Aunque durante años fue un secreto a voces, en los últimos tiempos se ha hecho más evidente una tendencia preocupante en ciertos sectores de la izquierda costarricense: la incapacidad de separar los ideales históricos de la realidad política contemporánea. Uno de los ejemplos más recientes y mediáticos de este fenómeno es la defensa implícita que algunos miembros de la Juventud Frenteamplista realizan de la Revolución Sandinista, olvidando, espero que no deliberadamente, que la Nicaragua contemporánea no es la misma de 1979.
En lo personal, comprendo la importancia de estudiar y reconocer el contexto histórico que dio origen a la revolución. Eso no pienso negarlo, principalmente porque el derrocamiento de la dictadura de Somoza representó una luz de esperanza y libertad para millones de nicaragüenses; sin embargo, la historia no terminó allí.
Con el paso del tiempo, la herencia sandinista, encabezada hoy por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en una profunda decepción para gran parte del pueblo nicaragüense y en todo aquello que alguna vez prometió erradicar: un régimen que persigue opositores, encarcela críticos y reprime a periodistas. El sandinismo contemporáneo ha transformado a Nicaragua en un país donde ejercer libremente la religión o expresar una posición política puede significar exponerse a graves consecuencias.
Ahora bien, ¿hasta qué punto puede defenderse un acontecimiento histórico sin mencionar su desenlace? No solo preocupa la persistencia de una visión nostálgica y romántica sobre un movimiento que, en su momento, se presentó como libertador y revolucionario. También preocupa la forma en que algunas personas reaccionan cuando dicha narrativa es cuestionada. En no pocas ocasiones, el debate deriva en la descalificación, la violencia política y la persecución pública, lo que contradice los valores progresistas, humanistas y de inclusión que, en muchas ocasiones, estos sectores afirman defender.
Me resulta profundamente irónico que nuevas formas de exclusión provengan precisamente de quienes promueven discursos de igualdad y lucha social. La lógica detrás de estos ataques parece sugerir que la justicia es selectiva y que ciertos debates están reservados únicamente para determinadas personas: que un estudiante de clase media no puede opinar sobre pobreza, que un empresario no puede hablar sobre derechos o que un académico no puede referirse a la ruralidad.
En este contexto, resulta necesario que la izquierda costarricense defina si su compromiso responde a la democracia plena o, más bien, a determinados símbolos históricos. Porque reconocer y defender los derechos humanos implica, en ocasiones, cuestionar a aquellos gobiernos que son ideológicamente afines. Negarse a hacerlo únicamente contribuye a construir una doble moral que erosiona la credibilidad de cualquier proyecto político.
La Jota tiene plena libertad de expresar sus ideas como mejor le parezca. Sin embargo, también debe asumir la responsabilidad de analizar la realidad actual con criterio y no únicamente desde el sentimentalismo histórico. Nicaragua merece mucho más que discursos nostálgicos sobre una revolución; merece que se condenen los regímenes y las tiranías que han vulnerado los derechos y las libertades de millones de personas.
Me resulta particularmente lamentable la ironía de que quienes muchas veces luchan contra las etiquetas asociadas al autoritarismo y la opresión sean los primeros en recurrir a calificativos para defender posiciones indefendibles y hacer un intento por silenciar voces críticas.
Es lamentable, además, porque Costa Rica necesita bloques políticos fuertes, capaces de dialogar y construir en conjunto. Y reducir las diferencias ideológicas a acusaciones de “tibieza” solo contribuirá a profundizar la polarización y a debilitar aquello que todavía nos une como país.