Este mes de julio ocurrieron importantes acontecimientos en el mundo de la oncología con la publicación del Reporte Global sobre el Cáncer 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre sus principales hallazgos, el informe evidencia uno de los desafíos menos visibles que enfrentan las personas que han tenido un diagnóstico de cáncer: la toxicidad financiera.
Según el reporte, casi la mitad de las personas con experiencia de cáncer que participaron en la encuesta mundial reportaron haber sufrido dificultades económicas, y la gran mayoría de sus cuidadores también enfrentaron problemas financieros. Estos incluyen altos gastos médicos, pérdida de ingresos durante los tratamientos y las consecuencias económicas que puede traer un diagnóstico de cáncer para toda la familia.
En algunos países, como Estados Unidos, existe incluso el término "bancarrota médica", que describe la quiebra económica ocasionada por deudas derivadas de la atención en salud. Aunque esta situación es menos frecuente en países con cobertura universal de salud, como Costa Rica, el cáncer sigue generando importantes costos indirectos. La pérdida del empleo de la persona diagnosticada y de sus cuidadores, los gastos de transporte, medicamentos y exámenes no cubiertos por la seguridad social representan una carga económica considerable.
Sin embargo, los retos financieros no terminan cuando finaliza el tratamiento. Está ampliamente documentado que muchos sobrevivientes de cáncer continúan siendo discriminados años después de haber superado la enfermedad al solicitar seguros, préstamos financieros o incluso al buscar empleo.
Para combatir esta discriminación, cada vez más países han aprobado la ley “Derecho al Olvido Oncológico”, una legislación que impide que un antecedente de cáncer sea utilizado para discriminar financieramente a quienes ya han superado la enfermedad. Si el cáncer ocurrió hace más de cinco años y la persona ha permanecido libre de la enfermedad, tendrá el derecho de declarar que no ha tenido cáncer para efectos de esa consulta, evitando así ser discriminada por un diagnóstico que ya forma parte de su pasado.
El reporte de la OMS destaca el caso de Bélgica, pionero de esta ley desde 2019. Hoy esta protección existe en varios países de la Unión Europea. Como el caso de Irlanda que la aprobó a principios de julio. Y aunque podría pensarse que este tipo de iniciativas solo ocurren en países europeos de altos ingresos, América Latina también ha avanzado: Chile aprobó esta ley hace dos años, Perú el año pasado y Colombia también este mismo mes.
Costa Rica cuenta con una de las tasas de supervivencia al cáncer más altas de la región, comparable incluso con las de varios países europeos, entre ellos Irlanda. Nuestro país ya dio un importante paso cuando el proyecto de ley (expediente 24.541) fue aprobado en primer debate durante la administración anterior. Sin embargo, hasta la fecha aún no ha sido convocado para su votación en segundo debate.
No es casualidad que esta iniciativa haya sido impulsada principalmente por organizaciones de personas jóvenes sobrevivientes de cáncer en Europa y otros países Latinoaméricanos. Son precisamente ellas quienes enfrentan durante más años las consecuencias de la discriminación financiera.
En Costa Rica, aproximadamente entre 130 y 150 niños son diagnosticados cada año con cáncer infantil. Según la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, alrededor del 75% logra superar la enfermedad. Esto significa que más de 90 niños sobrevivientes se incorporarán cada año a la vida adulta. Sin una ley que garantice el derecho al olvido oncológico, muchos de ellos podrían enfrentar obstáculos para obtener un préstamo de vivienda, acceder a un seguro o conseguir un empleo únicamente por haber tenido cáncer durante su infancia.
Como sobreviviente de cáncer en la juventud y defensora de los derechos de las personas sobrevivientes joven en Europa, me siento profundamente orgullosa de los avances que Costa Rica ha logrado en materia de supervivencia al cáncer. Gracias a esos avances hoy estoy viva.
Precisamente porque hemos logrado que más personas sobrevivan, ahora debemos dar el siguiente paso: garantizar que también puedan vivir con dignidad. Es momento de celebrar lo que hemos conseguido, pero también de seguir avanzando para mejorar la calidad de vida de quienes sobreviven al cáncer y eliminar la discriminación que aún enfrentan.
El reporte de la OMS también revela que una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, y que el 92 % de la población mundial se verá afectada indirectamente, ya sea porque padecerá la enfermedad un familiar, un amigo o porque asumirá el rol de cuidador.
Estos datos dejan claro que la lucha contra el cáncer no termina con la prevención, el diagnóstico temprano o el acceso al tratamiento. También debe incluir la protección de la calidad de vida de quienes sobreviven a la enfermedad y la eliminación de las barreras que les impiden reconstruir su futuro.
Por ello, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que lo apruebe en segundo debate en este periodo de sesiones ordinarias, que inicia el próximo 1 de agosto. Costa Rica ya ha demostrado que puede salvar vidas. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que también puede proteger el futuro de quienes sobreviven. Aprobar el derecho al olvido oncológico no es solo una reforma legal; es reconocer que una persona no debe cargar toda su vida con las consecuencias de una enfermedad que logró superar.