Desde que entró en vigor la actual Constitución Política, en 1949, Costa Rica consolidó un modelo democrático basado en la separación de poderes. La Constitución asignó a cada poder funciones independientes para atender distintas necesidades del Estado e impidió que uno ejerciera las competencias atribuidas a otro.
Durante los acontecimientos del 25 de julio de 2026 en Nicoya, la presidenta Laura Fernández y el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, criticaron al Poder Judicial, cuestionaron el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sostuvieron que el supuesto líder criminal conocido como “Diablo” permaneció en libertad por responsabilidad del Poder Judicial.
Estas declaraciones surgieron poco después de que el director interino del OIJ, Michael Soto, manifestara su preocupación por las notificaciones relacionadas con recortes presupuestarios.
A ello se suma una narrativa política que, con frecuencia, presenta como “obstruccionistas” a quienes defienden la independencia de los poderes públicos o cuestionan determinadas decisiones del Poder Ejecutivo. Desde una perspectiva democrática, el papel de la oposición consiste precisamente en ejercer controles políticos y evitar concentraciones excesivas de poder.
Ese mismo día, Rodrigo Chaves le preguntó a la población nicoyana: “¿Les da miedo la dictadura y que cierre el Poder Judicial?”. Estas declaraciones, más allá de la agresividad del tono, tienen un efecto negativo sobre la ciudadanía, al punto de que algunas personas responden que no temen una dictadura, cuando nadie debería desear vivir bajo una.
En una democracia, la crítica entre instituciones es legítima y necesaria. Sin embargo, este Gobierno ha llevado esa crítica hacia comentarios que cuestionan la legitimidad de otro poder y trasladan a la ciudadanía la idea de que el Poder Judicial obstruye el funcionamiento del Estado costarricense.
Cuando el debate impulsado desde la Presidencia gira alrededor de esa idea, deja de ser una crítica constructiva y se convierte en confrontación política. Esto contribuye a reducir la confianza de la población en las instituciones.
La distribución de poderes busca que cada uno ejerza sus propias competencias. Por eso, el Poder Judicial debe atender las responsabilidades judiciales, mientras que el Poder Ejecutivo debe cumplir sus funciones dentro del marco que establece la Constitución Política.
Es evidente que el Poder Judicial enfrenta desafíos importantes, pero no se fortalece debilitando su legitimidad ni su capacidad institucional. Tampoco mejora mediante recortes presupuestarios. El proceso debe comenzar con trabajo conjunto y mesas de diálogo en las que las jerarquías institucionales puedan identificar y resolver las carencias existentes.
El Poder Judicial requiere mejoras constantes en articulación con los poderes Legislativo y Ejecutivo. Las reformas duraderas surgen del diálogo institucional, la coordinación entre poderes y la construcción de políticas públicas robustas y técnicas, sin vicios de corrupción ni intenciones de reducir la autonomía institucional.
Esta es una responsabilidad compartida en la que también debe participar la ciudadanía. Costa Rica construyó su institucionalidad durante décadas. No debemos entender la oposición como una fuerza obstruccionista, sino como un componente democrático que vela por la preservación del Estado de derecho costarricense.
Como costarricenses, debemos analizar estos discursos y mantener una posición crítica frente a quienes ocupan cargos públicos. No son propietarios de esos puestos: son servidores de la patria.