La presidenta Laura Fernández propuso llevar a estudiantes de “centros educativos de barrios peligrosos” a conocer el nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), la megacárcel que el Gobierno construye en La Reforma. La idea es que los jóvenes “pongan las barbas en remojo” antes de “querer delinquir”.
El anuncio llegó en la misma conferencia en la que el Gobierno presentó los uniformes anaranjados que vestirán las personas privadas de libertad consideradas de mayor peligrosidad. Este detalle no resulta incidental: responde a la misma lógica punitiva, pensada para producir una imagen antes que un resultado. Al mismo tiempo, contradice la evidencia científica sobre los efectos de la prevención general negativa en el delito.
Cuando yo estudiaba noveno año en Tilarán, me llevaron a conocer el Colegio Científico y me invitaron a postularme al Colegio Humanístico. Fui admitida. Esa oportunidad, en un barrio no peligroso, pero lejos del desarrollo del Valle Central, marcó mi carrera. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de visitar colegios, me hubiesen llevado a conocer cárceles a los 14 años? ¿Por qué el Estado estigmatiza a los “jóvenes de colegios peligrosos” mostrándoles la cárcel, mientras otros más afortunados visitan las jornadas de puertas abiertas de las universidades?
Este tipo de intervención tiene un nombre y cuenta con más de cuarenta años de estudio en Estados Unidos: Scared Straight. Nueve estudios experimentales hallaron que estas intervenciones no solo no reducen la reincidencia, sino que la aumentan. Los jóvenes que participaron cometieron un 28% más de delitos que quienes no participaron (Petrosino, Turpin-Petrosino, Hollis-Peel y Lavenberg, 2013). Los autores concluyen que estos programas “no pueden recomendarse como estrategia de prevención del delito” porque tienden a causar más daño que no hacer nada.
La criminología ya lo había anticipado. Un “susto” no resuelve una falencia estructural. Exponer a un adolescente al miedo carcelario no lo aleja del delito: lo acerca a un guion que ya conoce y lo normaliza, en lugar de desmontarlo.
Al mismo tiempo, la propuesta realiza un malabarismo criminológico. Trata el delito como una decisión individual y, a la vez, como un fenómeno estructural determinado por el lugar. El sociólogo Robert Merton (1938) mostró que el delito surge del desajuste entre las metas que la cultura exige alcanzar y los medios disponibles para alcanzarlas. Ese desajuste lo impone la estructura social; no lo elige el adolescente. ¿Acompaña el “tour al CACCO” alguna intervención real para que estos “chiquillos que están jugándosela” encuentren oportunidades lejos del delito?
La violencia en Costa Rica no afecta por igual a todos los territorios. Golpea con mayor fuerza a Limón, Puntarenas y el Pacífico Central, zonas con mayor exclusión educativa, informalidad laboral y debilidad institucional. Un análisis del Centro Agenda Joven de la UNED muestra que, en cantones como Limón o Quepos, más de la mitad de las muertes juveniles están vinculadas a homicidios, mientras que en el Valle Central esa proporción cae a cero (García-Marín, 2025).
Estos territorios comparten los indicadores que la criminología asocia con la “desorganización social”, es decir, condiciones que erosionan lo que el criminólogo Robert Sampson (1997) llamó la “eficacia colectiva” de una comunidad. La violencia juvenil no ocurre entre ellos; ocurre contra ellos, contra una generación sin las mismas opciones que sus pares del centro del país.
Si la violencia responde a la geografía de la desigualdad, la respuesta no puede señalar a los estudiantes de esa geografía como sospechosos preventivos. Elegir qué colegios visitan el CACCO constituye un acto de clasificación y etiquetamiento que construye, como diría Michel Foucault, un régimen de verdad donde ciertos jóvenes solo resultan pensables como amenaza.
La discusión no ocurre entre mano dura y permisividad, sino entre dos teorías del delito que el Gobierno parece confundir a conveniencia: una lo trata como un defecto moral que el miedo corrige; la otra lo entiende como el resultado previsible de una desigualdad territorial que el propio Estado permitió acumular durante décadas.
El CACCO abrirá en los próximos meses. El Gobierno anunció uniformes, planos y medidas de tolerancia cero. Lo que no anuncia es una inversión social equivalente en Limón o Puntarenas. Mientras esa inversión no llegue, la megacárcel seguirá siendo lo único construido. La prevención, en cambio, seguirá en cero.
Ojalá los docentes sigan llevando a sus estudiantes a conocer el Colegio Científico, museos y universidades, no cárceles, según la peligrosidad atribuida a sus barrios.