflicto se resuelva únicamente según la capacidad de presión de cada sector.
Uno asumiría que ese papel le corresponde a la Municipalidad, pues tiene un estatuto específico como autoridad pública y obligaciones que ningún otro actor tiene: proteger el interés general, hacer cumplir las reglas y garantizar que el debate no quede capturado por la fuerza relativa de quienes tienen más capacidad de incidencia.
Ahí aparece su desafío más serio: ordenar situaciones que durante años, bajo su tutela y responsabilidad —la de sus autoridades políticas y sus dependencias: gerencias, direcciones y servicios— han evolucionado con reglamentos dispersos, fiscalización insuficiente y tolerancia a usos alejados del espíritu original de sus principales herramientas: patentes y zonificación. Esa acumulación ha favorecido distorsiones que hoy le generan serios problemas de credibilidad. Toca resolver situaciones que ni siquiera deberían haberse dado.
En resumen, el fondo de la pregunta no es si se autorizan o prohíben determinadas actividades y horarios, sino cómo hacerlo diferenciando adecuadamente la zonificación urbana. No se trata solo de un problema regulatorio. Es un problema de gobernanza pública.
Por eso, para entender qué se está discutiendo, cómo participar, aportar y velar por un manejo adecuado del debate, es necesario entender las herramientas con las que se gestiona la ciudad. Ninguna ciudad puede construir convivencia trasladando el costo de hacer cumplir las reglas a quienes sufren su incumplimiento, convirtiendo incumplimientos acumulados en nuevas reglas de hecho o ignorando los marcos básicos que rigen nuestra convivencia.