La transformación digital del Estado no es una opción; es una necesidad. La ciudadanía espera instituciones más eficientes, ágiles y transparentes, capaces de aprovechar la tecnología para brindar mejores servicios. Sin embargo, toda innovación pierde sentido cuando, en lugar de resolver problemas, genera nuevos obstáculos que afectan directamente a las personas.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa precisamente una situación que debe invitarnos a reflexionar. La implementación de un nuevo sistema para gestionar y pagar los salarios provocó dificultades que hoy repercuten en cientos de personas trabajadoras.
Lo preocupante no es únicamente la existencia de errores propios de cualquier proceso de cambio, sino el impacto humano que esos errores tienen sobre quienes sostienen diariamente el funcionamiento de una de las instituciones más importantes del país. Desde hace años, muchos funcionarios interinos o nombrados en plazas temporales enfrentan atrasos recurrentes en el pago de sus salarios. Para algunos, la espera supera un mes; para otros, incluso varios meses. Esta situación ya representaba un problema estructural que exigía una solución definitiva.
La expectativa era que un nuevo sistema permitiera agilizar los procesos, reducir errores y brindar mayor seguridad en la gestión de las planillas. No obstante, la transición evidenció dificultades importantes. En algunos casos se presentaron pagos duplicados debido a la coexistencia del sistema anterior con el nuevo. En otros, el salario simplemente no llegó.
A ello se suma que parte del personal encargado de operar la plataforma no contó con tiempo suficiente para recibir una capacitación adecuada antes de asumir la responsabilidad de utilizarla. No se trata de cuestionar la necesidad de modernizar la institución. Por el contrario, la tecnología debe ser una aliada de la gestión pública. Lo que corresponde analizar es la forma en que las autoridades administran estos procesos de transformación.
Las organizaciones complejas requieren implementaciones graduales, pruebas piloto, acompañamiento técnico permanente y planes de contingencia que permitan corregir errores antes de que afecten a miles de personas trabajadoras. La gestión del cambio constituye hoy una disciplina ampliamente desarrollada en la administración pública y privada.
Numerosas experiencias internacionales demuestran que el éxito de una plataforma tecnológica depende menos del software y más de la planificación institucional, la capacitación del personal y la comunicación efectiva entre quienes diseñan los sistemas y quienes los utilizan diariamente.
Cuando una persona trabajadora no recibe su salario a tiempo, el problema deja de ser informático y se convierte en social. Detrás de cada depósito pendiente existe una familia que debe pagar alquiler, alimentación, transporte, servicios públicos, medicamentos o préstamos adquiridos con la expectativa legítima de recibir una remuneración por el trabajo ya realizado. Además, la incertidumbre económica repercute inevitablemente en el clima laboral.
Resulta difícil exigir excelencia en la prestación de los servicios de salud cuando parte del personal enfrenta la preocupación de no saber si podrá cumplir sus compromisos financieros al finalizar el mes. Cuidar a quienes trabajan en la CCSS también significa proteger la calidad de la atención que reciben millones de personas usuarias.
Por ello, este momento debe entenderse como una oportunidad de mejora institucional y no como un espacio para buscar culpables. La administración puede revisar los procedimientos implementados, fortalecer la capacitación del personal, habilitar equipos permanentes de soporte técnico y establecer mecanismos extraordinarios que garanticen el pago oportuno mientras el sistema alcanza la estabilidad esperada.
La modernización tecnológica debe avanzar, pero nunca a costa de los derechos laborales. La eficiencia administrativa no puede medirse únicamente por la incorporación de nuevas plataformas, sino por la capacidad de garantizar que los procesos funcionen correctamente desde el primer momento o, al menos, que existan respuestas rápidas cuando aparezcan dificultades.
La CCSS ha sido, durante décadas, uno de los pilares del Estado social de derecho costarricense gracias al compromiso de sus personas trabajadoras. Ese compromiso merece sistemas administrativos confiables, procesos bien planificados y, sobre todo, respeto por el derecho fundamental de toda persona trabajadora a recibir puntualmente el salario que ganó con su esfuerzo.
Modernizar, sí. Improvisar, no.