La Corte alegó que la agenda incluye asuntos relacionados con competencias jurisdiccionales y advirtió que su participación podría comprometer la independencia de criterio.
El Poder Judicial comunicó este viernes a la presidenta de la república, Laura Fernández Delgado, que ninguna de las autoridades judiciales convocadas participará en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública prevista para el lunes 20 de julio.
La decisión fue comunicada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, mediante el oficio 251-P-2026, enviado en respuesta a la convocatoria presidencial PR-P-OF-084-2026.
Según el documento, varios de los asuntos incluidos en la agenda se relacionan con actuaciones, procedimientos y decisiones vinculados con el ejercicio de competencias jurisdiccionales.
Aguirre sostuvo que la participación del presidente de la Corte y de la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal podría generar valoraciones o compromisos capaces de condicionar directa o indirectamente la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de casos concretos.
En tales condiciones, la participación del presidente de la Corte y la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.
El oficio agrega que ese mismo lunes la Corte Plena celebrará su sesión ordinaria y analizará las afectaciones que, según la institución, producirá el recorte comunicado por el Ministerio de Hacienda al presupuesto judicial.
La Corte afirmó que la institución enfrenta esa decisión después de varios años de contención del gasto, aprobación de presupuestos insuficientes y transferencias tardías de recursos previamente autorizados por la Asamblea Legislativa.
Según el Poder Judicial, esas condiciones ya han limitado la contratación de personal, el fortalecimiento de capacidades para combatir la criminalidad y la reducción del rezago judicial.
El documento sostiene que el recorte adicional no corresponde a recursos ociosos y que sus efectos recaerían sobre la prestación de servicios, la investigación criminal, la persecución penal, la atención de víctimas y la capacidad de los tribunales para resolver los procesos oportunamente.
Aguirre aclaró que la ausencia de las autoridades judiciales no implica indiferencia frente a la situación de seguridad del país. El oficio señala que los órganos de investigación, persecución penal y administración de justicia cumplen una función esencial dentro de la respuesta estatal ante la criminalidad.
La Corte también sostuvo que la continuidad de esa labor depende del fortalecimiento de las capacidades institucionales y consideró contradictorio discutir medidas para mejorar la seguridad mientras se reducen los recursos destinados a investigación, acusación, defensa, juzgamiento y ejecución de sentencias.
Resultaría incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva”.