En los mercados internacionales ya no basta con ofrecer calidad, precio y cumplimiento: las empresas deben mostrar cómo identifican, previenen y atienden sus impactos sobre las personas, el ambiente y la sociedad.
Cada producto que Costa Rica exporta lleva consigo más que una etiqueta de origen. Detrás de una fruta, una planta ornamental, un dispositivo médico o un alimento procesado hay una cadena de decisiones: el origen de las materias primas, las condiciones laborales de quienes las produjeron, los impactos ambientales generados, la relación de la empresa con sus proveedores y su respuesta ante un riesgo identificado.
Durante décadas, esas decisiones quedaron fuera de la conversación comercial. Al comprador internacional le bastaba conocer la calidad del producto, el precio y la capacidad de cumplir plazos y volúmenes. Esos criterios siguen siendo relevantes, pero ya no son suficientes: los mercados exigen ahora saber cómo se produce y quién responde por las consecuencias de esa producción.
Esta transformación obliga a corregir una idea todavía extendida entre el empresariado costarricense: que la conducta empresarial responsable pertenece al terreno de la filantropía, las donaciones o las campañas de reputación. No es así. La conducta empresarial responsable se define en la gestión cotidiana del negocio: en la toma de decisiones, la administración de riesgos, la contratación de personal, la selección de proveedores, el uso de recursos naturales y la comunicación con consumidores.
De la declaración a la evidencia
Afirmar que una empresa es sostenible resulta sencillo. Demostrarlo no lo es. La sostenibilidad dejó de ser un atributo de marca para convertirse en un conjunto de preguntas verificables: ¿qué riesgos identificó la empresa?, ¿con qué criterio determinó su gravedad?, ¿qué medidas adoptó para prevenirlos?, ¿cómo comprueba que funcionan?, ¿qué hace cuando detecta un impacto negativo? y ¿cómo rinde cuentas de sus resultados?
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable —que este año cumplen cinco décadas— establecen recomendaciones en derechos humanos, empleo, medio ambiente, lucha contra la corrupción, protección al consumidor, divulgación de información, competencia y tributación. Su objetivo es que las empresas contribuyan al progreso económico, social y ambiental sin generar, o sin dejar de atender, efectos adversos derivados de sus operaciones y relaciones comerciales.
El instrumento que traduce esos principios en práctica es la debida diligencia basada en riesgos: un proceso continuo mediante el cual la empresa identifica los impactos reales o potenciales asociados con sus actividades, operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales; los previene o mitiga; da seguimiento a las medidas adoptadas; comunica sus resultados y contribuye a reparar los daños cuando corresponde.
No consiste en completar un formulario anual ni en producir documentos antes de una auditoría. Tampoco garantiza que los problemas no ocurrirán. Significa crear mecanismos capaces de detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis y de responder con seriedad cuando no fue posible evitarlos.
Un requisito, no solo una carga
Las exigencias ambientales, sociales y de gobernanza suelen presentarse como un obstáculo para la competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas. Esa lectura es incompleta. Implementar procesos de debida diligencia requiere tiempo, capacidad técnica y recursos, y comprender estándares internacionales o documentar procesos internos representa, sin duda, un esfuerzo considerable para una pyme exportadora.
Pero desatender estos temas también genera costos: exposición a interrupciones, incumplimientos contractuales, conflictos laborales, afectaciones ambientales, pérdida de compradores y daños reputacionales. Conocer con precisión las propias operaciones y relaciones comerciales permite, en cambio, anticipar problemas, fortalecer controles internos y responder con mayor solvencia ante solicitudes de información de clientes y mercados.
En la Unión Europea, la Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) obliga a grandes empresas europeas y no europeas con presencia significativa en el mercado comunitario a identificar y atender impactos adversos sobre derechos humanos y ambiente en sus operaciones y cadenas de actividades.
Tras los cambios del paquete de simplificación Ómnibus I, publicados en febrero de 2026 y vigentes desde marzo, el umbral de aplicación quedó restringido a compañías europeas con al menos 5.000 personas empleadas y una facturación neta mundial de 1.500 millones de euros, así como a empresas no europeas con al menos 1.500 millones de euros de facturación neta en la Unión Europea. Los Estados miembros deben transponer la norma a su legislación nacional antes del 26 de julio de 2028, con aplicación efectiva a partir del 26 de julio de 2029.
Ese recorte reduce el número de empresas costarricenses que serán sujetos directos de la obligación legal europea, pero no elimina la presión comercial. Es previsible que las grandes compradoras europeas —obligadas o no por ley— sigan trasladando a sus proveedores solicitudes de información, trazabilidad y evidencia de gestión de riesgos, porque necesitan documentar su propia cadena de valor. Prepararse, entonces, no debería entenderse solo como respuesta a una regulación específica, sino como condición para mantener el acceso a mercados exigentes y diferenciarse de competidores que aún no pueden demostrar cómo gestionan sus impactos.
La reputación del país no reemplaza la evidencia empresarial
Costa Rica ha construido una imagen internacional asociada con la protección ambiental, la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible. Esa reputación facilita el primer contacto comercial, pero no sustituye la evidencia que cada empresa debe presentar por separado. Los compradores internacionales piden políticas, procesos, controles, indicadores y respuestas concretas; no basta con declarar valores compartidos, es necesario mostrar cómo se incorporan a las decisiones cotidianas.
Esta exigencia también representa una oportunidad. Un sector exportador capaz de documentar sus prácticas laborales, ambientales y de gobernanza fortalece la confianza en los productos nacionales y consolida a Costa Rica como socio comercial previsible y transparente. La responsabilidad empresarial no debería entenderse como una capa adicional al final del proceso productivo, sino como parte de la calidad misma de lo que el país exporta.
Herramientas, no solo obligaciones
Advertir a las empresas que el entorno cambia no es suficiente; se requiere poner a su disposición conocimiento, metodologías e instrumentos aplicables a su realidad. Ese es el propósito del proyecto Fortalecimiento de la Conducta Empresarial Responsable en el Sector Exportador de Costa Rica, impulsado por la Asociación Acción Colectiva y la Embajada del Reino de los Países Bajos, con el apoyo técnico del Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable y la alianza estratégica de la Cámara de Exportadores de Costa Rica y de Holland House Costa Rica.
La iniciativa acompañará a 21 empresas exportadoras mediante seis sesiones de formación con especialistas nacionales e internacionales, y pondrá a su disposición una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la empresa costarricense Supernova para la consulta permanente de información y materiales especializados. El valor del programa reside en la transmisión de conceptos, en guiar a las empresas hacia información que facilite la identificación de sus brechas y en convertir principios internacionales en procedimientos, responsabilidades y acciones verificables.
La tecnología facilita el acceso a información, pero no sustituye el criterio humano, el diálogo con las partes interesadas ni la responsabilidad de quienes toman decisiones. Una plataforma puede ayudar a comprender un estándar; corresponde a cada empresa aplicarlo con seriedad, sin delegar en ninguna herramienta automatizada el conocimiento profundo de sus propias operaciones.
Una responsabilidad compartida
El fortalecimiento de la conducta empresarial responsable no depende únicamente de las compañías. Requiere coordinación entre instituciones públicas, cámaras empresariales, organizaciones especializadas, socios comerciales, academia, cooperación internacional y proveedores tecnológicos. Las autoridades deben aportar claridad normativa; las cámaras, acercar conocimiento a sus afiliados; las organizaciones de sostenibilidad, metodología y acompañamiento; los mercados, reconocer los esfuerzos auténticos sin convertir la sostenibilidad en una sucesión de requisitos contradictorios; y las empresas, asumir que gestionar sus impactos forma parte de su responsabilidad fundamental, no de un añadido opcional.
Esta alianza demuestra el valor de reunir capacidades distintas alrededor de un objetivo común, y coincide con los 50 años de las Líneas Directrices de la OCDE, una conmemoración que debería servir para medir cuánto se ha avanzado en convertir sus principios en prácticas empresariales verificables, y no solo para reafirmar la vigencia de un texto.
Exportar confianza
La conducta empresarial responsable no garantiza que una organización esté libre de dificultades. Permite, en cambio, establecer si cuenta con la capacidad para identificarlas, atenderlas y rendir cuentas por ellas. Esa capacidad será cada vez más determinante para competir: el comercio internacional no se definirá solo por quién produce más rápido o a menor costo, sino por quién ofrece información confiable, demuestra trazabilidad y responde con credibilidad por los impactos de su actividad.
Costa Rica tiene la oportunidad de anticiparse a esta transformación. La preparación debe comenzar ahora, mediante formación, colaboración institucional y la incorporación gradual de procesos de debida diligencia en las empresas, antes de que cada nuevo requisito internacional se convierta en una obligación inaplazable. Al exportar un producto, una organización también exporta una forma de hacer negocios. La calidad abre mercados; la responsabilidad los conserva, y la confianza que resulta de ambas puede convertirse en una de las ventajas competitivas más sólidas del sector exportador costarricense.