En los últimos años, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales de transporte se ha reducido a una falsa dicotomía: permitir que operen sin mayores restricciones o imponerles requisitos similares a los del taxi tradicional. Sin embargo, esa discusión ha dejado de lado la pregunta más importante: ¿qué modelo de transporte necesita Costa Rica para garantizar un servicio sostenible, seguro y de calidad para las próximas décadas?
La movilidad de un país no puede diseñarse únicamente desde la lógica del precio más bajo. El transporte remunerado de personas constituye un componente estratégico del funcionamiento de la economía, de la productividad nacional y de la calidad de vida de millones de ciudadanos. Por ello, cualquier regulación debe procurar un equilibrio entre el acceso de los usuarios al servicio y la sostenibilidad económica de quienes lo prestan.
Uno de los principales riesgos del modelo actual es la precarización progresiva del trabajo de miles de conductores. La competencia basada exclusivamente en reducir tarifas puede resultar atractiva para el usuario en el corto plazo, pero termina trasladando el costo al conductor. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir combustible, mantenimiento, depreciación del vehículo, seguros y demás costos de operación, el sistema deja de ser sostenible.
Las consecuencias comienzan a hacerse visibles, vehículos con un mantenimiento diferido, conductores obligados a extender excesivamente sus jornadas laborales para obtener ingresos suficientes y una actividad económica cuya rentabilidad depende cada vez más del volumen de viajes que de la calidad del servicio.
La discusión tampoco puede ignorar el impacto sobre el transporte público colectivo. En numerosas rutas urbanas, el costo de un viaje mediante plataforma puede resultar similar al que pagarían dos o tres personas utilizando el autobús. Esto modifica los patrones de movilidad y puede reducir la demanda del transporte colectivo, afectando su sostenibilidad financiera. Si los autobuses pierden usuarios de manera constante, la consecuencia podría ser una disminución en la frecuencia de los servicios, menos cobertura y mayores dificultades para quienes dependen diariamente de este medio de transporte.
La regulación tampoco debería limitarse a inscribir conductores o cobrar un canon anual. El verdadero desafío consiste en preguntarse cuál es la capacidad razonable del mercado para absorber nuevos prestadores del servicio. Un sistema sin ningún criterio de planificación puede incentivar una sobreoferta permanente de vehículos, disminuyendo la rentabilidad individual, incrementando la circulación vehicular y agravando problemas de congestión, consumo de combustibles y emisiones contaminantes.
La tecnología representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la movilidad. Sin embargo, modernizar no significa desregular sin límites. Modernizar implica utilizar la tecnología para ofrecer un servicio más eficiente, más seguro y económicamente sostenible para todos los actores involucrados.
Uno de los aspectos que prácticamente ha estado ausente del debate nacional es la soberanía del transporte. Así como un país protege su seguridad alimentaria, su seguridad energética o la administración de sus recursos estratégicos, también debe preguntarse quién controla la red mediante la cual millones de personas se desplazan diariamente.
La soberanía del transporte no significa impedir la innovación ni cerrar las puertas a la inversión privada. Significa que el Estado conserve la capacidad de definir las reglas del sistema de movilidad conforme al interés nacional y no únicamente conforme a los modelos de negocio de empresas cuya estrategia y toma de decisiones se realizan fuera de Costa Rica.
Cuando una parte cada vez mayor del transporte remunerado de personas depende de plataformas digitales transnacionales, el país comienza a perder capacidad para orientar su propia política de movilidad. Las decisiones sobre tarifas, incentivos para atraer más conductores, condiciones económicas del servicio e incluso la distribución de una parte importante de los ingresos generados por esta actividad responden principalmente a criterios empresariales y no necesariamente a las necesidades del desarrollo nacional.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a decidir si las plataformas deben o no ser reguladas. La verdadera pregunta es si Costa Rica desea mantener la soberanía sobre un servicio esencial para su economía, su movilidad y su desarrollo social, o si aceptará que ese servicio evolucione principalmente conforme a intereses definidos fuera de sus fronteras.
El éxito de una regulación no debería medirse únicamente por la cantidad de aplicaciones autorizadas para operar ni por la reducción inmediata del precio de algunos viajes. También debe evaluarse por su capacidad para garantizar ingresos compatibles con un trabajo digno, vehículos seguros, competencia equilibrada, transporte público colectivo sostenible y una movilidad que responda a las necesidades del país en el largo plazo.
Costa Rica necesita una política de transporte que piense en los próximos veinte años y no únicamente en la próxima aplicación que llegue al mercado. La verdadera modernización consiste en construir un sistema que beneficie simultáneamente a los usuarios, a quienes prestan el servicio y al desarrollo nacional. Cualquier regulación que ignore ese equilibrio corre el riesgo de resolver un problema inmediato mientras crea otros mucho más difíciles de corregir en el futuro.