Costa Rica no puede seguir postergando decisiones que inciden directamente en su capacidad para competir, atraer inversión y generar empleo formal. Las jornadas laborales excepcionales llevan más de 20 años en discusión. El expediente 24.290 fue dictaminado, pero todavía no se convirtió en ley.
La propuesta no pretende imponer jornadas de 12 horas a toda la fuerza laboral. Busca habilitar, para actividades excepcionales, calificadas y que requieren continuidad operativa, una distribución de cuatro días de trabajo y tres días completos de descanso. El texto discutido contempla límites sectoriales, recargos salariales, prohibición de horas extraordinarias dentro de la modalidad, estudios de salud ocupacional, voluntariedad, ausencia de represalias y la posibilidad de regresar a la jornada ordinaria en determinadas circunstancias.
Esta regulación se circunscribe a cuatro sectores: manufactura tecnificada con maquinaria, industria de dispositivos médicos, servicios corporativos tales como operaciones comerciales y centros de contacto (call centers) y servicios de apoyo entendidos como labores complementarias y estrictamente necesarias para el funcionamiento de los tres sectores anteriores.
Costa Rica no puede pedirles a las empresas que compitan internacionalmente con reglas ambiguas o desactualizadas, mientras otros destinos ofrecen esquemas modernos, certeza jurídica y condiciones adaptadas a procesos productivos que operan permanentemente.
La falta de una regulación clara también genera inseguridad jurídica. En la práctica, los sectores mencionados requieren esquemas especiales para asegurar continuidad, atender mercados internacionales y cumplir compromisos con clientes ubicados en distintas zonas horarias. La respuesta no debe ser mantener estas necesidades en una zona gris, sino establecer reglas transparentes, fiscalizables y equilibradas que protejan a los trabajadores y permitan a las empresas organizar responsablemente sus operaciones.
Costa Rica compite todos los días por nuevas inversiones, ampliaciones de plantas, centros de servicios y empleos de mayor valor agregado. Las decisiones empresariales no dependen de un solo factor, pero la flexibilidad operativa, la disponibilidad de talento y la estabilidad regulatoria forman parte de una misma ecuación. Postergar indefinidamente uno de estos componentes debilita la propuesta de valor del país frente a otros mercados.
También existen beneficios potenciales para las personas trabajadoras: tres días consecutivos de descanso, menos desplazamientos semanales, ahorro en transporte y una mayor posibilidad de organizar estudios, responsabilidades familiares y tiempo personal. Por supuesto, una jornada excepcional exige fiscalización rigurosa, salud ocupacional efectiva y respeto absoluto a la decisión individual. Flexibilidad nunca debe significar desprotección, sino una regulación clara, equilibrada y verificable.
Rechazar la propuesta bajo la premisa de que pretende sustituir las jornadas ordinarias significa ignorar su verdadero alcance y cerrar la puerta a una herramienta que puede aplicarse únicamente donde exista una necesidad productiva objetiva.
La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) respalda la prioridad otorgada por el Gobierno a este proyecto y reconoce la importancia de impulsar una agenda dirigida a mejorar la competitividad nacional. Sin embargo, la voluntad del Poder Ejecutivo debe encontrar una respuesta concreta en la Asamblea Legislativa. El país necesita acuerdos y decisiones, no nuevos ciclos de discusión que terminen archivando o posponiendo los mismos temas.
Los diputados pueden perfeccionar las salvaguardas, los mecanismos de supervisión y las garantías que consideren necesarias. Lo que no resulta razonable es mantener el asunto indefinidamente abierto. Cada período legislativo que transcurre sin una resolución aumenta la incertidumbre, resta capacidad de adaptación y transmite la señal de que Costa Rica tiene dificultades para modernizar su normativa laboral.
El costo del estancamiento no siempre es visible de inmediato. Se refleja en inversiones que eligen otros destinos, operaciones que no se amplían, empleos que no se crean y oportunidades que se pierden silenciosamente. La competitividad no se construye mediante una sola reforma, pero sí se deteriora cuando el país acumula decisiones pendientes.
La posición de Crecex es clara: apoyamos la aprobación de jornadas excepcionales debidamente reguladas, voluntarias y limitadas a las actividades definidas en la propuesta de Ley. La Asamblea Legislativa debe retomar el expediente, fortalecerlo donde corresponda y someterlo a una decisión definitiva.
Después de tantos años de discusión, Costa Rica necesita cerrar este capítulo. El momento de decidir es ahora.
Escrito por Rodney Salazar, presidente Cámara de Comercio Exterior (Crecex)