La ciudadanía costarricense conoce bien la distancia entre lo que el Estado promete y lo que finalmente entrega. Un puente que se anuncia tres veces y nunca se inaugura, una política que nace en un ministerio y muere en otro, una región que aparece en todos los discursos y en ningún presupuesto.
Nuestro ordenamiento concentra en la Presidencia una carga pesada de responsabilidad y, al mismo tiempo, dispersa la capacidad operativa entre ministerios, órganos desconcentrados, instituciones autónomas y gobiernos locales. Quien gobierna manda sobre menos de lo que se le exige. Esa tensión explica en parte la dificultad para conducir el país, pero no la disculpa, porque organizarse para gobernar forma parte del mandato.
En ese escenario aparece el Decreto Ejecutivo N.° 45804-MP-PLAN, con el que el Gobierno redefinió la organización del Poder Ejecutivo. La norma intenta superar la coordinación genérica mediante una arquitectura que alinea horizonte estratégico, planificación, presupuesto e inversión. La inversión pública deja de ocupar un lugar complementario y pasa a traducir las prioridades en intervenciones concretas; la coordinación legislativa se incorpora al ciclo ordinario de conducción sectorial; la acción exterior adquiere un lugar propio; y los consejos presidenciales asumen la definición de prioridades.
Esta reorganización se inscribe en un tránsito institucional más amplio. En la última década, el diseño del Poder Ejecutivo pasó de enfrentar la fragmentación mediante planificación territorial participativa y articulación interinstitucional a privilegiar una conducción anclada en un centro presidencial reforzado.
El decreto vigente prolonga esa evolución con una arquitectura ambiciosa, en la que los consejos económico, social, ambiental y de seguridad quedan ubicados como instancias políticas de alto nivel en la órbita de la Presidencia, aunque con coordinaciones específicas. Al mismo tiempo, las rectorías sectoriales quedan vinculadas con mayor detalle a la programación, ejecución, seguimiento y evaluación.
La apuesta puede producir una acción estatal más armónica, inversiones mejor dirigidas a las necesidades territoriales, políticas de seguridad más integrales y proyectos de ley de mayor calidad técnica. También eleva la exigencia de la gestión, en tanto la Presidencia deberá absorber una carga considerable sin vaciar las rectorías, y estas tendrán que gestionar agendas amplias sin perder capacidad de ejecución.
Una Presidencia más fuerte y un Estado más capaz no son la misma cosa, y confundirlas es el riesgo central de toda reorganización. Concentrar autoridad es relativamente fácil. Basta un decreto. Construir capacidades es trabajo lento, técnico y poco vistoso, que se comprueba años después. Por eso, elevar el potencial de ejecución depende de condiciones que ningún organigrama puede garantizar.
Depende, primero, de que la autoridad presidencial se traduzca en instrumentos que de verdad obliguen. Una directriz sin fundamento legal claro, sin instituciones responsables, sin presupuesto y sin indicadores conduce poco. También puede activar frenos legales, invadir autonomías y degradar la calidad técnica de las decisiones justo cuando se busca lo contrario.
Depende también de que el Gobierno vea lo que gobierna. Sin una verdadera gobernanza de datos sustentada en evidencia oportuna, la autoridad se concentra sin capacidad para anticipar riesgos antes de que maduren como crisis. El decreto da un paso valioso al incorporar órganos de estadística y análisis económico a los espacios de decisión. Esa observación debe traducirse en decisiones que lleguen al territorio: cada región requiere una cartera de inversión priorizada con las comunidades, que transparente el avance real, el financiamiento, los permisos pendientes, las responsabilidades y los plazos.
Depende, sobre todo, de la infraestructura humana que convierte la planificación en entrega: equipos técnicos competentes, protegidos de la rotación política, dotados de propósito claro y margen responsable para resolver.
Esas mismas capacidades son la primera defensa frente a la corrupción. Por su peso, esa lucha merece rango de conducción presidencial, como ocurre con la economía y la seguridad. Dejar la integridad pública solo al control posterior supone esperar el daño en lugar de prevenirlo, y ese daño lo pagan el erario y la confianza pública. Cuanta más autoridad se sitúe en el centro, mayor será la exigencia de transparencia, justificación, control y rendición de cuentas.
La autoridad se sostiene porque la sociedad reconoce motivos para acatarla y percibe que las decisiones se adoptan con razones, controles y límites. La separación de poderes, las autonomías y los controles pueden encarecer y ralentizar cada decisión, pero son garantías frente a la arbitrariedad. También recuerdan que quien gobierna puede equivocarse.
La verdadera prueba de esta reorganización no la dará el organigrama, sino la distancia entre lo que el Estado se propone y el valor público que finalmente logra entregar. Si el decreto sirve para acortar esa distancia, habrá cumplido su propósito. Si solo concentra autoridad sin construir capacidad, se habrá vuelto a confundir mandar con ejecutar.