Las necesidades no caben en un quintil
La economía existe para servir a las personas, no las personas para servir a la economía."
En los últimos días, la discusión central en nuestro país ha girado en torno a la canasta básica y la tarifa reducida del IVA que se le aplica. Dentro de la controversia surgen interrogantes poderosas, desde si solo pagarán quienes más tienen hasta la gran duda de qué pasará con la clase media.
En una primera impresión, todo esto podría parecernos un debate técnico, propio de expertos en economía y especialistas en política fiscal. Sin embargo, reducir la discusión a una lista de bienes sujetos a una tarifa tributaria diferenciada implica ignorar el verdadero dilema que debemos plantearnos y que los altos jerarcas deben cuestionarse: ¿qué entendemos por una vida digna y quién tiene el poder de definirla?
Es sabido que las políticas públicas nunca son neutrales. Detrás de cada impuesto, cada exoneración y cada modificación presupuestaria existe una concepción sobre el papel del Estado, del mercado y del ser humano. Cada aspecto financiero que se modifica dentro de nuestro aparato institucional está cargado de componentes ideológicos y políticos.
Siguiendo esa línea, cuando entra en la discusión el argumento de que se debería modificar la canasta básica porque "los ricos deberán pagar como ricos y los pobres como pobres", el debate deja de ser únicamente sobre impuestos y se convierte en un asunto relacionado con el valor de la dignidad humana.
Considero que el Ejecutivo parte de premisas muy peligrosas al recurrir a extremos que posicionan a algunas personas como ricas y a otras como muy pobres, mientras ignora la existencia de una clase media que a duras penas llega a fin de mes. Si una persona tuviera que encontrarse en pobreza extrema para conservar una tarifa reducida sobre algo tan esencial como la alimentación, deberíamos poner la mirada en una idea central: los derechos sociales tendrían que adaptarse a la pobreza existente, en lugar de contribuir a superarla.
Si aceptamos que una persona merece menos protección porque no pertenece exactamente a determinado quintil de la sociedad, ya sea por unos cuantos colones o por una estadística que no representa las realidades materiales, terminamos convirtiendo la carencia en el criterio con el que diseñamos nuestras instituciones. En otras palabras, dejamos de preguntarnos qué necesita una persona para vivir dignamente y comenzamos a preguntarnos qué tan poco puede tener sin que la sociedad considere inaceptable su situación.
El economista Karl Polanyi, quien abordó estas problemáticas en La gran transformación, sostuvo que el mercado es una institución necesaria, pero profundamente peligrosa cuando pretende organizar por sí solo toda la vida social. Esa creciente autonomía del mercado provoca que las decisiones públicas se orienten cada vez más por criterios económicos que por las condiciones materiales de las personas.
Esto nos permite comprender que una sociedad en la que el valor de las decisiones públicas depende únicamente de criterios económicos corre el riesgo de mercantilizar aquello que jamás debió convertirse en mercancía: el trabajo, la naturaleza e incluso las condiciones mínimas para una vida digna.
La discusión sobre la canasta básica ilustra precisamente esa tensión. Si el análisis se limita al impacto recaudatorio o al comportamiento del consumo, el mercado termina imponiendo los límites de lo que una persona "merece". Sin embargo, la función de una política pública no consiste únicamente en administrar recursos, sino también en proteger.
Como planteó Amartya Sen, el bienestar integral de una sociedad no puede ni debe medirse únicamente mediante el ingreso o el crecimiento económico, sino también por las capacidades reales que tienen las personas para desarrollar su vida y atender sus necesidades. Entre ellas se encuentran alimentarse adecuadamente, acceder a una educación competente, ejercer el derecho a la salud y tener libertad para desenvolverse en sociedad.
Desde esta perspectiva, la pregunta relevante no consiste en determinar si una familia se encuentra o no en condición de pobreza extrema por ₡10.000 de diferencia. La pregunta debe partir de si la política pública contribuye a garantizar las capacidades mínimas que cualquier persona debería tener para vivir con dignidad. Cuando una política pública utiliza la pobreza como parámetro para definir derechos, corre el riesgo de perpetuar precisamente aquello que pretende atender.
Es probable que los hogares de mayores ingresos absorban con mayor facilidad un incremento en el costo de ciertos bienes. En cambio, para amplios sectores de la clase media, cuyos ingresos ya están comprometidos por alquileres, créditos y servicios básicos, cualquier aumento en la carga tributaria de la canasta básica representa una presión adicional sobre economías familiares que operan con márgenes muy estrechos.
Hoy más que nunca, la economía debería funcionar como una herramienta eficaz para generar bienestar, riqueza y desarrollo. Debería brindarles instrumentos a esos sectores de clase media para que no lleguen cortos a fin de mes y crear alternativas para que sus economías crezcan, en lugar de cerrarles aquellas rutas que vuelven sus vidas más llevaderas.
La situación económica de una familia no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en el único criterio para decidir cómo organizamos la vida colectiva. Cada discusión debería partir de las condiciones materiales y no de quintiles estadísticos. Cuando los indicadores económicos dejan de ser herramientas de diagnóstico y se convierten en criterios para definir derechos, la sociedad comienza a medir el valor de las personas por su costo y no por su dignidad.
Quizá, al final, nunca estuvimos debatiendo únicamente sobre impuestos. Debemos comprender que, si aceptamos que el mercado determine aquello que una persona merece, habremos renunciado a una de las funciones más importantes del Estado: reconocer que la dignidad humana no puede depender del ingreso, de un quintil estadístico ni del comportamiento del consumo.
La economía siempre será indispensable para el desarrollo de los mercados y las naciones, pero solo conservará su dignidad y su humanismo mientras busque servir como un instrumento al servicio de las personas y no como el criterio con el que decidimos cuánto vale cada una de ellas.